EscucharEl gerente financiero del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Juan Carlos Pacheco, les argumentó a los diputados que eliminar las pensiones exclusivas desmotivaría a los funcionarios y pondría a la empresa estatal en desventaja frente a la competencia.
“Eliminar este tipo de cosas nos deja en desventaja como institución para la atracción de personal, de talento humano para la institución, ya que la competencia de otras empresas tiene esos beneficios u otros”, aseveró Pacheco ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, donde se discute un proyecto para derogar los regímenes especiales de cinco instituciones (21.824).
“Con respecto a la eventual de desmotivación del personal, en realidad el ICE no tendría una herramienta para atraer personal tal y como está redactado el proyecto, porque sería una doble afectación a los funcionarios, por un lado al fondo de pensión y por otro lado al Fondo de Garantías y Ahorros.
“Efectivamente, no está medido cuál sería el impacto en las personas, pero sí podemos decir que, para el funcionario, efectivamente sí generaría problemas para atraer personal en el futuro.
“La situación ha venido cayendo fuertemente; la planilla de la institución en los últimos cinco años ha venido disminuyéndose más o menos en 400 personas por año. Entonces, en algún momento la institución tiene que comenzar a traer personal”, dijo el gerente.
El fondo complementario especial del ICE fue creado en 1990 y está administrado por una junta administrativa. Solo en el año 2021, el ICE debió depositar ¢8.770 millones por contribuciones para estas pensiones. El Instituto aporta un monto equivalente al 4,5% del salario de cada funcionario y el trabajador aporta un 1%.
El fondo es colectivo, es decir, no posee una cuenta individualizada para cada persona.
El régimen ICE beneficia a 4.600 jubilados y posee 11.300 cotizantes activos, los cuales deberían ser indemnizados si los diputados aprueban la iniciativa de ley.
Según el gerente del ICE, este proyecto de ley también afectaría el Fondo de Ahorro y Garantía que posee esta institución, pues la iniciativa propone que el aporte del Instituto, para este fondo, baje de un 5% a un 0,5% del costo de la planilla.
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Pacheco agregó que la pensión promedio de los pensionados del ICE es de ¢280.000 y que el 27% de los pensionados reciben más de ¢500.000 mensuales. El salario de referencia que se toma para pagar la pensión es el promedio de los últimos cinco años y, según las estimaciones de la institución, la reserva se agotaría en el 2091.
El proyecto de ley, para derogar estos regímenes de pensiones, fue presentado por Yorleny León Marchena, exdiputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y actual ministra del Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas).
La exposición de motivos del plan sostiene que Costa Rica posee un complejo y fraccionado sistema jubilatorio compuesto por diversos fondos básicos que tienen cotizaciones y beneficios muy distintas, permitiendo que hayan personas “multipensionadas”.
Además, exige a instituciones estatales aportes muy por encima de los del resto de patronos. Por ejemplo, el Banco de Costa Rica (BCR) desembolsa el equivalente a un 10% del salario de cada trabajador.
Hasta el 2020, el fondo de pensiones especiales del ICE estuvo exento de aportar para el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). En ese año, se le empezó a cobrar una tarifa rebajada de un 1,5%.
El ROP se nutre con aportes equivalentes al 4,25% de cada salario reportado a la Caja Costarricense de Seguro Social. De este porcentaje, un 1% es aportado por el trabajador y el 3,25% restante lo paga el patrono. Sin embargo, el ICE paga menos que el resto de patronos públicos y privados.
