Gobierno tomaría parte del $1 millón ofrecido por BCIE para estudio jurídico sobre pensiones de lujo

La información fue confirmada este lunes en rueda de prensa por el presidente del BCIE, Dante Mossi. El funcionario aseguró que el Gobierno de Costa Rica aún no ha solicitado formalmente los recursos, pero que ya hubo una comunicación verbal.

“No hemos recibido la carta, pero sí se hizo la solicitud al BCIE, al menos verbal, de que se quería hacer un estudio jurídico para entender un poco cómo atender este tema de las pensiones de lujo.

“Nosotros dijimos que estamos atentos a atender la solicitud que el Gobierno ha hecho para hacer un estudio jurídico de potenciales planes de acción”, afirmó Mossi.

El BCIE asigna $1 millón a los gobiernos de la región para que inviertan en lo que estimen conveniente. La administración anterior, por ejemplo, los usó para financiar los estudios de factibilidad del tren eléctrico metropolitano y el tren eléctrico limonense de carga (Telca), según informó el Banco.

Las autoridades del organismo multilateral no detallaron si el Gobierno informó sobre otros planes para usar la totalidad de esos recursos.

Una pensión de lujo es aquella que recibe un exfuncionario público cuyo monto supera por mucho el dinero que cotizó durante su vida laboral. Estos pagos son sufragados con los impuestos de las personas o con los préstamos que tiene que sacar el Gobierno para afrontar sus gastos.

Las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional costarán ¢922.800 millones durante este 2022. En este rubro se pagan, por ejemplo, 164 beneficios del régimen de exdiputados, con un costo promedio mensual de ¢4,8 millones, así como más de 45.000 pensiones de educadores con un pago medio de ¢1,1 millones.

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Acciones contra las pensiones de lujo

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Durante la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018), el Gobierno impuso un tope de ¢2,7 millones a las pensiones de lujo, con base en una ley promulgada en 1998. No obstante, la medida fue llevada por algunos beneficiarios a la Sala IV.

A la siguiente administración, la de Carlos Alvarado (2018-2022) le correspondió defender esa medida ante los tribunales. Para ese momento, había pensiones que alcanzaban los ¢14 millones mensuales brutos.

Finalmente, en noviembre de 2018, los magistrados constitucionales avalaron la decisión de imponer el tope de ¢2,7 millones. No obstante, el tribunal aclaró que ese techo no se le podría imponer a las jubilaciones otorgadas antes del 28 de diciembre de 1998, porque dicho tope fue promulgado mediante la ley 7605 aprobada durante ese año.

Por otra parte, los anteriores diputados aprobaron el cobro de contribuciones solidarias adicionales a los pensionados de lujo, incluyendo a los del Poder Judicial, pero respetando el criterio de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), de que el total de deducciones no pueden superar el 55% del monto de pensión. La Sala IV, en tanto, resolvió que ese tope de gravámenes no puede superar el 50%.

Promesa de referendo

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Este lunes, el mandatario declaró: “Gastamos en los últimos años en pensiones de lujo mucho más de lo que gastó este país en infraestructura pública. Eso no se llama integridad, eso no es equidad, porque esas leyes pasaron para enriquecer a grupos conectados políticamente. Pronto la ministra de Trabajo y Seguridad Social (Marta Esquivel) les va a contar la lista de exdiputados y cuánto están ganando con pensiones no cotizadas”.

En campaña electoral, el ahora presidente Chaves ofreció llevar el tema de las pensiones de lujo a referendo. Ese planteamiento implicaría limitar las potestades de los magistrados de la Sala IV en el análisis de la constitucionalidad de las reformas de pensiones.

Además, el artículo 105 de la Constitución Política prohíbe realizar referendos sobre materia de pensiones

La propuesta es impracticable porque las reglas esenciales del referendo no se pueden modificar por ley, ni siquiera mediante una consulta popular, porque están establecidas en la Constitución Política.

La única manera de cambiarlas es mediante una reforma constitucional, lo que exige un trámite de al menos dos años y el apoyo mínimo de dos terceras partes en la Asamblea Legislativa.

Una reforma a la carta magna, además, solo puede ser sometida a referendo si ya fue aprobada en primer debate en el Congreso y si al menos 38 diputados están dispuestos a llevarla a consulta popular.