Marvin Barquero. 21 agosto
Un 15% del gasto de los hogares en Costa Rica en bebidas alcohólicas se da en productos comercializados fuera de la ley, pese a los riesgos en la salud, reveló el estudio de la Cámara de Comercio de Costa Rica. En la imagen, un decomiso en Talamanca. Foto: Cortesía Ministerio de Seguridad Pública.
Un 15% del gasto de los hogares en Costa Rica en bebidas alcohólicas se da en productos comercializados fuera de la ley, pese a los riesgos en la salud, reveló el estudio de la Cámara de Comercio de Costa Rica. En la imagen, un decomiso en Talamanca. Foto: Cortesía Ministerio de Seguridad Pública.

El comercio fuera de la ley en Costa Rica mueve alrededor de ¢700.000 millones anuales, una suma que corresponde al 6,8% del consumo total de los hogares, según un primer estudio presentado por el Observatorio del Comercio Ilícito, órgano adscrito a la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR).

El análisis, presentado este miércoles 21 de agosto, estableció que los cigarrillos, las bebidas alcohólicas, los repuestos para vehículos, las prendas de vestir, los productos farmacéuticos y medicinales, el calzado, el diésel y los jabones, detergentes y perfumes son, en ese orden de importancia, los más afectados por el problema.

Aparte de tener un primer informe donde se cuantifique el problema, el observatorio pretende establecer también una metodología de análisis, explicó Jairo Mena, director ejecutivo y, además, asesor económico de la CCCR.

Según Mena, la metodología se construyó en tres pasos: identificación de los sectores vulnerables, estimación de un coeficiente probabilístico para esos sectores y luego estimación del volumen del problema tras determinar un vector de importaciones para cada caso.

Para identificar los sectores vulnerables, los investigadores se basaron en las cifras de decomisos realizados por la Policía de Control Fiscal, adscrita al Ministerio de Hacienda, a lo cual unieron entrevistas con los especialistas. Se hizo un cruce de datos con el historial mediático de cada sector y los dos anteriores. En la segunda parte, se estableció un factor de riesgo de las importaciones de acuerdo al país de origen (Panamá y Nicaragua por cercanía y China están entre los vulnerables) y se le asignó un porcentaje (número) a la opinión de los expertos y al historia de cada producto.

Luego de esas dos etapas, se aplicaron los números a las importaciones de cada rubro obtenidas de la base del Banco Central de Costa Rica.

La CCCR detalló que esta estimación se refiere al comercio fuera de la ley de productos que vienen del exterior. La organización reconoció que en el mercado interno igualmente hay comercio ilícito de bienes y servicios, pero sus números son marginales en comparación con lo traído del exterior.

La presidenta y el director ejecutivo de la CCCR, Yolanda Fernández y Alonso Elizondo, señalaron que el objetivo es tener información para la generación de políticas públicas en este campo. Para ellos, se cuenta con la Comisión Mixta de Comercio Ilícito, formada por representantes de entidades gubernamentales y del sector privado.

El observatorio de la Cámara de Comercio se creó en el 2017, como un órgano independiente, pero adscrito a ese gremio.

Según Mena, los resultados indican que 23,5% del consumo de los hogares en cigarrillos, en Costa Rica, procede de transacciones fuera de la ley. Además, un 15% del consumo de los hogares en bebidas alcohólicas es del comercio ilícito.

Elizondo y Fernández reconocieron que el problema pasa mucho por un tema del precio de los productos, pero enfatizaron que precisamente los mayores problemas se presentan en productos sobre los cuales pesa una gran carga tributaria.

“A veces se cree que poniendo más impuestos el Estado va a recaudar más, pero eso provoca una desviación del comercio hacia lo ilegal y se reducen los ingresos por impuestos”, enfatizó Elizondo.

El director de la Policía de Control Fiscal, adscrita al Ministerio de Hacienda, Irving Malespín, consideró muy importante el estudio como ayuda para generar políticas. “Es muy relevante para ver si alguien vuelve los ojos hacia la Policía y nos ayuda a generar programas o mecanismos económicos de apoyo, para contar con más plazas y mayor capacitación”, enfatizó.

Agregó que el contrabando de productos se mueve conforme a la situación económica y otras condiciones de mercado. Por ejemplo, dijo, entre el 2016 y el 2018 prácticamente no hicieron decomisos de alimentos, pero en lo que va de este año llevan decomisadas 2,3 millones de unidades de sopas, consomé y chicles.

Al contrario, los decomisos de aguacate eran constantes en los últimos años y ahora prácticamente inexistentes, por un acomodo del mercado.

Nota del editor: Esta información se actualizó a las 6:00 p. m. con declaraciones del Director de la Policía de Control Fiscal.