Sofía Chinchilla Cerdas. 23 septiembre, 2019
Randall Aguirre, procurador penal, junto a la fiscala Greysa Barrientos Núñez, durante el juicio del PAC. Fotos: Mayela López
Randall Aguirre, procurador penal, junto a la fiscala Greysa Barrientos Núñez, durante el juicio del PAC. Fotos: Mayela López

La Procuraduría General de la República (PGR) evalúa la apertura de un proceso judicial para cobrarle al PAC ¢353 millones que este partido cobró ilegalmente al TSE dentro de la deuda política correspondiente a las elecciones de 2010.

El monto corresponde a un 70% de los ¢516 millones que la Procuraduría le reclama a la agrupación por estafar al Estado mediante el cobro contratos de servicios especiales falsos.

El restante 30% seguirá en disputa en los tribunales porque la Sala III admitió un recurso de casación interpuesto por el Partido Acción Ciudadana (PAC), el cual se opuso a la decisión de un Tribunal de Apelación de elevar la condena económica.

El eventual aumento de la pena pecuniaria será resuelto en un nuevo juicio.

Este lunes, en la Asamblea Legislativa, el procurador penal Randall Aguirre afirmó que la PGR estudia solicitar el reintegro de los ¢353 millones a las arcas del Estado porque, a la fecha, el partido no ha pagado nada, pese a que fue condenado desde diciembre del 2016.

Adicionalmente, citó que la sentencia de la Sala Tercera, de abril pasado, implica que solo los otros ¢163 millones están aún en disputa judicial.

Así lo dijo Aguirre ante la comisión legislativa que investiga en financiamiento del PAC en las campañas electorales.

La culpabilidad del PAC y de los líderes partidarios Manuel Antonio Bolaños y Minor Sterling, por la estafa, quedó ratificada incluso en la Sala de casación, pero el monto final del castigo económico no se ha definido por un reclamo de la agrupación.

Inicialmente, el Tribunal Penal de San José condenó al partido a pagar ¢353 millones, monto que corresponde 179 contratos falsos.

Sin embargo, ante un Tribunal de Apelación, la Procuraduría logró que se incluyeran 84 contratos más, y el monto fue elevado a ¢516 millones.

El PAC apeló, entonces, ante la Sala III y esta consideró que el Tribunal de Apelación cometió un error al elevar la condenatoria sin variar el número de contratos anómalos en los hechos probados, que se mantuvieron en 179.

Como resultado, el caso volverá al Tribunal de Apelación que, a su vez, podría devolver el expediente a primera instancia, donde se tendría que definir si el PAC logra rebajar su condena.

Como mínimo, el PAC tendría que pagar los ¢353 millones dictados originalmente. Ese el monto que la Procuraduría buscaría recuperar en primer lugar.

"El escenario que tenemos es liquidar lo que tenemos hoy en ejecución de la sentencia, los ¢350 millones, más ¢40 millones más de costas e intereses, y quedaríamos a expensas de lo que se resuelva en el nuevo proceso.

" Ir a cobrar lo que está fijado, porque podría pasar más tiempo en cobrar la diferencia", explicó Aguirre.

Según el procurador, si se logra acreditar que la estafa se cometió con un total de 263 contratos, al sumar los intereses acumulados, la condenatoria total ascendería a casi ¢900 millones.