Silvia Artavia. 22 enero
Juan Luis Bermúdez es un economista de 37 años y especialista en Relaciones Internacionales. Fotos: Mayela López.
Juan Luis Bermúdez es un economista de 37 años y especialista en Relaciones Internacionales. Fotos: Mayela López.

Forma parte del círculo cercano del presidente Carlos Alvarado y hoy se sienta en la silla que tuvo el mandatario durante la administración anterior como jerarca del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Juan Luis Bermúdez asumió la presidencia ejecutiva de esa entidad y la investidura como ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social el 8 de enero, luego de que María Fullmen Salazar dejara el puesto.

El economista de 37 años y especialista en Relaciones Internacionales tiene claro cuál debe ser su punto de partida para cumplir la meta del Gobierno de reducir la pobreza: empezar por las mujeres jefas de hogar.

El siguiente es un extracto de una entrevista que concedió a La Nación.

–¿Cómo pretende el Gobierno que haya menos pobres cuando los indicadores son contundentes: la pobreza subió de 20% a 21,1% de 2017 a 2018 y ha ido al alza en los últimos años?

–Hay una meta en el Plan Nacional de Desarrollo que pretende llevar el porcentaje de población de desempleo abierto (personas con capacidad de laborar pero que no encuentran trabajo) de 10,2% a 8,2%.

¿Cómo se llega a esa conclusión y cómo se fijan esas metas? Se calcula el impacto de ciertas intervenciones muy específicas.

Por ejemplo, qué impacto tendría el impulso que se le dará va a Banca para el Desarrollo, o qué impacto tendrían las metas que han establecido el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Educación Pública (MEP) para capacitar a la población en una segunda lengua.

Actualmente, solo 1 de cada 10 costarricenses, es decir, 500.000 personas, dicen manejar una segunda lengua. Eso, con el mismo nivel de educación formal, les da la posibilidad de tener hasta ¢200.000 más de ingreso, y hasta más.

El Gobierno le está apostando a atender a población entre 18 y 44 años en condición de desempleo y con baja escolaridad, o sea, que tienen secundaria incompleta y no cuentan con capacitación técnica.

–En una entrevista con La Nación en octubre de 2018, el Presidente comentaba que el crecimiento económico de Costa Rica está cada vez más basado en los servicios y no necesariamente en emplear personas. Decía que, por eso, es fundamental contar con una estrategia “sociolaboral”. ¿Cuál es esa estrategia?

–La estrategia sociolaboral es el programa Puente al Desarrollo (iniciativa de la administración pasada para combatir la pobreza extrema, la cual se extendió a la actual gestión). A esa población le brindamos capacitación en habilidades blandas y formación coordinados con el INA, con las universidades, con otros entes de educación técnica, incluso con el MEP, para que, posteriormente, sean sujetos de contratación por empresas que nos han dicho cuál es el perfil de la población que requieren.

–Pero eso es solo para los beneficiarios de Puente al Desarrollo…

–Esperamos llevarlo más allá, a población que está en condición de desempleo y con baja escolaridad y, por lo tanto, tiene bajas condiciones de empleabilidad.

Estamos trabajando en el diseño de una estrategia que podría ser presentada en las próximas semanas.

–Puente al Desarrollo es un programa de dos años y, eventualmente, si los beneficiarios lo necesitan, se les da un año o más de seguimiento. ¿Es realista decir que en dos años una familia puede salir de la pobreza? ¿Cuáles han sido las lecciones en ese sentido?

–En este momento, Puente al Desarrollo tiene poco más de 27.000 familias que han venido dentro de este proceso. Queremos extenderlo a 67.000 familias para el 2022.

La meta de reducción de la pobreza del Plan Nacional de Desarrollo es pasar de un 21,1% a un rango entre el 19,5% y el 17,8%. Eso representa entre 80.000 y 150.000 personas en condición de pobreza que, esperaríamos, puedan salir de ella.

A ellos es a quienes debemos atender en esas 67.000 familias. Esperamos que puedan dar los resultados que nos ha dado “Puente” en esta primera etapa.

… Es muy importante entender que la reducción de la pobreza no es una tarea exclusiva de las instituciones del sector social… es una tarea en la que juegan un rol muy importante el sector privado, la sociedad como un todo, organizaciones no gubernamentales, entre otras.

–El Estado de La Nación y el Ministerio de Planificación (Mideplan) dicen que si todas las mujeres entre los 18 y los 65 años en condición de laborar –el llamado bono de género– tuvieran un empleo, la pobreza en Costa Rica se reduciría de un 20% a un 11%. ¿Cuáles oportunidades hay para ese sector?

–Realmente, en la posibilidad de brindarles oportunidades a las mujeres para incorporarse, en condiciones de equidad, al mundo del trabajo, Costa Rica se juega la posibilidad de dar un salto real a ser un país desarrollado. Lo digo con completa certeza.

Las jefas de hogar representan un 47% de la población en condición de pobreza y de ellas dependen más de 300.000 niños.

Impactar la vida de estas mujeres en los territorios implica impactar desde temprano a esos niños que están haciendo sus armas para enfrentar el sistema educativo y, posteriormente, un mundo laboral que será muy distinto al que hoy conocemos.

Eso nos permite cambiar la realidad y el futuro de esta población.

–Tras esa lectura de la situación del país, ¿cuál considera que debería ser el alma de las políticas sociales en la Costa Rica actual?

–El alma de nuestra política social está en llegar a las mujeres jefas de hogar que están en condición de pobreza, y a sus hogares. Eso prioritariamente.

Segundo, en impactar, desde las instituciones –pero me refiero a estas saliendo de sus cuatro paredes– para ver el entorno de nuestras familias en condición de pobreza y atenderlas oportunamente.

–¿Y las instituciones están saliendo a tocar esas puertas?

–Sí. No solo fortalecemos la estrategia Puente al Desarrollo, donde los cogestores –especialistas del IMAS quienes visitan a las familias para valorar su condición socioeconómica– son actores del territorio. Son gente que se embarriala los zapatos, que se remanga las camisas para llegar a lugares donde la institucionalidad costarricense no había podido llegar.

Pero además de eso, preparamos intervenciones territoriales en 40 distritos que han sido priorizados para crear una cultura de paz y de promoción de la protección de la comunidad. Entre estos, Limón, Pavas, Uruca, San Isidro de El General y Siquirres.

–¿Se había quedado el país sin ir a los territorios y percatarse de todos los pobres que hay ahí?

–Yo creo que todavía hay institucionalidad que necesita llegar con más fuerza a esas regiones.

Cuando vamos a los territorios vemos que hay mucha presencia de instituciones del sector social, del sector agropecuario –quizás no como las había antes– y el sector económico también empieza a acercarse.

Yo creo que siempre hará falta ir más allá del territorio para alcanzar personas que hoy todavía no han sido atendidas por estas instituciones.

–¿Cómo dibujaría a la actual población costarricense en condición de pobreza y cuáles diferencias encuentra entre esta y la de hace décadas?

–La población en condición de pobreza nos marca cada vez más un perfil femenino. También tenemos más menores de edad por atender.

También está la gente en trabajo informal, y este es un reto que el país tiene por distintas razones. Primero, por un enfoque de derechos. Alguien con un trabajo formal nos garantiza que tiene seguro de salud y que, en caso de incapacidad, el ingreso de su familia está resguardado. Además, tiene la posibilidad de contar con una pensión al final de su vida productiva.

Sobre todo porque el perfil del nuevo empleado ya no es el de un solo trabajo de por vida, sino que transita por varios.

Vemos esa pobreza concentrada en las zona fronterizas y en las regiones costeras. En comparación con la Gran Área Metropolitana (GAM), la incidencia de pobreza en esos lugares está, en promedio, 10 puntos por encima.

–¿Qué se debe hacer ahí?

–Identificar rápidamente cuáles son las actividades productivas y las que generan valor, pero, al mismo tiempo, generan empleo.

Aunque el crecimiento del sector servicios nos ha permitido aumentar ingresos de un cierto grupo de la población, se trata de un sector que no es intensivo en la generación de empleo.

–Además, esos trabajos gestados por el sector servicios no son, en su mayoría, para personas en pobreza extrema y sin escolaridad…

–Es un sector que demanda, efectivamente, recurso humano muy calificado, que maneja un segundo idioma, que tiene herramientas suficientes para incorporarse a esa nueva economía.

Sin embargo, tenemos población que habiendo superado el bono demográfico que estamos terminando de vivir, no tiene su secundaria completa.

Ahí es muy importante, de nuevo, apostarle a la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, con las herramientas adecuadas y con equidad.