Dicho informe recibió seis votos a favor y un voto en contra, a las 11:42 a. m. de este jueves, durante una sesión virtual de la comisión investigadora.

Los diputados firmantes del informe le atribuyen a Pilar Garrido, jerarca del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), el presunto delito de perjurio.

Argumentan que la funcionaria “dio falso testimonio” a la comisión, al alegar desconocimiento absoluto del decreto relacionado con la creación de la UPAD cuando, según afirman “hay prueba documental que demuestra lo contrario”.

Mientras tanto, al ministro de Seguridad, Michael Soto, lo acusaron de trasladar información sensible al exasesor presidencial Santiago Álvarez Ovares, “aludiendo que este lo solicitaba en nombre del señor presidente de la República”.

Soto suministró a Presidencia una base de datos con los nombres de las personas que fueron aprehendidas por la Fuerza Pública en el 2019.

Tanto la presidenta del foro, la liberacionista Silvia Hernández, como el secretario, el independiente Jonathan Prendas, enfatizaron en las responsabilidades de ambos ministros, durante sus intervenciones en la sesión del foro.

“La ministra (Garrido) estaba plenamente al tanto del proceso que terminó con la firma de (creación de) la UPAD”, dijo la verdiblanca.

Por su parte, Prendas dijo: “Hemos encontrado responsabilidad política; por eso, este informe señala que el expediente, una vez aprobado en el plenario, debe alimentar investigaciones en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General”.

Acá puede consultar el informe de la investigación legislativa completo:

Mediante una declaración enviada por escrito, Garrido aseguró que ella respeta las opiniones y conclusiones de los diputados, pero rechaza que ella conociera el documento que se publicó como decreto de la UPAD.

“La prueba documental a la que alude el informe es sobre la Dadia (Dirección de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial) y la Upadia (Unidad Presidencial de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial), los cuales para efectos nuestros no habían superado, ni aún hoy han superado, la etapa netamente técnica que revisa la URI (Unidad de Reforma Institucional del Mideplán) y, por lo tanto, no existió ni existe una decisión final institucional sobre esos asuntos”, remarcó Pilar Garrido.

En cuanto a la directora de la Prodhab, según los congresistas, ella habría incumplido sus deberes establecidos por ley, en cuanto a la tutela de los datos sensibles de los costarricenses.

Finalmente, a María Fulmen Salazar la señalan por supuestamente haber trasladado información desde el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) al exasesor presidencial Santiago Álvarez Ovares.

Con respecto al presidente de la República, Carlos Alvarado, la comisión recomienda incluir su informe dentro de la causa que lleva la Fiscalía General contra el mandatario, el exministro de Presidencia Víctor Morales Mora y Luis Daniel Soto, ex viceministro del Mideplán.

Los diputados le achacan a Alvarado la firma de un decreto sustentado en falsedades “y cuyo contenido ha sido calificado por expertos como inconstitucional e ilegal, lo que presuntamente constituye el delito de prevaricato”.

Dicho decreto establecía que la UPAD tendría acceso a datos confidenciales de los habitantes en manos de las instituciones públicas.

El informe se presenta un mes y 19 días después de la última comparecencia recibida por la comisión (asistió el mandatario) y a dos días de que se elija la presidencia del Directorio legislativo, a la cual aspira la liberacionista Silvia Hernández, que presidió el foro investigador.

Entre sus recomendaciones, los seis firmantes del documento también piden al Ministerio Público incluir sus conclusiones dentro de las investigaciones que se llevan a cabo contra varios implicados en el decreto para la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Así lo sugiere para el caso de Eriksson Álvarez Cologne, director del Sinirube, a quien señalan por traslado de información sensible a un asesor presidencial; también, el informe señala a Álvarez Ovares.

Igualmente, los diputados recomiendan que se tenga el reporte legislativo como prueba documental en el marco de los procesos contra Alejandro Madrigal Rivas, Andrés Villalobos Villalobos, Diego Fernández Montero y Felly Salas Hernández, exasesores de la Casa Presidencial.

Otras conclusiones

Durante la intervención de Silvia Hernández, declaró que el decreto que pretendía oficializar la Unidad Presidencial de Análisis de Datos es inconstitucional y dijo que se llegó a su firma a partir de supuestos falsos.

También enfatizó en que el Mideplán nunca avaló la reestructuración que diera cabida a la UPAD ni a las propuestas anteriores de una unidad similar.

“De forma arbitraria, los asesores del Grupo de Asesoría Legal de la Presidencia (GALP) actuaron contra el criterio de Mideplán de forma antojadiza y falsa, llevando a engaño al señor presidente de la República”, dijo Hernández.

La liberacionista adujo que se constató y quedó demostrado que se realizó el traslado de datos sensibles sobre datos de los habitantes desde las instituciones, sobre todo el Sinirube, que “tiene la base de datos más delicada del Estado”.

Hernández reiteró que la idea de crear la UPAD provino, a su juicio, del presidente Alvarado y que hubo una falta de protocolos sobre el uso de información sensible de los habitantes. “El ministro de Seguridad, Michael Soto, entregó datos que le solicitaron de manera verbal y se justificó con una peligrosa interpretación de la Constitución”, dijo.