Josué Bravo. 6 noviembre
Como coordinadora del proceso de inclusión de Costa Rica a la OCDE, la ministra de Comex, Dyalá Jiménez, ha tenida una participación activa en la aprobación de leyes exigidas por ese organismo. En la foto aparece con Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia. Foto: Rafael Pacheco
Como coordinadora del proceso de inclusión de Costa Rica a la OCDE, la ministra de Comex, Dyalá Jiménez, ha tenida una participación activa en la aprobación de leyes exigidas por ese organismo. En la foto aparece con Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia. Foto: Rafael Pacheco

Dyalá Jiménez, ministra de Comercio Exterior (Comex), afirmó ante los diputados que no apoyará el proyecto de ley presentado por el gobierno para proteger a los ahorrantes, debido a que el texto excluye a los bancos públicos de la obligación de aportar recursos para un fondo de garantía.

La jerarca argumentó que el planteamiento de Casa Presidencial incumple con lo requerido para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual promueve las buenas prácticas públicas.

"Mi visión en este caso es muy distinta a la visión del ministro de la Presidencia (Víctor Morales Mora) y, por lo tanto, yo como ministra coordinadora (del proceso de ingreso a OCDE) y como ministra de Comercio Exterior, no voy apoyar el (proyecto) 21.657 (propuesto por el Ejecutivo).

“Prefiero el 21.655 (presentado por 31 diputados que sí incluye a la banca pública) o cualquiera que resulte en un proyecto satisfactorio, pero eso no significa que la discusión esté dada y que aquí, en democracia, en el seno de la Asamblea Legislativa, se pueda discutir también el 21.657”, expuso la jerarca.

Jiménez dio esas declaraciones en su comparecencia del 21 de octubre en la comisión especial que estudia los proyectos requeridos para el ingreso de Costa Rica a la OCDE.

El proyecto del 21.657, presentado por el ministro de la Presidencia tres días antes de la comparecencia de Jiménez, excluye a los bancos Nacional (BN) y de Costa Rica (BCR) de la creación Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que cubriría un monto de ¢6 millones por cada depósito bancario, en caso de emergencia.

El fondo se nutrirá de un aporte anual no mayor al 0,15% de los depósitos garantizados de los bancos privados, según el texto del Ejecutivo.

Jiménez les explicó a los diputados que la OCDE requiere que las entidades bancarias del Estado también aporten y formen parte del fondo.

“Al no estar presentes, se producen un desbalance, un desequilibrio", dijo.

“Yo todavía no entiendo. ¿Por qué se excluye a la banca del Estado de este fondo? Para mí, este fondo es una manera hasta de fortalecer la banca del Estado. Nosotros no estamos cumpliendo con la OCDE por cumplir, sino por mejorar nuestra gobernanza”, señaló Jiménez.

En declaraciones a Noticias Repretel, el pasado 16 de octubre, Jiménez atribuyó la decisión de excluir al BN y al BCR a un planteamiento acorde al pensar del Partido Acción Ciudadana (PAC).

“Yo creo que la posición del presidente, de su ministro de la Presidencia y de su partido es que, primero, esta discusión se tiene que dar; segundo, ellos como punto de partida quieren plantearla a lo que su partido piensa porque la banca del Estado ha sido en realidad un pilar para nosotros como las otras empresas del Estado y eso es lo que ellos están colocando en la discusión”, afirmó la jerarca.

La ministra afirmó que la creación de ese seguro pretende darle protección a los pequeños ahorrantes.

Mencionó que el fondo ya se ha creado en 143 países y que, en Europa, tiene una cobertura máxima de 100.000 euros, en Estados Unidos de $100.000 y que, en el caso de Costa Rica, la idea es que la cobertura sea el equivalente a $10.000.

El gobierno alega que la banca estatal ya cuenta con un respaldo de garantía para los depositantes, contenida en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, que crea un fondo de garantía para ese tipo de entidades públicas.

Morales afirma que lo importante para el gobierno es la protección de los ahorrantes y así se lo plantearán a los técnicos del Organismo, a quienes el gobierno intentará convencer en una negociación de dos semanas que culmina a mediados de noviembre.

Sin embargo, esa garantía establecida en esa legislación carece de contenido económico y, ante una emergencia bancaria, el gobierno recurre al aporte de los contribuyentes para afrontar ese tipo de crisis en la banca pública.

La ministra de Comercio Exterior confirmó que esa garantía "no es suficiente porque no tiene un fondo”.

Además, de acuerdo con el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, la Organización requiere de la participación de la banca comercial pública en la creación de la garantía líquida para nivelar la competencia con los intermediarios financieros privados.

Como jerarca de Comex, Jiménez es coordinadora del proceso de ingreso del país a ese club. Ella indicó que no firmó el texto del Ejecutivo, pero aclaró que ello le corresponde al ente rector del tema que recae en el Banco Central.

Jonathan Prendas, diputado del bloque independiente Nueva República y presidente de la comisión especial, considera que la decisión de cuál proyecto tramitar quedará para el periodo de sesiones extraordinarias que inicia el 2 de diciembre.

En ese tiempo el gobierno coordina la agenda legislativa. El diputado añadió que la propuesta avalada por 31 congresistas que cumple con los requisitos mínimos solicitados por la OCDE, está en la Imprenta Nacional desde el 25 de octubre anterior, sin que aún se haya publicado en La Gaceta.

Su publicación en el diario oficial es un requisito para iniciar su discusión.

Amcham preocupada

Esta mañana, la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (Amcham), mostró “preocupación y alarma” por las intenciones del Ejecutivo en este tema.

"En este momento hemos avanzado muchísimo y no podemos exponer la seriedad del país en la recta final del proceso. Hemos promulgado nuevas leyes y reglamentos para acercarnos al modelo de mejores prácticas y lograr el objetivo de ingresar a la OCDE.

"No obstante, la posición del Poder Ejecutivo en este momento provoca muy serias dudas y cuestionamientos, ya que carece de fundamento técnico y pareciera contraria a los requerimientos elementales de la OCDE”, mencionó Elías Soley, presidente de AmCham.