El Tribunal Contencioso Administrativo confirmó, luego de analizar el caso de un docente de matemáticas que demandó a la Universidad de Costa Rica, que las identidades de los funcionarios estatales sancionados por hostigamiento sexual, son información de interés público.

Jueces anularon reprimenda pública que el Consejo Universitario dictó en junio del 2020, tras concluir que esa instancia es ‘un ente público menor’ y no un órgano político.

Entre el 2010 y el 2017, los pagos por anualidades y escalafón pasaron de ¢22.800 millones anuales a casi ¢60.000 millones al año por una decisión ‘ilegítima’ y meramente ‘política’.