Aunque viven en un punto “muerto” en política y no tienen representación en el Congreso, los partidos Restauración Nacional (PRN) y Renovación Costarricense (PRC) gastan millones de colones en pagos a miembros de los comités ejecutivos, así como a familiares y allegados.
En el 2022, estos partidos políticos cobraron sus gastos trimestrales al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Sin embargo, pese a que estos grupos disponen de millonarias reservas de la contribución estatal para reembolsar gastos de organización y capacitación, el órgano electoral rechazó la mayoría de las liquidaciones porque incumplen con el requisito de estar al día con sus estructuras y, por lo tanto, nadie está legitimado para cobrar esos gastos.
Aun así, con partidos sin representación en el Congreso, el PRN y el PRC gastaron en salarios millonarios, alquileres, recibos de teléfono de hasta ¢500.000 y decenas de millones de colones en signos externos.
Las agrupaciones políticas tienen que renovar sus asambleas cada cuatro años; de lo contrario, entran en “reposo” y, si no da un paso para avanzar en esos procesos, el TSE los declara inactivos.
Restauración y Renovación no renuevan sus estructuras desde el último trimestre del 2021. No obstante, una prórroga aprobada por el Congreso les permitió mantener sus asambleas vigentes hasta junio del 2022, por la imposibilidad de algunas agrupaciones de renovar su base durante la pandemia.
En el caso específico de Renovación, el TSE incluso lo declaró inactiva a finales del año pasado, ante el desinterés de no elegir de nuevo a sus representantes, una situación de la cual toman ventaja los miembros del comité ejecutivo.
Restauración Nacional
Restauración, el partido que en el 2018 fue a segunda ronda con la candidatura presidencial de Fabricio Alvarado, ganó en ese proceso electoral derecho a cobrar al Estado más de ¢3.600 millones para gastos de organización y capacitación, por la cantidad de votos recibida.
Ninguna de las otras 17 agrupaciones con acceso a la “deuda política” guarda tanta reserva y esto se debe a que, en su estatuto, el PRN establece que el 60% de la contribución estatal que reciba es para la reserva de gastos permanentes, y solo el 40% para pagar la campaña política.
Esa reserva ha sido usada para pagar salarios y servicios a familiares del exdiputado Carlos Avendaño, presidente de la agrupación, así como a él mismo y a los miembros del comité ejecutivo.
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En la planilla actual del PRN, destaca Juan Carlos Avendaño Salas, hijo de Carlos Avendaño Calvo, presidente del comité ejecutivo de Restauración Nacional, quien cobra a la agrupación un salario mensual de ¢3,7 millones, remuneración que no ha dejado de percibir pese a que el partido no tiene actividad política.
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La esposa de Juan Carlos Avendaño, Cindy Cruz Picado, coordinadora de tesorería y de la caja chica del partido, recibe por mes ¢1,5 millones, salario que se ha ido ajustando de forma importante en los últimos años.
Por su lado, Carlos Avendaño, el líder de la agrupación, empezó a recibir desde mayo del 2022, cuando dejó su curul, un salario mensual de ¢2 millones.
Los pagos a Juan Carlos Avendaño y a su esposa se registran desde las elecciones 2018.
Además del salario, la nuera del presidente del partido alquila un vehículo a Restauración Nacional por el cual recibe un monto de ¢340.000 por mes, un contrato de larga data en la agrupación, de acuerdo con los informes de liquidación, facilitados por el TSE a La Nación.
En el pasado, otros familiares y cercanos han sido beneficiados con dinero de la contribución estatal para los partidos políticos. Entre ellos, está otro hijo de Carlos Avendaño, Josué Avendaño Salas, quien recibió un salario de ¢500.000.
Además, otros miembros del comité ejecutivo también recibieron salario en algún momento entre el 2018 y el 2022. Miguel Ángel Quesada Niño, secretario general, percibió un salario de ¢1,7 millones, mientras que Odilia Calvo Bolaños, secretaria suplente, tuvo un salario de ¢500 mil. La tesorera Jéssica Sequeira también fue presentada en planilla con un salario de ¢660.000.
La hermana de Cindy Cruz, de nombre Candy Cruz, también estuvo contratada por Restauración.
Carlos Avendaño defendió esos gastos y negó que la estructura esté “vencida”, por lo que se justifica el cobro de los gastos de operación.
El TSE le concedió una prórroga para mantener la presidencia, pero exclusivamente para convocar las nuevas asambleas y así renovar sus estructuras.
Sin embargo, para efectos de cobro de liquidaciones, el TSE les negó ad portas las liquidaciones de los últimos tres trimestres del 2022 que juntas suman ¢371 millones. El órgano electoral todavía está revisando otra liquidación del I trimestre por ¢720 millones de gastos no electorales del 2022.
Los últimos reportes de Restauración Nacional incluyen decenas de millones en honorarios profesionales y arrendamientos. Su sede central cuesta alrededor de ¢1 millón por mes.
Además, en las últimas liquidaciones presentadas, constan gastos de hasta ¢11 millones en signos externos pagado a un mismo proveedor.
Desde el 2018, el partido presenta gastos permanentes anuales de hasta ¢1.000 millones, aunque el TSE reiteradamente les rechaza alguno de esos gastos. Su reserva tuvo la mayor rebaja en el 2021, cuando se redujo en ¢700 millones. Su saldo actual es de ¢2.400 millones.
Renovación Costarricense
El secretario general del Partido Renovación Costarricense, Jimmy Soto Solano, cobra mensualmente un salario de ¢650.000, pese a que su nombramiento está vencido y las estructuras de su partido están inactivas.
Además, su hermanos, Wálter Soto Solano y Reina Soto Solano, figuran como beneficiarios de pagos millonarios por concepto de arrendamientos.
De acuerdo con las liquidaciones presentadas al TSE, la tesorera de la agrupación Juana Odilie Altamirano Urrutia, quien presenta cada tres meses los gastos, también cobró honorarios profesionales a la agrupación, en el tercer trimestre del 2021.
Ellos tres figuran como los tres principales proveedores en las liquidaciones de gastos trimestrales por organización.
Jimmy Soto, secretario general de Renovación Costarricense, cobra mes a mes un salario que le fue concedido, según dijo, desde el 2021, pese a que la agrupación no tiene ni estructura, ni participación política.
Entre marzo y junio del 2022, registró un salario de ¢1,9 millones, mientras que al trimestre siguiente, entre julio y setiembre, otros ¢1,8 millones. Ese también fue el salario que reportó en el III trimestre del 2021, liquidación que sí le fue reconocida porque todavía estaba vigente una prórroga que extendió su nombramiento.
Al respecto, Soto reconoció que sí se fijó un salario a su favor en el 2021, pero afirmó que no lo está cobrando al TSE, pese que se incluyó en las últimas liquidaciones.
Otro de los beneficiarios es su hermano, Wálter Soto Solano, beneficiario de un contrato de alquiler de vehículo, por ¢1.150.000, entre marzo y junio del 2022; y otros ¢650.000 en el trimestre siguiente.
Juana Odilie Altamirano Urrutia, la tesorera que presenta las liquidaciones al TSE, presentó como gastos honorarios profesionales suyos por un ¢1 millón en la última liquidación que sí le fue reconocida al partido político en el III trimestre del 2021, aunque se le denegó por falta de documentación esa partida específica.
Para esa misma liquidación, Renovación presentó un contrato de alquiler de local a Reina Soto Solano, hermana del secretario general, por un monto de ¢150.000.
Jimmy Soto y Altamirano son los dos únicos representantes del Comité Ejecutivo, tras la renuncia de casi todos sus representantes. Aunque su periodo acabó en junio del 2022, el TSE les concedió una prórroga a su nombramiento, exclusivamente para efectos de convocar las asambleas partidarias de renovación de estructuras.
Renovación Costarricense, representado en el pasado por el político y exdiputado Justo Orozco, aún tiene una reserva de organización y capacitación de ¢184 millones derivada de deuda política obtenida en comicios anteriores.
La última participación de este partido en elecciones presidenciales fue en el 2018, comicios en los que no recibió más contribución estatal porque no logró ni un diputado y obtuvo solo el 0,6% de los votos.
En el 2014, en cambio, tuvo derecho a cobrar ¢330 millones para organización y capacitación.
Esas prácticas tendrían los días contados si los diputados aprueban una propuesta que el TSE envió para que se prohíba la contratación a familiares de los miembros del comité ejecutivo, sumada a otra propuesta que permitiría regresar al erario público las reservas para organización y capacitación de los partidos inactivos.
Además, se establecería que las agrupaciones solo podrían destinar un máximo del 15% de la contribución estatal para sus reservas de capacitación y organización.
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