Se trata de modificaciones a los artículos 211 y 212 de la Ley General de Aduanas, donde se establecen las nuevas causales de contrabando y se detallan los agravantes por los que la pena de prisión a los contrabandistas podría llegar hasta los 15 años.

Hoy, la pena máxima por dicho delito es de hasta nueve años de prisión. Además de la cárcel, también se incrementan las multas por el delito de contrabando, hasta tres veces el monto de los tributos dejados de percibir, más los intereses.

Además, la reforma introduce una serie de modificaciones tecnológicas que, según el ministro de Hacienda, Elian Villegas, buscan “facilitarle la vida a los que quieren importar y exportar”, pero, a la vez, endurece los castigos para “complicarle la vida a los que quieren contrabandear”.

Específicamente, la iniciativa introduce estas nuevas actuaciones como contrabando:

-Entregar, extraer o facilitar la extracción de contenedores de los estacionamientos transitorios.

-No llegar al destino final de las mercancías que sean movilizadas en tránsito por el territorio nacional para su introducción al mercado nacional, sin que medie autorización de la autoridad aduanera.

-Eludir o evadir, total o parcialmente, el pago de los tributos, por acción u omisión, valiéndose de astucia, engaño o ardid, de simulación de hechos falsos o de deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, utilizados para obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero.

-No justificar los faltantes o sobrantes de mercancías que resulten al efectuarse la descarga de los medios de transporte sea en el puerto de arribo o en otro lugar habilitado para la recepción de la carga, según corresponda, respecto de la cantidad declarada en el manifiesto o documento equivalente.

-No acreditar con los documentos de respaldo según el régimen aduanero correspondiente, que las mercancías extranjeras comercializadas, en inventario o vendidas por el importador, se sometieron a los procedimientos aduaneros para su introducción al territorio nacional.

Mayores penas de cárcel

Para que las penas de prisión lleguen hasta los 15 años, las actuaciones consideradas como contrabando tendrían que incluir violencia o intimidación, así como el uso de un transporte acondicionado o modificado para eludir el control aduanero.

También será más grave la sanción cuando se use suplantación de identidad, o personas fallecidas o jurídicas inexistentes como destinatarias de las mercancías ingresadas a territorio nacional.

Pero también se agregan otras agravantes en el proyecto de ley, por ejemplo que el autor participe de un grupo de delincuencia organizada, o que se trate de productos de interés sanitario o regulación técnica que pongan en riesgo la vida o la salud humana o animal.

“Con esta nueva ley, Hacienda contará con más herramientas legales para atacar directamente el contrabando, la defraudación de impuestos y la subfacturación, lo que, con el apoyo de nuevas tecnologías y buenas prácticas internacionales, nos permitirá alcanzar mejores resultados en la lucha contra la evasión de impuestos en materia aduanera”, aseguró el ministro de Hacienda, Elian Villegas, en un comunicado.

Según el jerarca, la reforma aduanera es uno de los compromisos adoptados en las mesas de diálogo multisectorial organizadas por el Ejecutivo.

Villegas aseguró que las reformas en asuntos de contrabando y de sanciones a ese delito contribuirán a incrementar las importaciones formales y a mejorar la recaudación.

Inscripción a Registro Tributario

La reforma legal también obligaría a los importadores, exportadores y auxiliares de la función pública aduanera a inscribirse en el Registro Único Tributario y a estar al día en el pago de impuestos, así como con las cuotas obrero patronales ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según el Gobierno, eso permitiría “un mejor control d elas obligaciones tributarias” que deben atender todas las empresas que utilicen los servicios aduaneros.

Como mecanismo para contribuir a la reactivación económica, el Poder Ejecutivo plantea la posibilidad de pagar los impuestos aduaneros hasta un mes después del tránsito por fronteras, en los casos en que se trate de materias primas y bienes de capital.

“Las empresas beneficiarias deberán rendir una garantía global”, apuntó Hacienda.