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La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) emitió un pronunciamiento en el que regaña al Directorio de la Asamblea Legislativa por engavetar tres investigaciones contra tres diputados, quienes habrían incurrido en "supuestas faltas a la ética pública".
La PEP insiste en que es necesario que se realice un análisis de cada uno de los informes emitidos y y se dicte un acto final, en consonancia con el ordenamiento jurídico.
Se refiere a informes remitidos contra tres diputados por aparentes violaciones al deber de probidad, en el caso del cemento chino.
Ellos son Otto Guevara, del Movimiento Libertario; Víctor Morales Zapata, ahora independiente pero que fue del PAC; y Johnny Leiva, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
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Además, la Procuraduría menciona un informe, que también fue engavetado, contra el ahora exlegislador Henry Mora, de Acción Ciudadana (PAC); quien fue presidente del Congreso entre mayo del 2014 y abril del 2015.
En el caso de Mora, la PEP también detectó una presunta falta al deber de probidad al asignarle una plaza a la otrora vicepresidenta del PAC, Kattia Martin, en el Congreso, a principios de esta administración.
Ese órgano calificó como "legalmente improcedente" la decisión "sistemática" de la cúpula del Congreso de suspender el trámite de esas gestiones, porque se carece un marco legal para sancionar a los congresistas señalados.
"El razonamiento ofrecido por los señores diputados no tiene asidero legal o procesal alguno. No existe imposibilidad legal para resolver los temas propuestos, lo que no podría aplicarse es una sanción, por falta de marco regulatorio".
"En este sentido, se advierte que el ordenamiento jurídico no justifica que los servidores públicos que deban tramitar denuncias por supuestos actos de corrupción, faltas a la ética o la transparencia en la gestión pública, se amparen a la existencia de un vacío legal para eludir la responsabilidad de decidir definitivamente y sin dilaciones el asunto sometido a su valoración", señala la nota de la PEP, enviada este lunes.
Se trata del pronunciamiento N.° AEP-AR-007-2018, el cual fue remitido por el procurador de la Ética, Ronald Víquez, al presidente del Congreso, Gonzalo Ramírez.
Ese documento agrega: "Bajo la égida del principio de rendición de cuentas le corresponde a la Asamblea Legislativa, como autoridad pública para el caso concreto, tomar una determinación conclusiva de los casos de relación. Téngase en cuenta que solo adoptando una resolución final es posible superar la confidencialidad del Informe aludida en el artículo 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y, con ello, dar cumplimiento al principio constitucional de transparencia y rendición de cuentas".
Y recomienda: "Con base en lo puntualizado y con propósitos meramente preventivos, esta Procuraduría de la Ética Pública emite la presente acción de recomendación para instarle, respetuosamente, a que la Asamblea Legislativa se avoque al conocimiento y resolución de los informes emitidos por esta instancia, conforme lo ordena la legislación vigente, sin incurrir en las incorrecciones jurídicas y de procedimiento aquí señaladas".
Caso por caso
En el cuanto a los tres diputados señalados por el caso del cemento chino, los informes emitidos por la Procuraduría son en atención a la solicitud de investigación hecha por la Comisión Especial Investigadora de Créditos Bancarios, del Congreso.
Los diputados de ese foro señalaron a Otto Guevara por presuntamente utilizar su cargo para realizar "numerosas gestiones" en favor de los negocios del importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
A Víctor Morales Zapata, los diputados también le atribuyeron haber realizado aparentes "gestiones" en favor de los negocios de Bolaños y supuestamente haber recibido beneficios materiales del empresario.
Y sobre Johnny Leiva, se le reprochó haber participado en una reunión con varios diputados para tratar temas del mercado del cemento con Juan Carlos Bolaños y por un vuelo en helicóptero que realizó el 4 de junio del 2017.
El caso contra Henry Mora se remonta al 2014, cuando siendo miembros del directorio habría inflado requisitos de una plaza de chofer para poder nombrar en un cargo profesional a Kattia Martín, la presidenta interina del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC).
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