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Puede que sea la electricidad, el hidrógeno o la energía solar almacenable. Todavía no lo sabemos, pero el mundo está buscando una nueva fuente de energía para el transporte y la industria.
En el caso de Costa Rica, un país con un alto rezago en materia de transporte, ¿quién debería liderar la transición?
Un proyecto de ley anunciado por el gobierno de Carlos Alvarado abrió el debate, pues la iniciativa propone que sea Recope la encargada de liderar el proceso, algo que no cayó bien entre el sector privado y ciertas esferas políticas.
La iniciativa plantea reformas a la Ley N° 5508 para hacerle cambios estructurales y legales a Recope con la finalidad de que investigue, desarrolle y venda nuevas energías, sin limitar la participación privada en esta parte de la agenda gubernamental de descarbonización de la economía.
Sin embargo, de entrada la idea no le gusta al jefe de la fracción de la Unidad Social Cristiana, Erwen Masís.
Él considera más bien que el país debe aprovechar el momento para abrir el debate acerca de una reforma energética total “y no en tractos”, en el que "converjan todos los sectores y también los consumidores”.
El diputado también considera que el debate debe incluir la apertura del monopolio de hidrocarburos por razones de dinamismo económico, generación de empleos y accesibilidad de precios al consumidor.
“El punto es que no podemos hablar de descarbonización porque la palabra es muy bonita”, dijo Masís, quien aclaró que su fracción está comprometida con las energías renovables, pero considera que antes debe abrirse un debate integral.
“El otro tema es cómo hacemos para que las tarifas sean realmente bajas y pareciera que no lo son por la misma ineficiencia del Estado”, añadió.
En la actualidad, el 75% de la matriz energética tiene como base los combustibles fósiles. El país no produce petróleo e importa todos los combustibles que utiliza en la generación.
La factura petrolera anual es cercana a los $1.800 millones y el mercado está monopolizado por Recope mediante ley.
Intervención privada
A la crítica se sumó Gonzalo Delgado, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
Delgado valora el esfuerzo del gobierno, pero duda del éxito que pueda tener en esta transición hacia energías limpias. “Será el sector privado el que lo logre, como lo está haciendo en el mundo”, puntualiza el empresario.
No solo porque el Estado es “lento”, sino por las malas referencias que dejaron proyectos fallidos dentro y fuera de Recope, según Delgado.
“No creo que eso (la reforma) sea la herramienta que nos pueda ayudar. En el caso del etanol es algo que ya creo que es la tercera vez que tratamos de utilizar y tenemos problemas de calidad, de suministro y el precio internacional sube, entonces lo eliminan”, añadió Delgado.
El jefe de fracción de Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, opina que el proyecto esté sobre la mesa y permitirá que se abra la discusión en todos los sentidos, “con total amplitud y sin perjuicios ideológicos.
“El camino hacia la descarbonización, con lo que el PLN está de lleno, pasa por promover la competencia para procurar la mayor calidad y el mejor precio para los consumidores”, expuso Benavides.
Jonathan Prendas, vocero del bloque legislativo Nueva República, sugiere que una reforma a Recope se debe estudiar poco a poco, con sus virtudes y defectos.
“Me parece que ya podemos ir dando fases hacia una apertura en donde se puedan gestar nuevas inversiones, donde se pueda gestar una estrategia más consolidada”, propuso Prendas.
Por separado, Masís y Delgado recordaron la lentitud e ineficiencia del Estado desarrollando proyectos de energía, como la cancelación de parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) del proyecto hidroeléctrico El Diquís.
En siete años, esta iniciativa en el Pacífico sur sufrió atrasos, parálisis y absorbió una inversión $146 millones.
También recordaron la fallida refinería que el gobierno pretendió desarrollar por medio de la Sociedad Reconstructora Chino-Costarricense S. A. (Soresco).
Soresco terminó con $70 millones en pérdidas y al menos nueve sospechosos de participar en la administración fraudulenta y sustracción de los fondos aportados por Recope y la China National Petroleum Corporation (CNPC).
Viceministro de Energía: siempre hay oportunidad de mejora
La diputada Paola Vega asegura que esta reforma no será un proyecto fallido más, como ocurrió con otras propuestas en el Estado.
Mientras que el viceministro de Energía, Rolando Castro, minimizó las críticas. “Yo diría que siempre hay oportunidades de mejora en todos los temas, pero yo creo que esta transformación que hoy estamos viviendo, empresas del ICE, y Recope tienen que adaptarse a estos cambios y tienen que ser más eficientes.
“Yo creo que no se puede despreciar esa capacidad instalada que tiene Recope y además sigue siendo que por encargo de ley es el que tiene que garantizar el suministro de combustibles a todo el país”, dijo Castro.
Es más, el jerarca considera que Recope tiene una capacidad instalada que puede ser útil hacia la transición a nuevas energías, con participación privada en algunos casos y en competencia en otras.
Castro resume que la ruta hacia la descarbonización impactará positivamente al medio ambiente y a la salud pública con la reducción de emisiones contaminantes.
Además, provocará una reducción de la factura petrolera y dinamizará el sector agrícola con la generación de biocombustibles. “Entonces sería de gran impacto para la economía del país”, asegura el viceministro.
¿En qué consiste el proyecto?
De acuerdo con Alejandro Muñoz, presidente de Recope, la reforma mantiene el monopolio estatal en la importación y venta de los hidrocarburos.
“Queda exactamente igual, eso sigue siendo monopolio porque la idea no es alentar el consumo de combustibles fósiles (con la apertura). Eso lo sigue manejando Recope hasta el momento en que un día (el combustible fósil) se acabará”, explicó Muñoz.
En la transición hacia la descarbonización del transporte, el proyecto plantea una etapa intermedia.
En esta, Recope hará mezclas de combustibles fósiles con alternativos para disminuir la emisión de contaminantes, mientras se desarrollan los alternativos.
Por ejemplo, hará combinaciones de gasolina con etanol y de diésel con biodiésel. También podrá importar y distribuir Gas Licuado de Petróleo (GLP), un hidrocarburo menos contaminante.
La industrialización de las mezclas y su comercialización, según Muñoz, seguirá monopolizada por Recope porque el combustible seguirán conteniendo hidrocarburos y, además, con la finalidad de que la participación estatal garantice calidad y precios accesibles al consumidor.
No obstante, la transición plantea apertura a la participación privada, específicamente en la posibilidad de proveer los combustibles alternativos con los cuales serán mezclados los fósiles (petróleo y sus derivados). Incluso plantea alianzas público-privadas siempre y cuando el Estado tenga control sobre el negocio.
“Entonces, si el precio del etanol producido en Costa Rica es menor que el precio internacional, compramos en el país. Si el precio local es mayor que el internacional, lo importamos”, explicó Muñoz.
En cuanto a la investigación, desarrollo y comercialización de combustibles a través de energías limpias, la reforma a Recope no establece monopolio. Habrá competencia entre el Estado y el sector privado, pero también contempla alianzas público-privadas.
En tanto, Gonzalo Delgado explica que el sector privado difícilmente invierte en una empresa en la que no tiene el control, por lo tanto, un 51%-49% a favor del Estado, por ejemplo, no resulta atractivo.
Mientras la transición ocurre, Recope impulsará la importación de vehículos eléctricos o que se muevan con otro tipo de energía limpia.
