El exceso de beneficios de jubilación, de las pensiones financiadas por el Presupuesto Nacional, son una costosa factura anual para el Estado.
Retirarse con el último salario recibido, la revalorización del monto de la pensión un 30% cada año o como si la persona aún trabajara, junto con la posibilidad de que las hijas solteras hereden, de por vida, la jubilación de los padres, son algunas de las razones del alto gasto de estos regímenes.
Para este año, el pago de las pensiones, de casi 60.000, ascenderá a ¢709.969 millones, según los recursos presupuestados por el Ministerio de Hacienda. Este gasto equivale al 2,5% del producto interno bruto (PIB) de Costa Rica en el 2015.
Dicho monto de dinero es un 15% más de lo que la Caja Costarricense de Seguro Social destinó, en el 2014, para el pago de la jubilación de 217.000 personas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Jerarcas de la Superintendencia de Pensiones (Supén) y del Ministerio de Trabajo coinciden en que los beneficios excesivos de jubilación, sin ningún soporte técnico, junto con la inexistencia de una reserva de dinero son las causas que obligan al Gobierno a financiar estas pensiones.
La Dirección Nacional de Pensiones, adscrita a Trabajo, administra los 18 sistemas de pensiones financiados en un 90% con ingresos tributarios.
El régimen transitorio de reparto del Magisterio Nacional, el de Hacienda y el de los exdiputados son los sistemas que más recursos absorben.
La mayoría de estos sistemas de jubilación fueron creados en el siglo XX y no hubo ninguna justificación actuarial para otorgar los privilegios, aseguró Pablo Sauma, especialista en temas de seguridad social.
“El pecado original fue que nunca se crearon los fondos de reservas para pagar las pensiones, pese a que las leyes que crearon los regímenes obligaban al Gobierno a hacerlo”, dijo Sauma.
Abusos. Alfredo Hasbum, viceministro de Trabajo, dijo que no hay ninguna justificación para que la pensión de los exdiputados, por ejemplo, se actualice 30% al año, cuando la inflación es 5%.
“Es un abuso cuando el cálculo de los montos originales de pensiones y las revaloraciones no tienen un sustento financiero-actuarial, lo que lleva a que esos excesos deban ser financiados por el Presupuesto Nacional”, enfatizó Hasbum.
Los ministerios de Trabajo y Hacienda buscan, actualmente, la manera de aminorar la factura de los regímenes de pensiones financiados a cargo del Presupuesto Nacional.
Sin embargo, los derechos adquiridos de los jubilados directos y de los familiares que pueden heredar las pensiones impiden realizar ajustes en las leyes.
De los 60.000 beneficiarios de pensiones 9.319 son sobrevivientes, con lo cual hay un número alto de personas que aún poseen derecho, según datos de la Superintendencia.
“Los beneficios están establecidos y los regímenes están cerrados; por tanto, resulta muy difícil realizar cambios en las condiciones de pensión”, aseguró Édgar Robles, jerarca de la Supén.
“Los jubilados aportan un 9% al régimen por ley, pero se puede modificar por vía legal y aplicarse a pensiones otorgadas y por otorgar si coadyuve en la sostenibilidad”, enfatizó Robles.
Pese a que los regímenes tienen más de dos décadas cerrados, hay cerca de 10.000 docentes y casi 2.000 funcionarios de gobierno con derecho a retirarse en estos sistemas.
