Estudios sobre la transformación de la población de Costa Rica indican que la época en la que el mayor número de habitantes se encuentra en edades productivas acabará en el 2020, sin que el país haya aprovechado el máximo potencial del llamado bono demográfico para fortalecer la economía y al Estado.
A partir de ahora, disminuirá el peso de los jóvenes y el de los adultos mayores irá en aumento, al tiempo que se requiere incrementar la producción, aumentar los ingresos tributarios, fortalecer la seguridad social y sostener los regímenes de pensiones.
La pregunta es, ¿quiénes van a generar todo eso?
Estudios del programa Estado de La Nación y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) coinciden en que el potencial para sacar adelante el país lo tiene una generación de personas que están listas para salir a trabajar, si se les dan las condiciones para hacerlo.
“La oportunidad sería que nosotras las mujeres compensemos por esa población que se está retirando de los mercados laborales formales, de aquí al 2050, y que seamos cada vez más productivas. Que nos ubiquemos en empleos de mayor productividad y que podamos contribuir con la productividad agregada nacional y cerrar las brechas, tanto territoriales como de ingreso”, explicó Pilar Garrido, ministra de Planificación.
Los investigadores lo llaman bono de género. Se trata de las mujeres en edad productiva (entre 18 y 65 años, aproximadamente) que podrían estar trabajando, pero no han encontrado empleo o por alguna limitación no han podido buscar uno.
Actualmente, en la primera categoría hay 118.200 mujeres, una cifra similar a la de los 124.000 hombres que se encuentran desempleados, según la Encuesta Continua de Empleo del tercer trimestre del 2018.
No obstante, según Natalia Morales, investigadora del Estado de la Nación, el potencial es aún mayor al considerar las mujeres que se encuentran fuera de la fuerza laboral, las cuales duplican a los 500.000 hombres que se encuentran en la misma condición.
“¿Por qué es un bono de género y no total? Bueno, porque en los hombres la participación está llegando casi al máximo posible, ya los que no trabajan es porque tienen alguna limitación personal. En las mujeres hay un gran potencial, podríamos aumentar la participación en casi 25 o 30 puntos porcentuales la participación, porque hay gran cantidad de mujeres disponibles en edad de trabajar”, explicó Morales.
La participación se refiere al porcentaje de personas que pertenecen a la fuerza de trabajo (que están ocupadas o en busca de empleo) con respecto al total de población de 15 años y más.
Para el 2017, la participación laboral femenina llegó a un 45%, después de haber aumentado en 12,5 puntos desde 1990, cuando el indicador llegaba apenas a 32,5%. En contraste, el año pasado la participación de los hombres llegó al 73%. La diferencia es de 28 puntos porcentuales.
De hecho, según estimaciones incluidas en el informe del Estado de la Nación del 2018, si todas las mujeres que están sin trabajar consiguieran un empleo, la pobreza podría reducirse de un 20% a un 11%. En cambio, si ocurriera lo mismo con los hombres, la disminución sería de tres puntos porcentuales.
Otra investigación publicada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calculó que durante el periodo 2010-2040, el bono de género podría contribuir con cerca de 0,5% puntos porcentuales al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
“El potencial que tiene el bono de género es similar al potencial que tuvo el bono demográfico”, afirmó Pamela Jiménez, investigadora del Estado de la Nación y del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica (UCR)
Garrido destacó los múltiples beneficios que traería consigo una mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, entre ellos el de ayudar a contener e incluso reducir el crecimiento de la desigualdad, una de las metas que se planteó el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo.
“Si lo logramos, disminuimos la tasa de desempleo abierto, disminuimos el coeficiente de Gini (el medidor de desigualdad), generamos más crecimiento y más productividad, y si logramos que estos empleos sean de más alta calificación, con más innovación, estamos contribuyendo con la otra meta nacional, que tiene que ver con la reducción de emisiones”, dijo la jerarca.
Jiménez señaló que también se trata del derecho que deben tener las mujeres para elegir a lo que se dedicarán.
“¿Por qué a un Gobierno le importa que las mujeres participen más en el mercado? Primero, por un tema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque significa que este país tiene barreras que tiene que eliminar, darle la oportunidad a las mujeres y darles la libertad de elegir”, agregó.
¿Qué les impide incorporarse?
Una comparación entre 17 países latinoamericanos realizada por el Estado de la Nación determinó que Costa Rica es el cuarto país con la menor participación laboral femenina.
Con ese nivel, el país se encuentra por debajo del promedio de América Latina, e inclusive del mundo.
Jiménez explicó que la participación de las mujeres en el mercado laboral empezó a crecer en la década de 1990, a partir de la posibilidad que adquirieron las mujeres para usar métodos anticonceptivos y planificar sus familias. No obstante, después el incremento se desaceleró y luego se estancó.
"¿Qué son las barreras que ahora enfrentan las mujeres y que limitan que se puedan incorporar al mercado? El trabajo doméstico no remunerado y el cuido de los hijos. Sabemos que el 75% del trabajo doméstico es realizado por mujeres, y un porcentaje muy similar del cuido infantil también.
En Costa Rica la corresponsabilidad es muy baja. ¿Esto qué significa? Que en promedio los hombres participan muy poco de las tareas domésticas y eso hace que si una mujer quiere participar del mercado laboral podría terminar asumiendo una doble carga laboral: en el hogar y en el mercado", explicó Jiménez.
Morales señaló que también pesa el costo de oportunidad de salir a trabajar, cuando lo que se podría ganar una mujer con un empleo es muy similar a lo que cuesta el pago de una guardería privada.
De acuerdo con las investigadoras, esos factores explican en buena medida por qué hay 1 millón de mujeres fuera de la fuerza laboral. De ese grupo, 200.000 indican que están disponibles para trabajar, pero 800.000 lo descartan.
Cerca de un 30% de ese millón dicen que no pueden incorporarse al mercado porque tienen obligaciones familiares que les impiden incluso buscar un empleo.
“Uno podría generar política pública con enfoque de género que cambie esa disponibilidad en esas 800.000. Si uno les da algunos incentivos para salir a trabajar pueden cambiar su posición”, sugirió Morales.
Garrido aseguró que el gobierno está empeñado en hacer que los programas de empleo y capacitación, así como los incentivos de Banca para el Desarrollo, se orienten más hacia las mujeres.
“Lo que estaríamos necesitando nosotras las mujeres es tener ciertas garantías para poder garantizar esa mayor participación económica. Lo que hay detrás, tanto de subsidios, capacitación, educación formal, red de cuido, por ejemplo, y para fortalecer nuestra presencia en la economía y aprovechar el bono de género”, aseguró la ministra.
La meta para el crecimiento de las alternativas de cuido, según información proporcionada por la Secretaría Técnica de la Red, es que para el 2022 haya 40.000 nuevos niños que reciben el beneficio, adicionales a los 52.400 que registró el programa en diciembre del 2017.
Jiménez destacó que ese tipo de medidas pueden tener un impacto positivo en el corto plazo, pero teniendo en cuenta que conseguir la equidad en el acceso al trabajo requiere de cambios culturales profundos.
“El tema aquí es: usted no puede cambiar las normas y patrones sociales y culturales de un día para otro. Usted no puede decirle a los hogares, a las parejas de estas mujeres o a los hijos que tienen que dividirse las tareas para que esta mujer, o esta mamá pueda trabajar en el mercado”, señaló.