Josué Bravo. 15 noviembre, 2019
El catedrático Minor Salas ya había sido sancionado con ocho días de suspensión, en el año 2015, por hostigamiento sexual a una alumna. La foto corresponde a la participación del académico en un conversatorio sobre pena de muerte realizado en la Universidad de Costa Rica (UCR), en 2008. Fotografía de Mónica Bolaños tomada de la página web de la UCR.
El catedrático Minor Salas ya había sido sancionado con ocho días de suspensión, en el año 2015, por hostigamiento sexual a una alumna. La foto corresponde a la participación del académico en un conversatorio sobre pena de muerte realizado en la Universidad de Costa Rica (UCR), en 2008. Fotografía de Mónica Bolaños tomada de la página web de la UCR.

Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), ordenó archivar una causa disciplinaria en contra del catedrático Mainor Salas Solís, a quien se le había abierto un proceso luego de que varias estudiantes denunciaran haber sufrido acoso sexual e insultos por parte del profesor.

Ante una apelación de Boris Molina, abogado de Salas, el jerarca universitario cerró el caso por considerar que no existió “un ejercicio mínimo de investigación preliminar” antes de la presentación de la denuncia, informó el semanario Universidad en su versión digital.

El catedrático fue denunciado a finales de mayo por el decano de la Facultad de Derecho, Alfredo Chirino, luego de que el mismo semanario publicara relatos de diez estudiantes, exestudiantes y egresadas de la UCR que afirmaron haber sufrido acoso sexual, por parte de Salas, entre el 2014 y el 2018. Otros medios también informaron al respecto.

Apoyado en un criterio elaborado por la oficina Jurídica de la UCR, el rector Jensen resolvió, el pasado 14 de octubre, que los hechos denunciados en contra del docente carecen de una “relación clara, precisa y circunstanciada”.

De acuerdo con la publicación de Universidad, Jensen argumentó que, de forma “excesivamente general”, en la denuncia se dice “que se ha tenido conocimiento de manifestaciones" del catedrático, "por medio de un noticiero televisivo, que podrían constituir una falta disciplinaria”.

"Y aunque lo aparentemente dicho por el docente sí podría hacerlo acreedor de una sanción, el superior jerárquico debió realizar diligencias preliminares necesarias que le permitieran tener por superada cualquier duda razonable sobre la comisión de las faltas”, dice lo resuelto por el rector.

Para la rectoría, la referencia a Salas en esos hechos es “ambigua, genérica e indeterminada”.

“De los supuestos hechos que aquí se reprochan, no dejan de ser generalidades que informan ciertos medios de comunicación y redes sociales sin una clara incriminación del caso y sin que, además, conste un ejercicio mínimo de investigación preliminar que hubiera podido arrojar mayor certeza del asunto”, dice la resolución, según el semanario.

La Nación intentó conversar con Jensen, pero no respondió las llamadas a su celular.

Henning Jensen,Rector de la UCR. Foto: Abelardo Fonseca
Henning Jensen,Rector de la UCR. Foto: Abelardo Fonseca

Por su parte, el decano de Derecho, Alfredo Chirino, pidió las consultas por escrito. Dichas respuestas se encuentran en trámite.

Como medida cautelar, la UCR le había quitado a Salas el curso de Derecho Penal General, del grupo 7, que en ese entonces lo impartía Salas.

En el mes de setiembre, la universidad le permitió al profesor retomar su labor docente, con la condición de que lo impartiera de manera virtual para evitar contacto con los estudiantes.

En la misma publicación de hoy, el semanario afirma que el abogado de Salas solicitó el 31 de octubre anular esas medidas y demandó la reinstalación del catedrático en el curso.

"En derecho hay un principio procesal básico y obligatorio: lo accesorio sigue a lo principal. Si la causa directa de las ‘medidas’ y de la asignación de 'funciones’ fueron las denuncias interpuestas por la decanatura, una vez que estas denuncias se archivaron por el Superior jerárquico, deben archivarse también las medidas y, por ende, las funciones asignadas en esa coyuntura específica.

“El argumento es legal y lógicamente irrefutable. Si un juez absuelve a un imputado, no pueden las autoridades administrativas, mantenerlo en ‘prisión preventiva’, so pretexto de proteger a los ciudadanos. De hacerse algo tan odioso, cabe responsabilidad (...)”, expuso Molina antes consultas del semanario.

De acuerdo con la publicación, el decano Chirino elevó la gestión ante la Asamblea de Facultad. Este órgano pretendió discutir el caso el miércoles 13 de noviembre, pero no hubo cuórum, según Semanario Universidad.