El Tribunal Contencioso Administrativo confirmó, luego de analizar el caso de un docente de matemáticas que demandó a la Universidad de Costa Rica, que las identidades de los funcionarios estatales sancionados por hostigamiento sexual, son información de interés público.
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Jueces anularon reprimenda pública que el Consejo Universitario dictó en junio del 2020, tras concluir que esa instancia es ‘un ente público menor’ y no un órgano político.
Entre el 2010 y el 2017, los pagos por anualidades y escalafón pasaron de ¢22.800 millones anuales a casi ¢60.000 millones al año por una decisión ‘ilegítima’ y meramente ‘política’.