“Si bien no hay un perfil de los sujetos excluidos, es probable que se asocien a niveles de menor ingreso de la población que atenderá sus necesidades en el mercado no regulado, a mayores tasas”, machacó Aguilar.
Solo en el primer año de vigencia, la ley 9895 provocó la cancelación de 273.000 operaciones de crédito, entre junio del 2020 y junio del 2021.
La exclusión significó el 4,77% del total de operaciones del país que, para junio del 2021, alcanzó los ¢5,46 billones.
Según Aguilar, “el tope a las tasas desplazó deudores que no logran compensar el riesgo, generando exclusión financiera”.
“El mayor desplazamiento fue en bancos privados”, señaló la superintendente. La exclusión financiera se produjo, principalmente, en el área de consumo y de tarjetas de crédito, agregó la jerarca.
Por otra parte, la superintendenta informó en la comisión de Hacendarios de que la tasa de usura benefició a 1,2 millones de operaciones en moneda nacional durante el mismo periodo. Estas, ante de la legislación, pagaban un interés anual superior al 42% y, con la reforma, se movieron en un rango de entre el 33% y 36%.
“Estos beneficios se concentran en sujetos con acceso al crédito”, indicó.
Actualmente, según disposición del Banco Central con base en la ley de usura, los créditos en colones una tasa de interés máxima del 33,44% y, en dólares, del 27,98%.
En el caso de los microcréditos, la tasa máxima en colones es de 47,27% y, en dólares, de 39,69%.
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El diputado del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), Otto Roberto Vargas, aseguró que la exclusión pudo ser mayor si el tope a la tasa de usura se deja por debajo del 30%, como se planteó en un principio.
La socialcristiana María Inés Solís le consultó a la superintendenta qué medida podría implementarse para enmendar los efectos de la ley de usura.
Aguilar respondió que, más que enfocarse en la crítica, ya existe una ley sobre la cual se conocen sus efectos. Por tanto, “como país tenemos que construir de aquí en adelante para garantizar mayor inclusión financiera y proteger al consumidor, además de otorgar el crédito en mejores condiciones”.
La liberacionista Yorleny León cuestionó el informe de Sugef. “Me da la impresión de que el informe fue planteado desde la perspectiva de los operadores y no de los clientes”, fustigó.
León alegó que el informe responsabiliza a la ley de usura de la exclusión financiera y no toma en cuenta los efectos de la pandemia en el sistema financiero.
“Aquí hay una realidad que se llama pandemia. No sé si será posible desagregar los efectos de la pandemia y de la ley en una operación crediticia, pero endosar la exclusión a la ley de usura y viendo cómo se ha comportado el sistema financiero en otros países, parece que ahí no está el acento”, aseguró la verdiblanca.
