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Warner Molina, fiscal general de la República a. i, declaró este martes que el sistema de inteligencia financiera del país es incapaz de detectar y exponer a los grandes lavadores de dinero de origen ilícito; “es poco eficaz, no es funcional”, aseguró.
El jerarca interino del Ministerio Público emitió su declaración durante una sesión de la Comisión especial investigadora sobre la penetración del narcotráfico en la zona sur, donde compartió mesa con las exfiscalas Emilia Navas e Ileana Mora.
Según Molina, si el sistema de prevención antilavado que aplican las entidades financieras del país es tan poco eficaz para detectar a los grandes legitimadores, “menos es posible exponer a aquellos que dan apoyo a las campañas electorales, ya sean nacionales o municipales”.
“Por eso hay pocos casos en investigación”, dijo el fiscal ante los diputados.
El jerarca explicó que, actualmente, el sistema busca simplemente cumplir con una cuota de reportes de operación sospechosa (ROS) y que, a partir de estos reportes, se abren casos judiciales que no llegan a nada.
“Al banco le conviene reportar ante la Unidad de Intervención Financiera (UIF) los malos clientes, de bajo perfil, que no son atractivos en el portafolio de negocios y, de esa forma, se satisfacen estadísticamente los requerimientos”, explicó Molina.
El fiscal general aseguró que cada reporte de operación sospechosa es enviado a la UIF, dependencia del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), para dar la apariencia de estar cumpliendo la norma antilavado, porque se cumple con una cuota de reportes, al menos formalmente.
“La UIF parece conformarse con esa cuota de ROS y agrega datos que provienen de fuentes abiertas y otras bases de datos, que generan un informe de inteligencia de la UIF, que es confidencial y se remite al Ministerio Público. Por eso, el sistema de prevención es poco eficaz, no funcional, por más que lo promueva el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)”, dijo el jerarca.
Según Warner Molina, la realidad dice que los grandes lavadores de dinero ilícito no son detectados, o bien, son detectados pero no reportados, “por más sospechosas que resulten sus operaciones financieras”.
“Prueba de ello son las recientes sanciones a dos bancos por incumplir la normativa antilavado. Si la Sugef (Superintendencia General de Entidades Financieras) es más acuciosa y coordina acciones con la UIF, seguramente habría más entidades financieras sancionadas”, sentenció el jerarca del Ministerio Público.
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El lavado de dinero, o legitimación de capitales, consiste tomar fondos que son producto de un crimen, como el narcotráfico, el fraude o la extorsión, e invertirlos en una actividad legal en la que se generen recursos, aunque se pierda una parte del dinero en el proceso. Tales son los casos de las compras de propiedades, por ejemplo. De esa manera, el dinero se legaliza.
El fiscal también dijo que los sistemas de prevención antilavado de los países son evaluados por el GAFI y, recientemente, Chile fue puesto a prueba y no pasó el examen de efectividad. “Costa Rica va a ser evaluado pronto y dudo mucho que pueda salir airosa. Lo digo con franqueza y con tristeza”, dijo.
Molina, quien se ha especializado en el ámbito de la legitimación de capitales, agregó que antes se abría un expediente judicial por cada ROS que les enviaban de la UIF y eso generaba una gran cantidad de causas que, luego de uno o dos años de indagaciones en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), terminaban en nada.
“Lo que llega por esa vía al Ministerio Público no tiene mucho futuro y es un enorme desgaste desde el punto de vista de investigación”, dijo el fiscal general. “En esa materia hay más sinsabores que alegrías”, adujo.
De acuerdo con Molina, se están realizando varias propuestas a la UIF, en conjunto con la Cámara de Bancos, para hacer algunas reformas en el sistema y el marco normativo antilavado.
En cuanto al financiamiento de los partidos políticos, el fiscal general aseguró que debe fortalecerse y priorizarse el trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en ese tema, sobre todo para el control previo y posterior sobre el financiamiento de campañas.
“Se podría pensar en la figura de un oficial de cumplimiento a lo interno de los partidos, que tenga la obligación de hacer reportes de operaciones sospechosas. Esa podría ser una alternativa”, manifestó.
