Política

Cotizaciones para pensiones de Gobierno desaparecerán en pocos años

Consumen el 16% de los ingresos previstos; en pocos años se acabará la población cotizante y, con ello, aumentará la carga para los contribuyentes

Las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional costarán ¢922.800 millones en el 2022 y la Contraloría General de la República (CGR) advirtió de que seguirán siendo una carga pesada para las finanzas públicas por muchos años más.

El próximo año estas jubilaciones de exfuncionarios consumirán el 16% de los ingresos corrientes (¢6 billones) del Gobierno Central.

En este rubro se pagan, por ejemplo, 164 beneficios del régimen de Exdiputados, con un costo promedio mensual de ¢4,8 millones, así como más de 45.000 pensiones de educadores con un pago medio de ¢1,1 millones.

Un informe de la Contraloría General de la República señaló que, si bien el gasto en pensiones del 2022 registra una leve reducción en comparación con el año pasado, hay un factor preocupante que puede golpear a Hacienda en el corto plazo: en pocos años terminarán de pensionarse los funcionarios que tienen derecho a acceder a los beneficios de estos regímenes.

Para el 2022, los funcionarios cotizantes aportarán ¢85.700 millones (menos del 10% del gasto en estas pensiones), por lo que el déficit será de ¢837.100 millones. El faltante representa más de un 2% del producto interno bruto (PIB).

Cuando los servidores activos se jubilen, ya no existirán cotizaciones que ayuden a cubrir el gasto, lo que obligará al Gobierno a cubrir la totalidad de las pensiones.

Estas pensiones permiten a los beneficiarios retirarse con menos edad, con 50 años en algunos casos, por ejemplo, y recibiendo hasta el 100% del mejor salario.

Según la Contraloría, la ausencia de fondos y de nuevos cotizantes apunta a orientar las medidas de ajuste sobre los montos de las jubilaciones, la edad de retiro y las contribuciones de los mismos beneficiarios.

“En pocos años, no habrá población activa cotizante, siendo que los únicos ingresos de estos sistemas serán los que aporten los beneficiarios, por lo que, para cerrar el déficit, habría que reducir a cero el monto neto a percibir por cada titular. Dado que es inviable, el desbalance es inevitable”, sentenció el órgano contralor.

La mayoría de estos regímenes fueron cerrados en 1998 debido a su insostenibilidad. Aunque estos sistemas se acercan a su periodo de extinción con el paso de los años, eso no ocurrirá en el corto plazo, sostuvo la Contraloría.

“Durante un periodo aún considerable tendrán un peso significativo en el gasto, que se presupuesta a la baja. La declinación de la población asociada no es uniforme y existen algunos regímenes que aún siguen otorgando nuevos beneficios, de tal manera que, hasta el 2021, prácticamente no se presenta en conjunto una disminución”, afirmó.

De acuerdo con un estudio actuarial del Ministerio de Trabajo, los regímenes con cargo al presupuesto comenzarían a extinguirse en el año 2060, cuando ya no existan pensionados con dichos beneficios.

En esa década se cerrarán definitivamente los sistemas de pensiones de Músicos (2060), Comunicaciones (2063), Correos, Telégrafos y Radios (2064), Registro Nacional y Obras Públicas (2067).

Una década después sucederá lo mismo con los regímenes General de Pensiones (2071) y de Hacienda (2078), mientras que las pensiones de Exdiputados permanecerán vigentes, al menos, hasta el año 2084.

De acuerdo con el análisis elaborado por la Contraloría, el Estado apenas tendrá en el 2022 un modesto ahorro de ¢13.800 millones en el gasto de pensiones con cargo al presupuesto, en comparación con 2021. Esto representa una variación anual de apenas 1,5%.

Según el análisis elaborado por la Contraloría, para el presente año hay cerca de 62.300 exfuncionarios públicos y beneficiarios con estas pensiones y un pago promedio de ¢1 millón mensuales.

El 72,5% de ellos (45.190 pensionados) son exfuncionarios de la Educación Pública, amparados principalmente por el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional.

Existen pensiones contributivas, como las de Magisterio, Hacienda, Obras Públicas, Registro Nacional y Exdiputados; así como las no contributivas (en las que no existió ningún aporte), entre las que están las de Gracia, Guerra, Guardia Civil, Premios Magón y Beneméritos.

El rubro de pensiones del Presupuesto también obliga al Gobierno a pagar sistemas de prejubilaciones para exfuncionarios de Japdeva, Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) e Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop).

En el caso de los exservidores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), existen 198 beneficiarios que reciben un pago promedio de ¢1,2 millones mensuales. Según había informado la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), el Estado terminará pagando cerca de ¢20.000 millones para sostener ese sistema al cabo de 10 años, cuando se extinga el programa.

A partir de ese momento, los prejubilados de Japdeva pasarán a obtener la pensión de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Juan Diego Córdoba González

Juan Diego Córdoba González

Bachiller en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Estudiante de la Maestría en Comunicación y Mercadeo. Periodista de la mesa de Sociedad y Servicios de La Nación.