Los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) definirán si es “jurídicamente viable” investigar el manejo de recursos que hizo el Partido Acción Ciudadana (PAC) en las campañas electorales previas a la del 2010.
Héctor Fernández, director del Registro Electoral, reveló este lunes que su oficina hizo su consulta a los jueces electorales la semana anterior.
Así lo dijo en la comisión legislativa que investiga las finanzas de esa agrupación política en las campañas electorales de 2002, 2006 y 2010.
El funcionario hizo la gestión luego de que, en ese mismo órgano, el lunes anterior, los diputados le preguntaran si era posible abrir una investigación sobre las finanzas del PAC en la contienda electoral del 2006.
“A raíz de lo que se discutió la semana pasada, nosotros sí elevamos una consulta directamente al TSE respecto a las inquietudes acá establecidas, a los efectos de que el Tribunal, que no es solo nuestro superior, sino el único competente para hacer la interpretación legal y constitucional del caso a los efectos de establecer la viabilidad o no de hacer una investigación de periodos anteriores al 2010, y cuál dependencia, si somos nosotros o no", dijo Fernández a los legisladores.
Gustavo Román, asesor de Gestión Política del TSE, precisó que la consulta la envió Fernández el viernes de la semana anterior, en el oficio DGRE-493-2019, que ya recibieron los magistrados.
Diputados de los partidos de oposición tienen interés en que se investigue el financiamiento utilizado por Acción Ciudadana en las campañas electorales del 2002 y el 2006, a partir de unas declaraciones que dio el excandidato presidencial Ottón Solís en una Asamblea Nacional del PAC en julio del 2010.
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En esa reunión partidaria, el actual representante del país ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) afirmó que, en la campaña del 2006, el partido logró captar recursos a través de contratos de servicios especiales con personas que trabajaban voluntariamente.
“¿Saben cómo logramos cobrar bastante, pero igual quedamos cortos en ¢700 millones después de las elecciones? Diciéndole a gente que ha trabajado voluntariamente que firmara contratos para que el partido cobrara y de ahí extrajimos ¢400 millones”, dijo Solís en esa ocasión.
En el 2016, el Tribunal Penal de San José condenó por estafa a dos funcionarios del PAC, por considerar que, en los comicios del 2010, simularon contratos de servicios especiales de colaboradores que trabajaron voluntariamente y, luego, se los cobraron al TSE.
Los diputados de la comisión especial han dicho que desean saber si alguna anomalía, como la condenada por el tribunal penal se cometió también en las campañas del 2002 y el 2006.
Según les indicó Fernández a los legisladores la semana anterior, dichas contiendas electorales se sometieron a procesos de liquidación de gastos que ya quedaron en firme, según la normativa vigente en esa época, la cual le daba las competencias de fiscalización a la Contraloría General de la República.
Fue hasta la promulgación del nuevo Código Electoral, en 2010, que el TSE adquirió más potestades para exigir reportes sobre el financiamiento de las agrupaciones.
No obstante, según Román, dado que legisladores como José María Villalta, del Frente Amplio; y Franggi Nicolás, de Liberación Nacional, insistieron en que el Tribunal debe investigar esos procesos, se solicitó el criterio de los magistrados.
"A efectos de que sea el superior el que determine si resulta jurídicamente viable investigar las liquidaciones de gastos que están solicitando, en aras de determinar la posibilidad de instaurar acciones ya sea de índole penal, administrativa, civil o de recuperación de dineros, estos son los nortes que podrían llevar estas investigaciones.
"Entonces la pregunta del director general es si es viable jurídicamente hacer estas investigaciones, para satisfacer estos objetivos”, explicó Román.
Este lunes, por segunda ocasión, los diputados preguntaron a los funcionarios del TSE si la institución supo de las declaraciones de Solís en la Asamblea del PAC a la hora de investigar las finanzas del partido en el 2010.
Fernández de nuevo les respondió que el Tribunal desconocía dichas manifestaciones, pero que sí remitió a la Fiscalía una declaración del político Ottón Solís, publicada en las páginas de Opinión de La Nación, según la cual él sabía que el Partido Acción Ciudadana (PAC) les pidió a sus partidarios que facturaran su trabajo voluntario para la campaña del 2010, con el fin de allegarle fondos a la agrupación.