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Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia, defendió la negociación que el gobierno entabló con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con la intención de excluir a la banca pública de la creación de un fondo de garantía para proteger a los ahorrantes.
El fondo de respaldo, que sería creado por ley, es un requisito para ingresar a la OCDE. Esta organización solicita que el mecanismo abarque tanto a la banca pública como a la privada, pero el Ejecutivo insiste en excluir a la primera.
Para el jerarca de la Presidencia, la divergencia de criterios entre el Poder Ejecutivo y el Comité de Mercados Financieros de la OCDE es de “lo más normal”.
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Morales citó, por ejemplo, que en el proceso de aprobación de las leyes sobre fortalecimiento de autoridades de competencia y de responsabilidades de personas jurídicas en delitos como cohecho y soborno transnacional, hubo una “fortísima discusión" que requirió de sesiones de trabajo con la sede de la OCDE en París, Francia para mejorar el texto.
"Lo que quiero decir es que estos proyectos, como cualquier otro, están sujetos al debate. Hay un enfoque distinto entre lo que hemos pensado en el Ejecutivo y lo que los cuadros técnicos de la OCDE han planteado en la creación del seguro de depósitos. Nosotros creemos que lo fundamental es la protección de las personas que depositan dinero que tienen dinero en los bancos, en las cooperativas y en las entidades financieras.
“En ese sentido, los ahorrantes de la banca estatal tienen por ley una garantía total y que, por lo tanto, el enfoque de la ley debería de estar en relación con darle esa garantía a los ahorrantes de la banca privada y de las cooperativas. Ese ha sido nuestro enfoque”, mencionó el jerarca.
Según Morales, abrir una negociación de ese tipo no afecta el proceso de inclusión del país a la OCDE, pues el organismo exige tener una legislación sobre ese tema a más tardar a mediados de febrero próximo.
Considera que cuando hay acuerdos entre las fracciones del Congreso, una ley bien puede aprobarse en una semana.
Este lunes, en una comparecencia en la comisión especial del Congreso que discute los proyectos requeridos por la OCDE para aceptar al país como el miembro número 38, el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, afirmó que el Comité de Mercados Financieros de la OCDE fue claro en que el proyecto presentado hace tres semanas por el gobierno no cumple con los estándares requeridos por ese club.
Se trata de una iniciativa para que el sistema bancario nacional cree el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), el cual cubriría un monto de ¢6 millones por cada depósito bancario en caso de emergencia.
El fondo se nutrirá de un aporte anual no mayor al 0,15% de los depósitos garantizados de los bancos privados.
El Poder Ejecutivo decidió dejar por fuera de la creación del fondo a los bancos comerciales del Estado, el Nacional (BN) y el de Costa Rica (BCR).
El gobierno alega que esas entidades estatales gozan de una garantía ilimitada contemplada en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, que crea un fondo de garantía para ese tipo de entidades públicas.
No obstante, según Cubero, los técnicos del Comité hicieron ver, durante una sesión de trabajo de hace dos semanas, en París, que dejar por fuera a la banca pública en la creación del fondo crea mayor asimetría en la competencia con la banca privada.
Cubero agregó que el fondo de la banca pública carece de contenido económico y, que por lo tanto, en caso de emergencia, el gobierno recurriría al dinero de los contribuyentes para afrontarla.
Una decisión de ese tipo generaría un impacto fiscal muy fuerte y, además, provocaría inflación, según Cubero.
Además, el presidente del Banco Central explicó que, con el fondo creado por la banca privada, se estaría cubriendo el 96% de los ahorrantes, pero solo al 10% de los depósitos, pues el 4% restante de ahorrantes son los dueños del 90% de los depósitos.
Añadió que, al tener la banca estatal un fondo ilimitado de garantías, la hace más atractiva a los ahorrantes por razones de seguridad.
“Aquí no es un tema de entre privados y públicos. Es un tema de que todos los intermediarios financieros estén sujetos a reglas relativamente simétricas de operación, de manera que no se produzcan desventajas o ventajas competitivas en favor de uno”, expuso Cubero.
Esta tarde, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en Casa Presidencial, Morales defendió el derecho del Ejecutivo de abrir un espacio de negociación en la que procura convencer a los técnicos de la OCDE de que su posición pretende proteger a los ahorrantes.
"Lo que quiero insistir, en lo que quiero colocar el tema, es en que no veamos nada sospechoso en el interés que tenemos de abrir un espacio para dialogar, para construir en lo que corresponda en este caso con actores políticos locales, con diputados, con la Asamblea Legislativa, o en un diálogo técnico con los órganos técnicos de la organización a la que aspiramos incorporarnos, con respecto a una visión que tenemos sobre un tema particular.
"Lo que puede parecer extraño es que esto merezca una excesiva atención. La única razón para que esto pueda llamar mucho la atención es la creencia de que, detrás de esta discusión, hay un interés del gobierno de frustrar y de tirar por la borda el esfuerzo que hemos hecho durante año y medio para avanzar.
“Tengo que dejar claro entonces que no es ese el propósito del gobierno. Nosotros seguimos con nuestro deseo, con nuestro propósito de avanzar hacia la incorporación de la OCDE. Eso no significa que renunciemos a plantear nuestros puntos de vista. Pareciera que eso es lo más democrático y natural del mundo”, insistió Morales.
Por su parte, Ana Lucía Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y secretaria de la comisión especial del Congreso, considera que, con ese criterio, el Ejecutivo no toma en cuenta la parte técnica del Banco Central de Costa Rica en la discusión del proyecto con el organismo.
"En su lugar, la parte política asume ante la OCDE la negociación sobre contenidos mínimos y esenciales que este organismo ha reiterado a Costa Rica y ha subrayado en la sede de la Organización a una representación parlamentaria.
“Seguimos a la espera de una respuesta clara y transparente que permita cumplir con los estándares internacionales que nivelen en este tema la cancha”, consideró la legisladora.
