Michael Soto, ministro de Seguridad, dijo a los diputados que, a finales del 2019, la cartera que él dirige le entregó a la Casa Presidencial una base de datos con los nombres de las personas que fueron aprehendidas por la Fuerza Pública durante ese año.
De acuerdo con el jerarca, la información se facilitó por solicitud del asesor presidencial Santiago Álvarez, quien funge como enlace en temas de seguridad entre él y el mandatario Carlos Alvarado.
Soto compareció este miércoles en la comisión legislativa que investiga la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
En respuesta a una consulta de la diputada liberacionista Silvia Hernández, el ministro confirmó que la base de datos se entregó a la Presidencia el 18 de diciembre del 2019, e incluyó el nombre de cada aprehendido, así como el día y el lugar de detención.
El titular de Seguridad recordó que Álvarez le pidió los insumos un martes de noviembre pasado, de forma verbal, a la salida de una sesión del Consejo de Gobierno.
Santiago Álvarez es el asesor presidencial que Silvia Hernández denunció ante la Fiscalía, por recibir bases de datos con información “sensible” sobre beneficiarios de subsidios sociales, sin haber firmado un contrato de confidencialidad con el del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
Cuando varios diputados de oposición lo cuestionaron por entregarle los datos a un asesor, Soto argumentó que Álvarez hace las gestiones en nombre del presidente de la República, quien ostenta el mando superior de la Fuerza Pública, según la Constitución Política.
“Tengo certeza de que lo que pide Santiago Álvarez viene del presidente, porque él es el enlace desde hace bastante tiempo”, afirmó el jerarca.
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Soto añadió que se justificaba hacer el traslado, debido a que tenía entendido que los datos se utilizarían para hacer cruces con información de otras instituciones. Según dijo, el presidente le había mencionado su interés en atender la criminalidad con un abordaje comunal.
“Yo sé que la forma más efectiva de bajar y controlar la criminalidad no es la contención, es el abordaje comunal. Conociendo esas circunstancias, ahí es donde se pretendía hacer ese cruce de información”, afirmó el ministro.
Soto, no obstante, afirmó que desconocía la existencia de la UPAD, de la cual, dijo, se enteró a través de la prensa.
Ante una pregunta de la restauracionista Floria Segreda, indicó que, en la solicitud verbal, Álvarez no precisó los detalles que debía contener la base de datos. Dichos detalles, indicó, los coordinaron el asesor del presidente y la encargada de la información estadística del Ministerio de Seguridad.
“Las variables de la base no fueron solicitadas en específico; en alguna conversación entre Cinthia y Santiago pudieron haber hablado de esas variables”, mencionó el jerarca.
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Asesor presidencial: ‘En ningún momento se solicitó información sensible'
Álvarez se presentó ante la comisión legislativa que investiga la UPAD después de Soto.
El funcionario se abstuvo de responder las preguntas de los diputados, con el alegato de que este lunes se formalizó una denuncia penal en su contra.
“El caso fue llevado a instancias judiciales sin tener la oportunidad de que ustedes escucharan mi versión de los hechos”, declaró el asesor.
El ingeniero industrial y administrador de proyectos leyó un mensaje que llevaba preparado en el que afirmó que nunca solicitó a Seguridad datos sensibles de los ciudadanos.
“No se requiere conocer nombre, número de cédula, dirección ni correos electrónicos de la persona”, dijo el funcionario.
Álvarez no precisó si se refería a las solicitudes de información que hizo a Seguridad o al Sinirube; solo dijo que una de las gestiones que hizo tenía como objetivo generar una estrategia de empleabilidad para poblaciones vulnerables, y que con otra se procuraba impulsar la bancarización de los beneficiarios de programas sociales.
“Quiero dejar muy claro que en ningún momento se solicitó información sensible y que el objetivo de interés público estaba bien definido”, añadió.
