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El 17 de setiembre del 2018, Rodolfo Piza, exministro de la Presidencia, le solicitó al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) firmar un convenio de intercambio de información con Casa Presidencial, el cual fue sellado el 18 de marzo del 2019.
Así lo declaró este miércoles Erickson Alvarez Calonge, director del Sinirube, ante la comisión legislativa que investiga si la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) accedió a datos confidenciales de los habitantes.
El Sinirube lleva el control de las personas que reciben becas, bonos y otros tipos de asistencias del Estado.
El convenio entre el Ministerio de la Presidencia y el Sinirube sigue vigente, precisó Álvarez, sin embargo, dejó claro que ahora solo tienen acceso tres asesoras de Zapote a una plataforma que solo permite acceder a datos ciudadanos indivuduales y no masivos.
Ellas son Alexa Benavides Ayala, Liseht Leytón Quirós y Sandra Loría Cháves.
Aunque el convenio se firmó el 18 de marzo del 2019, desde finales del año 2018 el Sinirube envió en dos ocasiones información sensible al asesor presidencial, Santiago Álvarez Ovares.
Durante su intervención, Álvarez Calonge dejó claro que el convenio de intercambio de información lo solicitó Piza, por ser, en ese momento, el titular de la cartera.
Luego, el acuerdo quedó a cargo de su sustituto, Víctor Morales Mora; y ahora lo ejerce el actual ministro Marcelo Prieto.
El director del Sinirube dijo que su institución intercambia información con 48 instituciones mediante convenios y lo hace de dos formas, a través de plataformas tecnológicas.
Una de ellas es una plataforma web, desde donde se obtienen expedientes individuales.
La otra forma es el intercambio de información. Presidencia tuvo acceso a ambos, indicó el funcionario.
Empero, dijo que, de los 48 convenios con instituciones, solo en el acuerdo suscrito con el Ministerio de la Presidencia se transfirió el 100% de los datos que tiene la plataforma.
Ana Lucía Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), consideró que, con las respuestas de álvarez Calonge, quedó demostrado que se envió información sensible del Sinirube a la Presidencia.
“Evidencia, de conformidad con la Ley de protección de datos y Ley de Sinirube que existe un uso indebido de transferencia de datos sensibles sin una norma legal”, aseveró la legisladora.
Por su parte, el director del Sinirube argumentó que el inciso C del Artículo 4 del reglamento de la Ley del Sinirube, indica textualmente que la información de personas físicas y jurídicas, en poder del Sistema, “será utilizado por parte del Estado e instituciones públicas para la toma de decisiones que facilita la ejecución de recursos de inversión de las personas en pobreza extrema o pobreza”.
“Son parte de los artículos que consideramos nos habilita (para firmar el convenio con Presidencia). Pero, repito, el intercambio de información se realiza en el marco de convenio que tiene un análisis de legalidad que, para eso, el Sinirube cuenta con un área legal que tiene que asegurar que se cumpla con todas las normas y las leyes de Costa Rica”, justificó.
El funcionario le respondió, a la misma legisladora, que la información se entrega usando “medios seguros” de acuerdo al oficio que se reciba de solicitud de información.
La consulta de Delgado era sobre el mecanismos de seguimiento y resguardo, o de cadena de custodia, que se da entre las instituciones en el manejo de datos sensibles.
El director ejecutivo añadió que es responsabilidad de la persona que recibe información velar por la seguridad de la misma y aseveró que el Sinirube no tiene capacidad operativa para hacer auditorías de campo para rastrear toda información en las 48 instituciones con las que tiene convenio.
