El gobierno pretende que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) investigue, desarrolle y venda nuevas energías alternativas, pero sin condiciones de monopolio, de manera que se permitiría la participación de privados en este mercado.
Además, el Ejecutivo también quiere que los usuarios, a través de las tarifas de los combustibles, le financien a Recope un fondo para la investigación de energías químicas alternativas no reguladas.
Así lo propuso en un proyecto de ley que presentó este lunes, el cual cambiaría el nombre de Recope a Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas, Sociedad Anónima (Ecoena), la cual mantendría el monopolio de los combustibles fósiles.
La iniciativa plantea hacerle cambios estructurales y legales a la empresa estatal e incluye su labor en la agenda gubernamental de descarbonización de la economía, la cual procura reducir el consumo de combustibles fósiles.
Alejandro de Muñoz, presidente de Recope, explicó que este proyecto de ley facultaría a la empresa privada a desarrollar cualquier tipo de energía alternativa, pero mantiene el monopolio del Estado de la importación y distribución de combustibles fósiles.
La participación privada bien puede ser de manera individual o en alianza con Ecoena, según el proyecto, siempre y cuando sea en la investigación, desarrollo y distribución de energías limpias.
No obstante, en la participación accionaria, Coena se dejaría el 51%.
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Como energías alternativas o renovables se consideran aquellas que no son generadas a través de los combustibles fósiles.
Algunas de ellas son solar, eólica, hidrógeno, hidroeléctrica, biomasa (etanol, butanol, biodiesel, biogás) y la geotérmica.
El gobierno también pretende que los usuarios financien por medio de las tarifas fijadas por Aresep, un fondo para la investigación de energía químicas alternativas.
En ese sentido, el proyecto establece la creación del Fondo de Desarrollo de Energías Químicas Alternativas, el cual se financiará hasta con el 0,15% de las ventas brutas de Recope.
Aresep también reconocerá, en la fijación de tarifas, un “capital semilla para la formalización de alianzas estratégicas, contratos financieros o la constitución de empresas, previa justificación técnica”.
La iniciativa propone dotar a la empresa estatal de independencia administrativa en el manejo de sus recursos humanos, presupuestarios y financieros.
Según el gobierno, con ello Recope podrá desempeñar en igualdad de condiciones con respecto a las privadas, en el desarrollo de energías alternativas.
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En la ruta hacia la descarbonización, el gobierno plantea el uso de energías de transición, tales como el etanol que se deberá mezclar con hidrocarburos.
En la exposición de motivos de la reforma, el gobierno dice que el 63% de la energía comercial que consume el país proviene de combustibles derivados de los hidrocarburos.
En tanto, la electricidad, la biomasa, la leña y otras apenas representan 21%, 9%, 6% y 1%, respectivamente.
Del consumo total de productos derivados del petróleo, el 82% corresponde al sector transporte, el 11% a la industria y un 7% a otros sectores.
En el 2017 el país consumió 3.318 millones de litros de combustibles fósiles, cuyo crecimiento anual acumulativo es del 2,4% en los últimos 15 años.
En cuanto a los combustibles fósiles, el 39% corresponde a gasolinas, 37% a diésel, 9% a GLP, 7% a jet fuel, 3% al bunker y 5% a otros productos.
