El Estado costarricense financiará, mediante impuestos y colocación de deuda, el pago de las pensiones de maestros y profesores universitarios por los próximos 70 años.
Asumir dicho costo implicará un gasto de ¢13,6 billones, entre este año y hasta el 2090, según el Estudio de Flujo de Caja del Régimen Transitorio de Reparto (RTR), de marzo anterior, elaborado por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema).
El monto estimado es el equivalente al 36% del producto interno bruto (PIB) de Costa Rica para este año.
Los contribuyentes financiarán el RTR prácticamente por un siglo, pues este régimen especial se creó por ley en 1992 y pagará la última pensión 98 años después, según el estudio hecho por la Dirección Actuarial de Jupema.
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El análisis proyecta para este año un gasto de ¢550.731 millones para las jubilaciones de 44.995 docentes.
La erogación continuará en ascenso, hasta el 2028, cuando sería de ¢589.107 millones.
En ese año está previste que se jubilen los últimos 12 docentes con derecho a pensionarse por el RTR, de las actuales 5.083 personas que aún trabajan.
A partir del 2029, la proyección es que los recursos previstos por el Ministerio de Hacienda para el sistema de reparto del Magisterio continuarán en descenso hasta el 2090, cuando no habrá jubilaciones por pagar.
El estudio también proyectó que los beneficiarios del régimen contribuirán, en los próximos 70 años, con ¢1,8 billones al sistema, es decir el equivalente al 12% del gasto total previsto en el estudio, para dicho periodo.
El aporte de los jubilados incluye la contribución regular al régimen, la solidaria y el impuesto sobre la renta.
El aporte de los jubilados sería menor sino se hubiera creado, en el 2019, el pago solidario para las pensiones de lujo, es decir aquellas mayores a ¢2.296.000.
El análisis actuarial de Jupema prevé que, dicha contribución genere ingresos a Hacienda por ¢463.251 millones en las próximas siete décadas.
Las proyecciones del estudio solo incluyen información de docentes del Magisterio Nacional y no del resto de regímenes con cargo al Presupuesto Nacional.
El RTR de los docentes se creó en 1992, cuando el Congreso cerró de manera definitiva 14 diferentes regímenes de jubilación, entre contributivos y no contributivos. Estos sistemas de jubilación se financian con fondos públicos.
Para este año, Hacienda previó un gasto por ¢1,1 billones en todos estos regímenes.
Los beneficiarios del fondo del Magisterio Nacional son para quienes trabajaron para el Ministerio de Educación Pública y universidades estatales, principalmente.
A estas personas, el Gobierno les efectuó, durante su vida laboral, las deducciones para el retiro. Pero nunca se constituyó el fondo de jubilación.
Las condiciones en las que se retiraron fueron mucho más beneficiosas. Por ejemplo, se podían jubilar con el último salario reportado durante la vida laboral. Dicha situación fue la que creó las pensiones de lujo.
De hecho, de los 552 personas cuyo monto bruto de pensión supera los ¢5 millones, 433 fueron docentes.
Una excatedrática de la Universidad de Costa Rica ostentaba, en julio pasado, una pensión bruta (sin deducciones) de ¢14,4 millones mensuales, según Hacienda.
Peso relevante
El estudio realizado por la Dirección Actuarial de Jupema es el acercamiento más reciente sobre el peso financiero del RTR en el Presupuesto Nacional.
Los docentes del RTR representan el 72% de los 62.513 personas jubiladas en los 14 regímenes de pensiones que se cerraron en 1992, entre fondos contributivos y no contributivos, según el Anuario Estadístico 2020, del Ministerio de Trabajo.
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“Una de las características más importantes de este régimen (del Magisterio) es que los trabajadores activos y pensionados pueden acceder a los beneficios por medio de tres distintas leyes (...) Por lo que conocer las características como la fecha de nombramiento o edad a la que inicio de labores son información de suma importancia”, se destaca en el informe de Jupema.
De hecho, el actuario Esteban Bermúdez recomendó crear una estrategia que permita identificar con mayor exactitud a las personas que aún tienen derecho de jubilación por el RTR.
En el estudio se hizo una proyección que determinó la existencia de 5.083 personas que aún se pueden retirar por el RTR.
De esa cantidad de futuros beneficiarios, un total de 3.941 laboran en el Ministerio de Educación Publica (MEP), 754 en universidades públicas, 195 en instituciones educativas privadas; y las restantes 193 personas en otras entidades estatales.
“La recomendación (en el estudio) surge para mejorar las proyecciones y análisis a nivel actuarial (…) y de esta manera evitar que en las proyecciones actuariales se le asigne una ley errónea al beneficiario, ya que la ubicación definitiva se determina en el momento del otorgamiento jubilatorio”, explicó Bermúdez.
Previo al estudio de Jupema, el último análisis efectuado sobre el costo financiero de los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional data de julio del 2013 y fue contratado por el Ministerio de Trabajo.
En ese momento, el informe previó que, a partir del 2020, comenzaría a reducir el costo financiero para el Estado, y previó la extinción de jubilaciones en el 2085; pero a un costo mucho menor para los contribuyentes.
Así nacieron las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional
Los regímenes especiales de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional se establecieron por ley, el 8 de julio de 1992, con el objetivo de cerrarlos y evitar que socavaran las finanzas públicas.
El problema de estos sistema fue que se crearon, en el siglo XX, sin ninguna base técnica para garantizar su sostenibilidad.
“Un aspecto que alertó a las autoridades para que, en 1992, se dispusiera a cerrar los regímenes fue la publicación de la Ley 7.013, del 18 de noviembre de 1985, la cual permitía a todos los servidores del sector público (…) pensionarse por alguno de los regímenes especiales”, se explica en el Informe Actuarial sobre los Regímenes Especiales de Pensiones con cargo al presupuesto Nacional, de julio del 2013.
Este es el único estudio efectuado, hasta el momento, que intentó conocer el impacto de estos regímenes en las finanzas públicas.
No permitir a más personas retirarse bajo algunos de estos sistemas era esencial porque algunos se caracterizan por un exceso de beneficios.
Por ejemplo, el trabajador público podría obtener una jubilación equivalente al último sueldo recibido.
En el caso de las pensiones de exdiputados se establecía una revalorizaban, cada año, de un 30%.
El estudio actuarial del 2013 recomendó una serie de cambios legales para frenar el alto costo de estas pensiones para el Estado.
Muchos de los portillos legales se corrigieron en reformas legales recientes. Ese que el caso de la revalorización de las jubilaciones de los exlegisladores que se eliminó en el 2017.
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La más reciente modificación, en el 2019, fue el establecimiento de una contribución solidaria para las pensiones de lujo en el Magisterio Nacional, es decir aquellas con un monto superior a ¢2.296.000 por mes.
Los regímenes especiales de pensiones están divididos en contributivos y no contributivos.
A diciembre del 2020, habían 62.513 personas jubiladas en estos sistemas que son supervisados por la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo.
Entre los fondos contributivos, destacan el del Magisterio Nacional que contaba con 44.995 beneficiarios al cierre del año anterior.
La pensión promedio mensual de este fondo es de ¢1,1 millones, según el Anuario Estadístico 2020, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
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Sin embargo, es el sistema que más pensionados de lujo posee. Un total de 433, de 552 personas con pagos mensuales superiores a ¢5 millones, según el Ministerio de Hacienda.
El régimen de exdiputado está entre los que menos jubilados posee, 174 personas, pero tienen una pensión promedio de ¢4,7 millones.
Los jubilados por el sistema de Hacienda son 6.106, cuya pensión promedio es de ¢986.944.
Entre los pensionados de regímenes no contributivos destacan los expresidentes de la República que tienen un beneficio promedio de ¢3,7 millones por mes, según el informe del MTSS.
El último sistema creado fue, en el 2019, el de prejubilados de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Se trata de 213 extrabajadores, mayores de 55 años, quienes reciben un beneficio mensual promedio de ¢1,2 millones, que se les pagará hasta que cumplan con la edad y con las cuotas para pensionarse por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Entre el régimen especial de mayor antigüedad está el de quienes participaron en la Guerra Civil de 1948.
Este aún cuenta con 1.958 jubilados, entre directos y quienes heredaron el beneficio, y reciben un monto mensual de ¢136.300.