Natasha Cambronero. 18 diciembre, 2017

El informe de 294 páginas que emitió la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios de la Asamblea Legislativa recomienda sanciones para 29 funcionarios públicos de los tres poderes de la Repúblicas y de dos bancos estatales.

En la lista aparece desde el presidente la República, Luis Guillermo Solís, hasta diputados, magistrados, fiscales y candidatos a diputados.

Repase a continuación, una a una, a las personas involucradas en el caso relacionado con el otorgamiento de dos líneas de crédito al importador de cemento Juan Carlos Bolaños, la modificación de un reglamento de comercialización del cemento del MEIC y la nacionalización de un cargamento de 20.000 toneladas.

También, se pide castigar a los implicados en la venta de una planta hidroeléctrica, por parte de la cementera Holcim, a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) mediante un préstamo de ¢32,7 millones del BCR.

1. Luis Guillermo Solís, presidente de la República: Se pide a la Procuraduría de la Ética determinar si incumplió con el deber de probidad cuando Casa Presidencial pidió al BCR nombrar Mario Barrenechea como gerente general. Solís niega que eso haya ocurrido.

También, se le achaca haber ignorado dos informes de la Procuraduría de la Ética recomendando sanciones contra la exdirectora del BCR Paola Mora y contra Mario Barrenechea.

La comisión también concluyó que Solís presionó, por medio del ahora exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez y del diputado Víctor Morales Zapata, a la Dirección General de Aduanas para que se facilitara el desalmacenaje y nacionalización de un cargamento de cemento chino importado por el polémico empresario Juan Carlos Bolaños, a mediados del 2016.

Los diputados además coincidieron en que la Presidencia de la República presionó a funcionarios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para agilizar las reformas al reglamento sobre la comercialización de cemento en el país.

Mariano Figueres, director de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS). Foto: Melissa Fernández
Mariano Figueres, director de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS). Foto: Melissa Fernández

2. Mariano Figueres, director de la DIS: Los diputados le pidieron al presidente Solís su destitución por un aparente incumplimiento en el cuido del presidente de la República al no advertir de que Juan Carlos Bolaños, con quien el mandatario se reunió, había sido investigado por la DIS.

3. Wélmer Ramos, exministro de Economía, candidato a diputado del PAC: Enviar el informe a la Procuraduría de la Ética para determinar si incumplió con el deber de probidad. Se le achaca haber aceptado presiones de Zapote para que, en el proceso de apertura del duopolio del cemento, se tomaran acciones en beneficio de Juan Carlos Bolaños.

Además se le cuestiona que, teniendo otras alternativas para beneficiar al consumidor, optara por la reforma al reglamento sobre la comercialización del cemento chino.

4. Daniel Gallardo, expresidente de la CNE y candidato a diputado por Renovación Costarricense: Los diputados le solicitaron renunciar a su candidatura por ordenar la modificación de requisitos que favorecían a una empresa de Juan Carlos Bolaños cuando estuvo al frente de la CNE, en el segundo gobierno de Óscar Arias, y por omitir ante la comisión información relevante, como sus múltiples contactos con Bolaños. Salvó el voto Abelino Esquivel.

5. Wálter Céspedes, exdiputado y asesor legislativo del PUSC: Solicitar a la Fiscalía General y a la Procuraduría de la Ética que tomen en cuenta los hallazgos del informe en las investigaciones en marcha en su contra.

6. Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda: Enviar el informe a la Procuraduría de la Ética para determinar si incumplió con el deber de probidad por supuestamente “instruir a sus subalternos para que dieran un trato especial, ventajoso a Juan Carlos Bolaños y por acatar instrucciones del presidente Solís para que se diera un tratamiento especial a Bolaños”. También, pidió que se le inhabilitara cinco años para ejercer cargos públicos. William Alvarado (PUSC), Nidia Jiménez (PAC) y Abelino Esquivel (Renovación Costarricense) salvaron el voto en cuanto a la inhabilitación.

7. Benito Coghi, exdirector de Aduanas: Enviar el informe a la Procuraduría de la Ética para determinar si incumplió con el deber de probidad al “instruir a sus subalternos para que dieran un trato especial, ventajoso a Juan Carlos Bolaños y por acatar instrucciones del exviceministro Rodríguez”. Instar a la Fiscalía General a que continúe con la investigación número 17-000032-06-21-PE.

8. Johnny Leiva, diputado del PUSC: Enviar el informe a la Procuraduría de la Ética para determinar si incumplió con el deber de probidad por participar en una reunión con varios diputados para tratar temas del mercado del cemento con Juan Carlos Bolaños y por un vuelo en helicóptero que realizó el 4 de junio del 2017.

9. Otto Guevara Guth, diputado y candidato presidencial del Movimiento Libertario: Enviar el informe a la Procuraduría de la Ética para determinar si incumplió con el deber de probidad al utilizar su cargo para realizar “numerosas gestiones” en favor de los negocios de Juan Carlos Bolaños. Se le solicitó que renuncie a la inmunidad y se le instó a la Fiscalía para que continúe con las investigaciones.

10. Rolando González, diputado del PLN: Enviar el informe a la Procuraduría de la Ética para determinar si incumplió con el deber de probidad por sostener reuniones con Juan Carlos Bolaños aun después de las denuncias públicas sobre irregularidades del préstamo en el BCR. Además, por intentar restarle importancia a las investigaciones de la comisión y por solicitar a Bolaños un vuelo en medio de la emergencia por el huracán Otto.

11. Víctor Morales Zapata, diputado independiente, antes del PAC: Instar a la Fiscalía para que continúe con las investigaciones en torno a las “gestiones” que realizó en favor de los negocios de Juan Carlos Bolaños. Según los diputados, él habría recibido beneficios materiales del empresario. También se le pidió que renuncie a su inmunidad, al tiempo que se le solicitó a los órganos del Estado que no se le nombre en cargos públicos por diez años.

Los miembros de la Junta Directiva BCR a quienes el Consejo de Gobierno suspendió de sus cargos y ordenó la apertura de un procedimiento administrativo para su destitución. Foto: Julieth Méndez
Los miembros de la Junta Directiva BCR a quienes el Consejo de Gobierno suspendió de sus cargos y ordenó la apertura de un procedimiento administrativo para su destitución. Foto: Julieth Méndez

12. Paola Mora, exdirectora del BCR: Remitir el informe a la Fiscalía y la Procuraduría de la Ética para que analicen los hechos y determinen si incurrió en algún delito o alguna violación al deber de probidad. Se pidió, en su contra, una inhabilitación para ocupar cargos públicos por diez años.

A ella se le achaca supuestamente haber acatado instrucciones de Casa Presidencial para nombrar a Mario Barrenechea como gerente general del banco y modificar el perfil del puesto para que este calificara.

Además, está bajo la mira por “ordenar al secretario de actas de la Junta Directiva del BCR modificar una acta después de aprobada en firme con el fin de esconder manifestaciones de un directivo que configuraban un conflicto de interés”.

También, se le cuestiona por negar “la existencia de problemas” en los créditos a Bolaños y por “alinearse a las presiones del gerente general y sus subalternos inmediatos”.

Los diputados también acordaron enviar las actas de las sesiones de comisión a la Fiscalía y a la Procuraduría para determinar si incurrió en algún delito o alguna violación al deber de probidad por supuestamente haber mentido bajo juramento.

13. Ronald Solís, exdirector del BCR: Remitir el informe a la Fiscalía y la Procuraduría de la Ética para que analicen los hechos y determinen si incurrió en algún delito o alguna violación al deber de probidad, asimismo, se le pidió una inhabilitación para ocupar cargos públicos por cinco años.

Se le achaca supuestamente haber acatado instrucciones de Casa Presidencial para nombrar a Mario Barrenechea como gerente general del banco y modificar el perfil del puesto para que este calificara.

También se le cuestiona por negar “la existencia de problemas” en los créditos a Bolaños y por “alinearse a las presiones del gerente general y sus subalternos inmediatos”.

Otro hecho que se le critica es que, siendo representante del Comité de Auditoría, fuera “complaciente” y omitiera dudas de otros directores sobre los créditos al Grupo JCB.

Los diputados también acordaron enviar las actas de las sesiones de comisión a la Fiscalía y a la Procuraduría para determinar si incurrió en algún delito o alguna violación al deber de probidad por supuestamente haber mentido bajo juramento.

14. Gustavo Arias, exdirector del BCR: Remitir el informe a la Fiscalía y a la Procuraduría de la Ética para que analicen los hechos y determinen si incurrió en algún delito o alguna violación al deber de probidad. Se le pidió una inhabilitación para ocupar cargos públicos por cinco años.

Se le achaca supuestamente haber acatado instrucciones de Casa Presidencial para nombrar a Mario Barrenechea como gerente general del banco y modificar el perfil del puesto para que este calificara.

También se le cuestiona por negar “la existencia de problemas” en los créditos a Bolaños y por “alinearse a las presiones del gerente general y sus subalternos inmediatos”.

Otro hecho que se le critica es que siendo representante del Comité de Auditoría fuera “complaciente” y omitiera dudas de otros directores sobre los créditos al Grupo JCB.

Los diputados también acordaron enviar las actas de las sesiones de comisión a la Fiscalía y a la Procuraduría para determinar si incurrió en algún delito o alguna violación al deber de probidad por supuestamente haber mentido bajo juramento.

15. Alberto Raven, exdirector del BCR: Remitir el informe a la Fiscalía y a la Procuraduría de la Ética para que analicen los hechos y determinen si incurrió en algún delito o alguna violación al deber de probidad. Se le pidió una inhabilitación para ocupar cargos públicos por ocho años.

Se le achaca supuestamente haber acatado instrucciones de Casa Presidencial para nombrar a Mario Barrenechea como gerente general del banco y modificar el perfil del puesto para que este calificara.

Además, está bajo la mira por “ordenar al secretario de actas de la Junta Directiva del BCR modificar una acta después de aprobada en firme con el fin de esconder manifestaciones de un directivo que configuraban un conflicto de interés”.

Los diputados también acordaron enviar las actas de las sesiones de comisión a la Fiscalía y la Procuraduría para determinar si incurrió en algún delito o alguna violación al deber de probidad por supuestamente haber mentido bajo juramento.

Por el caso de Coopelesca los diputados le atribuyen un presunto tráfico de influencias por “los múltiples cargos” que ocupaba tanto en Holcim como fiscal; en el Bufete Zurcher, Odio & Raven como socio; y en la empresa O&R Trust Services como dueño; al mismo tiempo que era directivo del BCR.

16. Francisco Molina, exdirector del BCR: Inhabilitación para ocupar cargos públicos por cuatro años.

Se le achaca supuestamente haber acatado instrucciones de Casa Presidencial para nombrar a Mario Barrenechea como gerente general del banco y modificar el perfil del puesto para que este calificara.

Los diputados también acordaron enviar las actas de las sesiones de comisión a la Fiscalía y la Procuraduría para determinar si incurrió en algún delito o alguna violación al deber de probidad por supuestamente haber mentido bajo juramento.

17. Evita Arguedas, exdirectora del BCR: Inhabilitación para ocupar cargos públicos por cuatro años.

Se le achaca supuestamente haber acatado instrucciones de Casa Presidencial para nombrar a Mario Barrenechea como gerente general del banco y modificar el perfil del puesto para que este calificara.

Los diputados también acordaron enviar las actas de las sesiones de comisión a la Fiscalía y a la Procuraduría para determinar si incurrió en algún delito o alguna violación al deber de probidad por supuestamente haber mentido bajo juramento.

18. Mónica Segnini, exdirectora del BCR: Inhabilitación para ocupar cargos públicos por cuatro años.

Se le achaca supuestamente haber acatado instrucciones de Casa Presidencial para nombrar a Mario Barrenechea como gerente general del banco y modificar el perfil del puesto para que este calificara.

Los diputados también acordaron enviar las actas de las sesiones de comisión a la Fiscalía y a la Procuraduría para determinar si incurrió en algún delito o alguna violación al deber de probidad por supuestamente haber mentido bajo juramento.

19. Mario Barrenechea, gerente general del BCR: La comisión pidió su despido e inhabilitación para ocupar cargos públicos por diez años, al tiempo que remitirá el informe a la Fiscalía y a la Procuraduría de la Ética para que analicen los hechos y determinen si incurrió en algún delito o alguna violación al deber de probidad.

A él se le cuestiona por las líneas de crédito por $30 millones que se le otorgaron a una de las compañías de Juan Carlos Bolaños para importar cemento desde China.

También, se le achaca supuestamente haber establecido “relaciones que comprometieron la independencia en el cuido de los intereses del banco”.

20. Pablo Villegas, secretario de actas de la Junta Directiva del BCR: Remitir a la Fiscalía y a la Procuraduría de la Ética para que analicen los hechos y determinar si incurrió en algún delito o alguna violación al deber de probidad al permitir que dos ahora exdirectivos, Mora y Raven, “modificaran una acta después de aprobada en firme con el fin de esconder manifestaciones de un directivo que configuraban un conflicto de interés”.

21. Fabián Volio, asesor jurídico de la Junta Directiva del BCR: Solicitar al BCR que inicie una investigación por recomendar la aprobación de una reforma al marco legal que posibilitó el nombramiento de Mario Barrenechea. También, se pidió su despido y que se le inhabilite para ocupar cargos públicos por cinco años.

22.Eduardo Ramírez, director jurídico del BCR: Solicitar al BCR que inicie una investigación por recomendar la aprobación de una reforma al marco legal que posibilitó el nombramiento de Mario Barrenechea. También, se pidió su despido y que se le inhabilite para ocupar cargos públicos por cinco años.

23. Víctor Carranza, presidente del Banco Nacional: Remitir el informe a la Fiscalía y a la Procuraduría de la Ética para determinar si incurrió en algún delito o alguna violación al deber de probidad por supuestamente darle un “tratamiento privilegiado a un cliente específico, al gestionar una reunión para Juan Carlos Bolaños con directores del banco y un alto jerarca del Comité de Crédito”.

24. Omar Briceño, directivo del Banco Nacional: Remitir el informe a la Fiscalía y a la Procuraduría de la Ética para determinar si incurrió en algún delito o alguna violación al deber de probidad al presuntamente darle un trato preferencial al empresario Juan Carlos Bolaños.

25.Juan Carlos Corrales, gerente general del Banco Nacional: Remitir el informe a la Fiscalía y a la Procuraduría de la Ética para determinar si incurrió en algún delito o alguna violación al deber de probidad al presuntamente darle un trato preferencial al empresario Juan Carlos Bolaños.

26. Jorge Chavarría, exfiscal general de la República: Inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos por “incumplir gravemente sus funciones y deberes” al desestimar una causa contra los diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata. Al mismo tiempo, la comisión instó a los partidos políticos a abstenerse de nombrarlo en cargos de decisión política.

También se le achaca excluir a Guido Marín de la proveeduría de la CNE, a pesar de haber sido incluido en la denuncia anónima y de la recomendación del OIJ de investigarlo.

27. Berenice Smith, fiscala: Los diputados recomendaron la destitución y la inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos por “incumplir gravemente sus funciones y deberes” al desestimar una causa contra los diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata. Al mismo tiempo, la comisión instó a los partidos políticos a abstenerse de nombrarlo en cargos de decisión política.

También se le achaca excluir a Guido Marín de la proveeduría de la CNE, a pesar de haber sido incluido en la denuncia anónima y de la recomendación del OIJ de investigarlo.

28. Celso Gamboa, magistrado de la Sala Tercera: Se solicitó la destitución del cargo y su inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por 10 años.

Los diputados piden “esclarecer si incurrió en los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato, faltas al deber de probidad, tráfico de influencias, abuso de autoridad, cohecho y ocultamiento de prueba en favor del señor Bolaños, ya sea de manera directa o a través de su letrado, Justo Pastor López”.

La comisión señaló “que no se conoce el motivo real del viaje que realizó a Panamá en compañía de Bolaños, ni el contenido de su equipaje al regreso, ni tampoco de las razones por las cuales ingresó al país con pasaporte diplomático”.

También concluyeron que, en apariencia, Gamboa “adquirió un condominio en Jacó por un valor de ¢130 millones, sin que se tenga certeza del origen del dinero”.

29. Roy González Mora, asesor de Coopelesca: Solicitar al Ministerio Publico que inicie una investigación en su contra por los estudios financieros que realizó para justificar la compra de la planta hidroeléctrica por parte de la cooperativa y por un aparte vínculo de amistad con al menos un miembro de la Junta Directiva de Holcim.