La investigación estudió las actuaciones de la Policía de Control Fiscal, entre el 2017 hasta el 2020, y puso en evidencia que el país no cuenta con “investigaciones sobre la magnitud del contrabando” de productos.

“La PCF carece de una caracterización de la situación actual e histórica del contrabando y comercio ilícito de mercancías a nivel nacional, como paso previo para poder contar con estudios y estimaciones a nivel país de esta problemática”, señala el informe de la CGR.

Según la Contraloría, propia Policía Fiscal indicó que “no dispone de estadísticas y estimaciones de contrabando de mercancías”.

Asimismo, se detectó que “no existen herramientas específicas para la identificación de riesgos de forma automatizada”, ya que los únicos sistemas de información que poseen solo permiten realizar consultas de forma manual.

“Se evidenció que la labor de inteligencia debe fortalecerse mediante una mayor identificación de perfiles de riesgo y alertas, que por demás se acompañe de bases de datos y herramientas estructuradas para el análisis, cruces de información y minería de datos”, explica el documento.

Actualmente, la PCF cuenta con el Sistema de Apoyo a la Gestión de Inteligencia (SINTEL), el cual permite el registro de la gestión administrativa y documental del ente policial.

Sin embargo, la Policía de Control Fiscal le informó a la Contraloría de que SINTEL no permite la generación automática de alertas que contribuyan con esta labor de inteligencia fiscal.

“No permite realizar el seguimiento del estado de los expedientes, ni líneas de tiempo para la atención de denuncias. Este sistema no interactúa con bases de datos de otras instancias para coincidir alertas reincidentes. SINTEL fue creado con una licencia que no tenía bases de inteligencia ni policial, lo cual afecta el rendimiento de la información”, reconoció la PCF.

Para la Contraloría, la gestión de inteligencia debe ser intensiva y estar basada en riesgos, con el fin de identificar actuaciones de sujetos presuntamente más riesgosos.

Por ejemplo, en las personas identificadas como reincidentes, la administración debe priorizar su labor de investigación e inspección, con el fin de evitar que sigan comercializando mercancías de forma ilegal.

Investigaciones carecen de seguimiento

Otro de los hallazgos es sobre la incapacidad de la Policía de Control Fiscal de darle seguimiento a las investigaciones realizadas personas reincidentes, por falta de herramientas especializadas.

Tampoco se visualizan los “resultados concretos” de las investigaciones que han realizado, ni hay registros de las condiciones en que terminan estos estudios o casos, una vez trasladados a otras instancias competentes.

“Si bien la PCF indicó que el resultado de estas investigaciones depende del Ministerio Público, considera necesario esta Contraloría General que ese cuerpo brinde seguimiento y evaluación periódica del estado en que se encuentran y terminan estas investigaciones, cuya iniciativa nace desde la misma PCF “, alerta la auditoría.

Según la CGR, para este 2020 las investigaciones contra sujetos que contaban con antecedentes por este delito disminuyeron en comparación con el año anterior.

Para el 2019, el 42,9% de las investigaciones fiscales se realizaron a sujetos reincidentes en la práctica del contrabando de mercancías, mientras que, al 29 de octubre de 2020, ese porcentaje fue de un 36,2%”.

“Disponer de una labor robusta de inteligencia fiscal y de los resultados de las investigaciones que realiza la PCF en sujetos reincidentes en la práctica del contrabando de mercancías, puede fortalecer la gestión de riesgos, conllevar a una mayor recuperación de ingresos tributarios y a resguardar la salud de las personas”, recomienda el informe.

Operativos son subestimados

La Contraloría también identificó que las metas anuales de operativos policiales han sido subestimadas durante los últimos años.

Para este 2020, así como para el 2019, se inició con 1.582 operativos programados; sin embargo, para al primer semestre de 2020 se alcanzó el 102,9% de la meta anual.

Durante el 2019, se realizaron un total de 2.416 operativos, según datos de la PCF; en el 2018 esta cifra fue de 1.582; mientras que el 2017 fue el periodo donde más operativos se realizaron, con 12.913 pesquisas.

Al respecto, el órgano policial explicó a la CGR que las metas de operativos policiales programados fueron ajustadas en virtud de factores externos, como “normativas presupuestarias” y “planes que no se conocían al momento de realizar la planificación.”

Sin embargo, en criterio de la Contraloría, “no se visualizan, en el periodo de estudio, mejoras significativas desde la planificación de las metas de operativos policiales”.

Además, sugieren que se cuente con una estimación precisa de las metas anuales de operativos policiales, que incluya un análisis detallado de la capacidad operativa de la PCF más allá de solo la cantidad de operativos realizados anualmente.

La idea es fortalecer el proceso de programación y planificación en esta Policía, así como utilizar los resultados de los operativos para la toma de decisiones con información confiable y tener una mayor percepción de amenazas.

Sobre el desempeño del cuerpo policial, la Contraloría General determinó, mediante un sondeo realizado con agremiados de la Cámara de Comercio de Costa Rica, que las personas consideran las funciones de la PCF de moderadas a deficientes.

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Contraloría pide acatar órdenes

La falta de estudios y estimaciones sobre el impacto que tiene el comercio ilegal de mercancías en Costa Rica es una de las mayores preocupaciones del ente contralor.

La CGR solicitó a Jaqueline Soto, directora de la PCF, elaborar un informe que caracterice la situación actual del contrabando y el comercio ilícito y publicarlo en la página web del Ministerio de Hacienda.

Dicho informe debe ser actualizado al menos cada dos años y debe de contener información del valor estimado del contrabando y comercio ilícito conocido, y sus implicaciones fiscales.

Para su elaboración la PCF podrá contar con la colaboración de las Direcciones Generales de Hacienda, de Aduanas y de Tributación.

Además, se deberá incluir las estadísticas de las etapas del proceso sancionador de los casos derivados de las actuaciones policiales.

Este informe tendrá que estar elaborado el próximo año; a más tardar el 29 de octubre de 2021.

Actualmente, el Ministerio de Hacienda solo cuenta con un estudio del trasiego ilegal, el cual es sobre la comercialización ilícita de cigarrillos.

Dicho estudio fue realizado por la Dirección General de Hacienda (DGH), y estimó que la pérdida fiscal por el contrabando de este producto específico era de ¢13.333 millones para el 2018, cifra que representó un 0,04% del producto interno bruto (PIB) de ese año.

Para agosto del 2019 el Observatorio del Comercio Ilícito, órgano adscrito a la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), estimó que el comercio fuera de la ley en Costa Rica mueve alrededor de ¢700.000 millones anuales.

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