El Partido Restauración Nacional (PRN) les pagó ¢85 millones a su presidente, Carlos Avendaño Calvo, y a 12 de sus familiares por servicios y arrendamiento de vehículos durante la campaña electoral del 2018.
Junto al actual diputado, figuraron como proveedores o empleados del PRN cuatro de sus hijos, su hijastra, su esposa, su exesposa, un sobrino, dos cuñados, una nuera y la hermana de esta última.
Así lo detectó La Nación, tras analizar los auxiliares contables que Restauración entregó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a finales de julio, como parte de la liquidación de gastos electorales con el objetivo de que el dinero sea reembolsado al partido con fondos públicos.
Carlos Avendaño fue una de las personas que manejó las finanzas de Restauración durante la pasada contienda e, incluso, fue quien denunció, ante el TSE y ante la Fiscalía, una aparente estructura paralela de financiamiento desde la sede de campaña del entonces candidato presidencial, Fabricio Alvarado.
Él hizo esa revelación luego de que tres proveedores se quejaran de no haber recibido pagos, por un total de ¢307,5 millones, de servicios ofrecidos de cara a la segunda ronda, sin que mediara un contrato por escrito. Entre las empresas afectadas aparece One Sport, de Juan Carlos Campos, el exjefe de campaña de Alvarado.
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Sobre los pagos a sus familiares, el legislador asegura que son legales, que no existe nada oculto y que si hubiese algo indebido “ni tan siquiera” hubiesen enviado esa información al Tribunal de Elecciones.
"Todo eso es un basureo que están tratando de hacer. Son ciudadanos en todo el ejercicio de sus facultades de brindar sus servicios, de trabajar, de ser contratado, etcétera. Todo está tal y como establece la ley. Todo está bajo la observancia del debido proceso de lo que se tiene que hacer, hay contratados, los vehículos están con los papeles al día.
“Una persona no pierde los derechos constitucionales porque sea familia. Esto es parte de una orquestación, de un basureo, por poner todo en el aspecto legal”, dijo Avendaño, en una llamada telefónica a este medio.
Agregó que es usual que las personas cercanas a los dirigentes sean las que estén dispuestas en participar en política, pues no es una tarea que sea atractiva para mucha gente.
El Código Electoral no prohíbe que los miembros de las cúpulas partidarias, los candidatos a puestos de elección popular y sus familiares, sean contratados por sus agrupaciones para que brinden algún bien y servicio.
En el Congreso se tramita un proyecto de ley para impedir que ese tipo de gastos sean redimibles con los recursos de la deuda política, es decir, se permite que se siga contratando a dirigentes y familiares, pero se impide que sean pagados con recursos del Estado. Esa reforma fue presentada por el diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo H. Abarca.
En total, Restauración liquidó ante el tribunal electoral gastos de campaña por ¢2.143 millones, los cuales serán revisados de manera aleatoria por las autoridades del TSE para determinar si procede el reembolso de las facturas con recursos de la contribución estatal.
El núcleo familiar de Avendaño
Del núcleo familiar de Avendaño, su hijo mayor, Juan Carlos, fue quien facturó más gastos. En total, recibió ocho pagos por ¢32 millones, mediante cheques y transferencias bancarias.
El dinero se le giró en octubre del 2017 —mes en que inició formalmente la campaña electoral—, por concepto de servicios profesionales.
La esposa de Juan Carlos, Cindy Cruz Picado, recibió pagos por ¢13 millones, entre sueldos, liquidación y prestaciones, y por concepto de alquileres. La hermana de ella, Candy Cruz Picado, facturó ¢1,3 millones también por cargas salariales.
El diputado Avendaño es el segundo de su familia que más dinero recibió del partido que él mismo preside. A él le pagaron ¢17,5 millones principalmente por salarios.
Durante el lapso de siete meses que duró la campaña, Carlos Avendaño recibió un sueldo mensual por llevar las riendas administrativas del partido. Esa remuneración inicialmente era de ¢1,2 millones, pero después de la primera ronda subió a ¢2 millones.
Además, cuando salió electo legislador por San José fue liquidado, por lo que recibió casi ¢6 millones en prestaciones y casi ¢1 millón de aguinaldo.
A su esposa, Zeidy Muñoz Bonilla, se le pagaron ¢4 millones y dos hermanos de ella, Denis y Giselle, también cobraron ¢600.000 a cada uno.
A la hijastra de Avendaño, Jéssica Sequeira Muñoz, quien actualmente es la tesorera del PRN, le pagaron ¢6,5 millones, entre salarios, aguinaldo, liquidación y prestaciones, y alquiler de vehículo.
Los otros tres hijos del congresista percibieron ¢4,3 millones entre los tres.
A Josué, el partido le desembolsó ¢2,8 millones por cargas salariales; a Moisés, ¢900.000 por concepto de arrendamientos; y a Daniel, ¢580.000 por servicios especiales.
El círculo familiar de Avendaño lo cierran su exesposa, Sol Salas Morales, quién recibió ¢4,6 millones por honorarios profesionales y alquileres.
Y su sobrino, Alejandro Calvo Avendaño, quien es hijo de su hermana Elvira Avendaño Calvo, a quien le pagaron ¢600.000 y aparece en la partida de arrendamientos.
Casos desde otras trincheras
Carlos Avendaño no es único líder político que ha cobrado millones de colones al partido que preside.
En la campaña electoral del 2010, por ejemplo, el entonces presidente y candidato del Movimiento Libertario (ML), Otto Guevara, cobró ¢86 millones a través de una de sus empresas.
La compañía DAGU Producciones S. A., fundada y presidida por Guevara, cuando él era el máximo líder de la agrupación política, le vendió varios servicios al ML entre julio del 2009 y febrero del 2010, entre los cuales se destaca la producción de los anuncios para televisión, Internet, radio y periódicos.
Ese mismo año, Guevara le cobró al Libertario ¢64 millones, por concepto de una comisión del 25% que él fijó por prestarle ¢263 millones que se invirtieron en gastos de esa elección.
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En esa misma contienda electoral, pero en las tiendas de Liberación Nacional (PLN), se registró un caso similar.
Los verdiblancos contrataron a la firma Camera Cine y Televisión, propiedad de Rafael Chinchilla Miranda, hermano de la entonces candidata presidencial y posterior presidenta de la República, Laura Chinchilla, para que elaborara los anuncios electorales.
Él recibió un contrato de ¢250 millones ($500.000) por producir el material audiovisual que fue transmitido por TV, radio e Internet.
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