El Gobierno les pidió a los diputados eliminar la norma que ordena congelar las plazas que queden vacantes en el Poder Ejecutivo y que, a la vez, ordena suprimir la totalidad del contenido presupuestario de estos puestos.
Se trata de una norma incluida por los diputados anteriores en el Presupuesto Nacional del 2022, la cual también impide crear plazas en los ministerios y en sus órganos desconcentrados sin previa autorización de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.
Dicha disposición incluye ciertas flexibilidades para el primer semestre, por lo que sus efectos en el ahorro se verían durante la segunda parte del año.
A modo de ejemplo, una disposición similar generó un ahorro de ¢5.000 millones en el 2020 al eliminar 2.200 plazas vacantes.
Luego, durante el primer semestre del 2021, aún con ciertas flexibilidades, el ahorro ascendió a casi ¢9.300 millones. Sin embargo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) reportó problemas para sustituir docentes jubilados, despedidos, que renunciaron o fallecieron.
Alegato del Gobierno
La administración de Rodrigo Chaves solicitó eliminar la norma en el segundo presupuesto extraordinario del 2022 enviado el Congreso. Alega que se trata de una norma atípica que rebasa el principio de legalidad. Además, se queja de que la implementación afecta la calidad de los servicios públicos que prestan las instituciones del Gobierno.
El Poder Ejecutivo sostiene que el legislador no puede ordenar en el Presupuesto la eliminación de plazas vacantes, dado que fueron creadas “al amparo de normas legales, cuyo contenido presupuestario es lo único que se incluye en las leyes de presupuesto, pero que los actos de creación están autorizados en la legislación ordinaria o especial”.
“La naturaleza de las plazas aludidas además es de carácter indefinido, no pudiendo una norma de ejecución presupuestaria, anual y típica, ordenar su eliminación.
“En la misma legislación ordinaria, se encuentran las habilitaciones para la creación o eliminación de plazas, materia propia por reserva de ley, del Poder Ejecutivo y que se consolida en el Poder Legislativo cuando a propuesta del primero se llevan para el acto final de creación o eliminación que surge de norma legal”, añade el Ministerio de Hacienda en el proyecto de presupuesto extraordinario enviado a la Asamblea Legislativa.
Lo hecho por los diputados
Los diputados anteriores introdujeron la norma en el Presupuesto Nacional de este año, con ciertas flexibilidades como habilitar el uso de esas plazas durante el primer semestre.
Además, sacaron de las restricciones, entre el 8 de mayo anterior y el 31 de julio próximo, las vacantes de confianza y regímenes sin oposición en los ministerios y en la Presidencia de la República.
Pide derogar otras 5 normas
En el segundo presupuesto extraordinario del 2022, presentado el 22 de junio en la Asamblea, el Gobierno pide derogar otras otras cinco más que controlan el gasto en el presupuestos.
Una de estas obliga a todos los órganos que conforman el Presupuesto Nacional a renegociar los contratos de alquiler si el estudio sobre el costo-beneficio es negativo para la institución y exige descontar el ahorro de la deuda pública.
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Durante el año 2021, el Ministerio de Hacienda reportó un primer ahorro en contratos de alquiler por ¢705 millones y un segundo por ¢441 millones.
Otra norma que el Ejecutivo pide eliminar, la número 1, impide a los órganos que integran el presupuesto, con algunas excepciones, destinar los remanentes de las subpartidas de remuneraciones para incrementar otras partidas del gasto público.
En tanto, la número 13 exige a los jerarcas de los órganos suplir, en primera instancia, algunas necesidades de contratos de servicios mediante el recurso humano existente en las instituciones o mediante convenios de cooperación con otras entidades públicas.
Para el Gobierno, mediante la Ley de Presupuesto, se prevé los ingresos probables del Gobierno Central y los gastos posibles, por lo que concluye que las normas de control presupuestarias están fuera de ese ámbito. En todo caso, añade, esas regulaciones deben ser aprobadas mediante ley ordinaria.
“Lo que se procura, empero, con la derogatoria que nos ocupa en este numeral, es ajustar a derecho el mecanismo y diseño de las normas presupuestarias que garanticen la más eficiente ejecución de los recursos autorizados en la Ley de Presupuesto (tipicidad), sin perjuicio del marco legal imperante (legalidad)”, añade la justificación de Hacienda, que aporta resoluciones de la Sala Constitucional y de la Procuraduría General de la República (PGR), así como de leyes vigentes.
