Sofía Chinchilla C.. 15 julio
Ottón Solís, representante del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por Costa Rica​. Foto: Rafael Pacheco
Ottón Solís, representante del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por Costa Rica​. Foto: Rafael Pacheco

En el año 2012, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) trasladó al Ministerio Público una declaración del político Ottón Solís según la cual él sabía que el Partido Acción Ciudadana (PAC) les pidió a sus partidarios que facturaran su trabajo voluntario para la campaña del 2010, con el fin de allegarle fondos a la agrupación.

En el 2016, el Tribunal Penal de San José condenó por estafa a dos funcionarios del PAC, por considerar que simularon contratos de servicios especiales de colaboradores que trabajaron voluntariamente y, luego, se los cobraron al TSE.

La declaración que el Tribunal de Elecciones le reportó a la Fiscalía, como prueba testimonial, fue publicada en la sección de Opinión del diario La Nación, el 3 de octubre del 2012, por el excandidato presidencial, exdiputado y actual representante del país ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

“No sé de quién fue la idea del mecanismo que ahora se cuestiona, pero en algún momento yo la conocí en una reunión con otras personas de la dirección del PAC. Lejos de desestimularlo, es evidente que asentí (...) en este asunto creo tener la responsabilidad total, o en todo caso, una muy superior a cualquier autoridad del PAC”, dijo Solís, según le reseñó el TSE a la Fiscalía.

En el artículo de opinión, el excandidato también dijo: “Se explicó que ello le permitiría al PAC cobrar esas facturas con cargo a la deuda política y de ese modo allegar fondos al partido. De lo que se trataba era de que esos partidarios, además de su trabajo político, le donaran dinero al PAC y no a las finanzas del país”.

El traslado del texto como parte de la prueba testimonial que trasladó el TSE al Ministerio Público luego de investigar los servicios especiales que reportó el PAC en su liquidación de la campaña del 2010, fue revelado por Héctor Fernández, director del Registro Electoral del TSE y Ronald Chacón, jefe del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal.

Ambos declararon este lunes en la comisión especial que investiga el financiamiento del Partido Acción Ciudadana (PAC) durante las campañas de 2002, 2006 y 2010.

‘Lo ideado fue un estratagema de cobro ilegal al erario público’

En el juicio contra el PAC, Ottón Solís asistió como testigo y el Tribunal Penal concluyó lo siguiente: “Lleva razón el testigo Ottón Solís Fallas cuando indica que no hay nada de malo en que las personas donen al partido el fruto de su trabajo, pero ese no es el caso que nos ocupa porque, de parte de los simpatizantes del PAC, nunca hubo la intención de cobrar porque su trabajo era gratuito y, de parte del partido, nunca existió la intención contratarlos y pagar por sus servicios”.

"Lo ideado fue un estratagema de cobro ilegal al erario público dándole ‘apariencia’ de legalidad”, continuaron los jueces.

El Tribunal Penal añadió que el partido les pagó a los colaboradores con bonos que nunca llegaron a sus manos, pues se los dejó el PAC, y que algunos contratos fueron firmados después de las elecciones.

Tal hecho fue reiterado por el TSE en la comparecencia de este lunes.

"Hay un hallazgo que es importante, y es que la auditoría detecta una serie de certificados de cesión de la serie B que están en poder de la tesorería del partido. Recordemos que los certificados pueden ser usados como medio de pago, y el Tribunal ha dicho en varias jurisprudencias que simplemente tienen que estar en poder de quien prestó el servicio o prestó el bien. Es la tenencia la que demuestra la titularidad del certificado.

En ese sentido, cuando se solicitan explicaciones, muchos dicen que es que ellos recibieron los certificados pero que los donaron al partido, pero en este caso, efectivamente no había reportes de donaciones en ese caso en específico", afirmó Fernández.

De acuerdo con Chacón, las afirmaciones que hizo Solís en su artículo fueron remitidas el mismo 3 de octubre al Departamento de Registro Electoral del TSE, para que fueran agregadas como prueba testimonial al legajo que el Departamento de Financiamiento entregó el día anterior.

El TSE envió toda la documentación a la Fiscalía el 18 de octubre del 2012, junto con la denuncia penal.

En la denuncia se incluyó el informe de la investigación en la cual el TSE determinó que, en la campaña del 2010, el PAC cobró fondos de deuda política por servicios que en realidad fueron donados por colaboradores del partido.

El Tribunal de Elecciones denunció al entonces tesorero, Maynor Sterling Araya; a la exsecretaria general, Margarita Bolaños Arquín; y al funcionario de la agrupación Manuel Antonio Bolaños Murillo.

La Fiscalía, por su parte, acusó penalmente a Sterling y a Bolaños y, en un juicio celebrado en San José, resultaron condenados por estafa en contra del Estado.

Héctor Fernández reveló el envío de las declaraciones de Solís al Ministerio Público luego de que el diputado frenteamplista, José María Villalta, le cuestionara por qué el Tribunal no ha investigado las declaraciones que dio Solís ante una Asamblea Nacional del PAC en julio del 2010, en la que afirmó que, en la campaña del 2006, el partido logró captar recursos a través de contratos de servicios especiales que, en realidad, fueron donaciones de colaboradores.

"¿Saben cómo logramos cobrar bastante, pero igual quedamos cortos en ¢700 millones después de las elecciones? Diciéndole a gente que ha trabajado voluntariamente que firmara contratos para que el partido cobrara y de ahí extrajimos ¢400 millones", dijo Solís en esa ocasión.

Al respecto, Ronald Chacón dijo que, cuando el TSE investigó las irregularidades del 2010, no contaban con dicho insumo. No obstante, Fernández apuntó que sí se envió el artículo de opinión de Solís para que la Fiscalía lo valorara.

Después, Villalta le preguntó a los funcionarios electorales si es posible abrir una investigación sobre los hechos que, presuntamente, habrían ocurrido en 2006.

Fernández respondió que la consulta se puede elevar a los magistrados del TSE.

“Los magistrados determinarían si procede o no realizar una investigación”, afirmó Fernández.

Esta es parte de la declaración de Ottón Solís en el 2012:

El 3 de octubre del 2012, luego de ser cuestionado por un editorial del diario La Nación, Solís escribió en este mismo diario: "El PAC conversó con partidarios y les pidió que siguieran siendo voluntarios, pero que facturaran por trabajos y servicios efectivamente ejecutados y que aceptaran como pago bonos difícilmente redimibles.

"Se explicó que ello le permitiría al PAC cobrar esas facturas con cargo a la deuda política y de ese modo allegar fondos al partido. De lo que se trataba era de que esos partidarios, además de su trabajo político, le donaran dinero al PAC y no a las finanzas del país.

"De ese modo el partido, sin depender de unos pocos grandes contribuyentes y las ataduras personalizadas que de ello se deriva, podría cumplir sus tareas en favor de la democracia y el desarrollo nacional, en el marco exclusivo de lo prometido a la ciudadanía.

"(...) No considero carente de ética haberle pedido a partidarios que facturaran trabajo y servicios efectivamente ejecutados, y que si les era posible no cobraran para que el partido tuviese recursos.

"(...) No sé de quién fue la idea del mecanismo que ahora se cuestiona, pero en algún momento yo la conocí en una reunión con otras personas de la dirección del PAC. Lejos de desestimularlo, fue evidente que asentí.

"Eran circunstancias en las que la jerarquía del partido prestaba una atención especial a algunas de mis opiniones, por lo que en este asunto creo tener la responsabilidad total o, en todo caso, una muy superior a cualquier autoridad del PAC.

“Sigo creyendo que no hay un problema ético en utilizar este mecanismo para allegar al partido fondos presupuestados para la deuda política. Pero si efectivamente lo hay y he perdido mi buen juicio sobre la ética, lo cual me desautorizaría para luchar contra la corrupción política que azota a Costa Rica, en buena hora que no aspiro a la Presidencia de la República, el único puesto desde el que se puede exterminar esa calamidad”.