Sospechosos de integrar una banda dedicada al tráfico internacional de cocaína líquida, detenidos por el OIJ en el Caso Corona el 14 de noviembre, pretendían financiar candidatos a alcalde para favorecer negocios en dos cantones: Santa Ana y Pérez Zeledón.
Así lo determinó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al efectuar escuchas telefónicas a miembros de la organización que, al parecer, lavaba dinero y exportaba la cocaína líquida mediante refrescos, destinados a Europa y Asia.
Según publicó Telenoticias y consta en el expediente 22-000088-0622-PE, dos sospechosos hablaron el 25 de abril de montar personas en las alcaldías de Santa Ana y Pérez Zeledón.
Un detenido, de apellidos Herrera Soto, dueño de la empresa de bebidas Minerva, en Poás de Alajuela, mencionó que él ya no tiene mucho proyecto para desarrollar en ese cantón. Le indicó a otro sospechoso, de apellidos Montes Fonseca, que él tiene un motel, una finca y vendió un parque industrial, entre otras operaciones, y ya no tiene “más propiedades que valgan la pena como para una inversión”, además de que no tiene más capital.
De acuerdo con el OIJ, el grupo tenía 26 vehículos de alta gama y 39 propiedades con un valor total de ¢6.000 millones.
Herrera citó que, en el caso de Omar, otro de los 12 detenidos en el Caso Corona, “yo procuraría montar alguien bueno en Santa Ana (...), ni sé quién se va a tirar, pero cuando ya alguno se tire ahí, ya lo busco”.
Luego, agregó que se podría pensar en “montar un mae en Pérez (Zeledón) y otro en Santa Ana”.
Montes le dijo que conocía una persona en Santa Ana que “conoce el medio y la vaina” y le preguntó: “¿De cuánto estamos hablando?”.
Herrera no cita el nombre específico de persona alguna a la que haya pagado, pero dice que “a esos maes” lo más que les da son $2.000 o $3.000, y Montes le respondió que eran “tres pesos entonces”.
“Después, cuando le van haciendo vueltas a uno, sí hay que seguirles ayudando. Ahora, eso en Poás, digamos. Yo me imagino que este mae en Santa Ana, pues sí muerde más duro. A este mae sí hay que hacerle más”, comentó el empresario de bebidas.
Incluso, Herrera Soto le refirió a Montes que, la semana siguiente, se reuniría con una persona en Santa Ana “que anda mucho en eso de política para ver quiénes se van a tirar ahí” para las elecciones municipales y “quién está en posibilidades”.
Montes le preguntó si lo podía llevar a esa reunión, y que él se quedaba callado, para ir conociendo gente.
El otro sospechoso le contestó: “Sí, mañas, ¿lo que quiere aprender es mañas?”. Luego, le dijo que le avisaría.
Herrera fue identificado por el Ministerio Público como la mano derecha del líder de la banda dedicada al trasiego de cocaína líquida al extranjero, con labores de logística para el almacenamiento y preparación de los estupefacientes para su posterior transporte fuera del país.
A Montes, quien es abogado, la Fiscalía le achaca coadyuvar en la legitimación del dinero de origen ilícito.
El Omar al que hacen referencia Herrera y Montes en la comunicación intervenida es otro de los detenidos identificado en el expediente como una persona de apellidos Fonseca Vargas, de quien se dice posee propiedades en esos cantones.
Según el Ministerio Público, las funciones de Fonseca Vargas eran las de convertir y encubrir dinero procedente del narcotráfico mediante la compra de vehículos de alto valor, compra de edificaciones y negocios, y la realización de transacciones bancarias irregulares, según las autoridades para darle apariencia legítima al dinero obtenido, proveniente del tráfico ilícito de estupefacientes.
Herrera puntualizó en las conversaciones telefónicas que Omar “tiene lo de allá arriba, tiene varas que uno diga, mae, sí producen, ¿me entiende? O sea, sí hay dónde hacer en Pérez que yo le he visto que él tiene muchas, digamos”.
Pago de ‘8 rojos para el alcalde’
Más adelante, en otra comunicación intervenida por las autoridades judiciales, Herrera Soto conversó con otro de los sospechosos, de apellidos Herrera León, el 25 de mayo del 2023.
En esta conversación, ambos están haciendo referencia al manejo de ciertos dineros, así como de un viaje a México para ver a una persona “que supuestamente tenía la harina”, y otras coordinaciones.
Herrera Soto le recordó a Herrera León que, ese mismo día, este último tenía que ir “por los ocho rojos del alcalde”, sin que se llegue a especificar, en alguna parte del legajo, a cuál alcalde se refería ni de cuál cantón específico.
Las autoridades judiciales aseguraron que esos “ocho rojos”, según el contexto de las intervenciones telefónicas realizadas a Herrera Soto, se refieren a $8.000 para algún alcalde, sin que se haga referencia a ningún político en específico.
