El año pasado, la deuda cerró en un 58,5% del PIB y, para este año, el Ministerio de Hacienda estima que llegará a un 62,5% del PIB.

El congelamiento se aplicaría a partir del 2022 a todos los funcionarios del sector público no financiero, es decir, a todas las instituciones excepto los bancos del Estado, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y otras entidades como la Operadora de Pensiones de la CCSS.

La medida aplicaría para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para las entidades descentralizadas, las autónomas y las municipalidades.

La regla fiscal, incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, establece que, cuando el país pase ese umbral, el Estado está obligado a ejecutar un conjunto de medidas extraordinarias de contención de gasto.

“No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales, los cuales no podrán ser reconocidos durante la duración de la medida o de forma retroactiva, salvo para lo relacionado con el cálculo para determinar las prestaciones legales, jubilaciones y la anualidad del funcionario”, dice el inciso D del artículo 13 de la regla fiscal.

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Rodolfo Cordero, viceministro de Hacienda, explicó que se ejecutaría un “congelamiento total” de los sueldos en el 2022, aunque el nivel de deuda crítica se alcance en este 2020, pues la regla fiscal ordena que el presupuesto de cada año se elabore a partir del nivel de deuda registrado el año trasanterior.

“No podría haber incremento por costo de vida, ni en el salario base, ni en los incentivos salariales, de tal manera que si uno estuviera por encima del 60% y está en esa situación uno, dos, tres años, o lo que dure, no habrían incrementos salariales”, afirmó el funcionario.

El descongelamiento se aplicaría cuando el país logre colocar la deuda pública por debajo del 60% del PIB, de nuevo.

Este año, para pagar los salarios de los tres poderes, así como del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Ministerio de Hacienda presupuesto ¢2,67 billones, un 1,1% más que el año anterior.

Para los 125.700 empleados del régimen de Servicio Civil, el incremento salarial del 2020 fue de ¢7.500. Los que tenían salarios inferiores a ¢750.000 recibieron hasta ¢1.250 adicionales.

Cordero interpreta que la medida se aplicaría a los empleados del sector público no financiero porque la regla fiscal aplica para esa área del Estado; sin embargo, señaló que si la medida llegara a activarse, posiblemente tendría que revisarse su alcance.

Para el viceministro, además es necesario aclarar si la suspensión en el incremento del salario por concepto de pluses es absoluta, o si la norma admite que se otorguen anualidades.

Cero subsidios al sector productivo

La ejecución de medidas extraordinarias también le impediría al Gobierno efectuar rescates financieros, otorgar subsidios o realizar cualquier tipo de erogación a los sectores productivos, quienes solo podrían recibir recursos si la Asamblea Legislativa se los otorgara.

Tal es el caso de los subsidios que suele otorgar el Ministerio de Agricultura a organizaciones del sector agropecuario.

De acuerdo con Cordero, si dicha restricción estuviera activa, el Estado no habría podido gastar ¢17.900 millones en la liquidación de 320 funcionarios de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atántica (Japdeva).

“Básicamente significa dejarlo morir o quebrar, porque no estoy autorizado en esta situación a hacer esos rescates financieros”, afirmó Cordero.

Además de esas medidas, la Ley de Fortalecimiento ordena que no se realice ningún ajuste en el monto de las pensiones, excepto por costo de vida.

También, se le prohibiría al Gobierno Central suscribir préstamos, salvo aquellos que sean para reemplazar deuda cara por otra más barata o para inversión pública; pero el Ejecutivo tendría que cuidarse de que dichos créditos no causen que se incumpla la restricción del gasto de ese año.

Máximo escenario de deuda

Tener una deuda por encima del 60% del PIB es el peor escenario que prevé la regla fiscal, lo que exige aplicar medidas más estrictas.

Para este año, la regla fiscal le impuso un tope del 4,67% al crecimiento del gasto corriente, lo que incluye salarios, transferencias e intereses. En el siguiente escenario, ese techo recaerá también sobre el gasto de capital, es decir, el destinado a obra pública.

La regla fiscal limita el crecimiento del gasto de acuerdo con el nivel de deuda del momento.

De acuerdo con la jefa de bancada de Liberación Nacional (PLN), la diputada Silvia Hernández, con un nivel tan alto de deuda el país quedaría “altamente vulnerable”, por lo que en la ley se incluyeron medidas extraordinarias, como el congelamiento de los salarios.

“Diría que es muy drástico, pero es que cuando usted no puede pagar aguinaldos y pide letras del tesoro y dice que no tiene plata para pagar ni siquiera compromisos de deuda, entramos en un default y eso simple y sencillamente significa que nadie en la comunidad internacional le va a prestar ni un cinco”, afirmó Hernández.

La meta en el corto plazo es evitar llegar al 60% de endeudamiento, a través del uso de superávits de instituciones, una nueva ley de empleo público, el reemplazo de deuda cara por deuda barata y el incremento en los ingresos públicos.

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"Es añadir reformas estructurales y coyunturales para arrestar el crecimiento de la deuda con respecto al PIB, evitar que en el 2020 llegue al 60% y consolidar el gran esfuerzo del país con la aprobación de la ley 9635”, dijo la semana pasada Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, a los diputados.

Hacienda estima que, al ritmo actual, el país superará una deuda equivalente al 72% del PIB en el 2024.