La presentación de las reformas la realizó en conferencia de prensa la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, María Eugenia Zamora, en compañía del vicepresidente Max Esquivel y la magistrada Zetty Bou. Foto: (Rebeca Madrigal Q.)
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) presentó cuatro reformas electorales con el propósito de cambiar el mecanismo de financiamiento de los partidos políticos, regular el uso de troles en campañas y combatir la desinformación, además de introducir un nuevo criterio para la cancelación de agrupaciones políticas.
La presidenta del TSE, María Eugenia Zamora, explicó en conferencia de prensa que se trata de una reforma constitucional y tres legales, las cuales responden a necesidades planteadas en los últimos procesos electorales.
Uso de troles
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Una reforma electoral está relacionada con el uso de troles y redes sociales en las campañas. Esta reforma prohibiría la propaganda por medio de perfiles, cuentas y páginas falsas, o de cuentas administradas por una persona que no es el titular.
Este proyecto de ley también facultaría al TSE a sancionar la desinformación y la propaganda mediante troles.
Además, las vedas electorales incluirían expresamente los espacios digitales. Esta regulación abarca las plataformas streaming, los motores de búsqueda y las redes sociales.
La magistrada Zetty Bou Valverde reconoció que la regulación es compleja y que cada caso será analizado de forma específica. Resaltó que la importancia es tener la herramienta legal, que se puede ir ajustando.
Prohibición de contratar familiares
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Otro proyecto de ley prohibiría a los partidos reconocer gastos en bienes y servicios pagados a integrantes del Comité Ejecutivo o a sus familiares, así como personas jurídicas vinculadas.
Actualmente, agrupaciones como Renovación Costarricense (en estado inactivo) y Restauración Nacional contratan de forma permanente o por servicios a familiares directos de la cúpula, una práctica que el TSE pretende impedir.
Esta reforma también obligaría a los partidos políticos a establecer en sus estatutos el mecanismo para que sus asambleístas puedan revocar el mandato a integrantes del Comité Ejecutivo, por decisión política.
Además, aumentaría de un 15% al 50% el porcentaje de anticipo de la deuda política que reciben los partidos para financiar sus campañas en elecciones nacionales. De igual manera, extendería ese beneficio para los comicios municipales.
También, destinaría un 20% del monto del aporte estatal al fondo administrado por el órgano electoral para el sistema de pauta publicitaria en medios de comunicación.
Zamora explicó que la idea es que los partidos sin acceso a financiamiento privado puedan tener recursos durante el proceso electoral, tanto nacional como municipal.
Además, se establecería que las agrupaciones solo podrían destinar un máximo del 15% de la contribución estatal para sus reservas de capacitación y organización.
Creación de partidos
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Una tercera propuesta endurece las reglas para la constitución de un nuevo partido político. Por ejemplo, se necesitarían 150 asambleístas como mínimo para grupos de escala nacional y provincial, mientras que 75 para uno cantonal.
Se requeriría, además, un total de adhesiones equivalentes al 0,15% del padrón electoral para inscribir un partido, de acuerdo con su escala, en lugar de las 3.000 firmas que actualmente exige el Código Electoral.
Para efectos de la inscripción de un partido de escala nacional, tendría que presentar 5.300 firmas, de acuerdo al padrón electoral de las elecciones nacionales 2022.
Adicionalmente, se permitirá cancelar los partidos políticos que, tras dos años de no renovar sus estructuras, no den inicio con ese proceso, y se devolvería al erario público la reserva para gastos de organización y capacitación, si los tiene.
Actualmente, hay tres agrupaciones de escala nacional con las estructuras vencidas y seis inactivas, cuyas reservadas están congeladas, hasta ponerse al día con sus asambleas internas.
En la actualidad, solo se pueden cancelar agrupaciones que no obtengan en votos la misma cantidad de adhesiones que se necesitaron para inscribirse, que son 3.000.
En las últimas elecciones, 38 agrupaciones presentaron candidaturas.
Reforma constitucional
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La reforma constitucional, que requiere un procedimiento legislativo más complejo, pretende reducir la contribución estatal del 0,19% del producto interno bruto al 0,11%.
Dicha reducción se ha logrado en el pasado a través de reformas legales transitorias para procesos electorales específicos, como en las elecciones nacionales 2022.
También, crea un sistema de financiamiento para la pauta publicitaria. El Tribunal se encargará de pagar y distribuir los recursos de forma equitativa entre todas las agrupaciones políticas.
La presidenta del Tribunal, Eugenia Zamora, había adelantado frente a la Corte Plena y al presidente legislativo, Rodrigo Arias, que estaba próxima a presentar al Congreso una serie de enmiendas para fortalecer los partidos políticos, mejorar el sistema de financiamiento y regular la propaganda en redes sociales.
Zamora indicó que el elevado abstencionismo de la elección anterior, así como nuevos fenómenos digitales, llevó al órgano electoral a reflexionar sobre cambios necesarios.
Según agregó, este es un primer bloque de reformas electorales. Indicó que posiblemente presenten otras en el futuro.
