El lunes 13 de abril, el Gobierno presentó de nuevo el segundo presupuesto extraordinario del 2020 y anunció que contenía una reducción de gastos por ¢328.000 millones.
Al día siguiente, Liberación Nacional (PLN) afirmó, durante la comparecencia del ministro de Hacienda, Elian Villegas, que la reducción neta en el gasto es de ¢196.000 millones y no la cifra expuesta por el Ejecutivo.
Lo cierto es que una cosa lleva a la otra. La reducción de gastos por ¢328.000 millones permitirá una rebaja neta por ¢196.000 millones en el presupuesto. Esta es la explicación del porqué:
El presupuesto extraordinario registra una caída de ¢1,28 billones en los ingresos corrientes del Gobierno para el 2020, principalmente en la recaudación de los impuestos a las utilidades de las empresas, a las importaciones y a las ventas de bienes y servicios.
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A la vez, el Gobierno registra nuevos ingresos por ¢213.000 millones provenientes, por ejemplo, de una partida de ¢75.000 millones del INS para subsidiar a los afectados por la pandemia con bonos Proteger, así como ¢15.000 millones de los precios de los combustibles para los damnificados. Otros impuestos también mejoran en la expectativa de recaudación.
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La diferencia entre la caída de ingresos y estos recursos nuevos deja al Presupuesto con un nuevo monto descubierto de ¢1,07 billones.
¿Cómo propone el Gobierno cubrir esa diferencia?
El Ejecutivo plantea tres medidas:
1-Aumentar en ¢664.000 millones el límite de endeudamiento
2-Utilizar ¢217.000 millones del crédito internacional del BID-AFD aprobado por la Asamblea
3-Aplicar una reducción neta de casi ¢196.000 millones en el gasto público
Sin embargo, para lograr esa última rebaja, es necesario disminuir los gastos en un monto mucho mayor, porque a la vez es necesario destinar recursos para atender la pandemia.
Entonces, el Gobierno plantea una reducción de gastos por ¢328.000 millones al tiempo que aumenta rubros para la emergencia por ¢132.000 millones.
La diferencia entre esa reducción y ese aumento arroja la rebaja neta de ¢196.000 millones.
Dicho de otra manera, si el Gobierno no propone la rebaja, pero de todas maneras debe cubrir los gastos de la pandemia, el presupuesto extraordinario habría implicado un aumento mucho mayor en el endeudamiento para poder cubrir los gastos.
Las reducciones de gastos
En este segundo presupuesto extraordinario, el Ministerio de Hacienda plantea reducir partidas por ¢339.700 millones y aumentar otras por ¢11.667 millones para obtener la disminución de ¢328.000 millones, sin contar con los gastos asociados a la pandemia.
Dentro de los gastos que se recortarían, están ¢50.000 millones en el pago de intereses de la deuda, ¢38.200 millones en la transferencias a las universidades públicas, ¢20.160 millones en los giros al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y ¢11.650 millones al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
A su vez, se reducen en ¢51.000 millones las transferencias que corresponden a destinos específicos.
Los destinos específicos son aportes obligatorios que, por ley, el Gobierno debe hacer a diversas instituciones. Usualmente, los montos son definidos como porcentajes de la recaudación de un impuesto.
En vista de que la recaudación de los principales tributos cayó, entonces también bajan los montos destinados a ciertas instituciones.
Así, por ejemplo, bajan en ¢22.780 millones las transferencias específicas a las municipalidades por las caídas en los impuestos a los combustibles y al turismo.
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En cuanto a las partidas que aumentarían, las principales son ¢3.000 millones para las pensiones del Régimen No Contributivo de la CCSS, las cuales se destinan a adultos mayores en pobreza, así como ¢2.175 millones para el proyecto de conectividad de centros educativos, ¢1.021 millones para alimentación de escolares y ¢1.000 millones para sostener la operación del tren del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
Gastos asociados a pandemia
Para atender la pandemia, el Presupuesto asigna los siguientes rubros:
-¢50.000 millones para el bono Proteger, provenientes del aporte de ¢75.000 millones del Instituto Nacional de Seguros (INS) aprobado por el Congreso.
-¢25.000 millones para subsidiar a otros afectados por la crisis, mediante subsidios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); ese monto se financiaría con el resto del aporte del INS.
-¢14.915 millones también para subsidios del IMAS provenientes del diferencial en el precio de los combustibles aprobado por el Congreso para atender la pandemia.
-¢42.833 millones, provenientes del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para compensar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por la reducción en la base mínima contributiva, a partir de la cual una persona se puede asegurar, la cual fue reducida con motivo de la pandemia.
Uso del resto de los préstamos
El Congreso aprobó un préstamo de ¢131.612 millones del BID y otro de ¢85.728 millones de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Del crédito del BID, en vista de que destinaron ¢42.833 millones a la CCSS, los restantes ¢88.779 millones se aplicarían a la amortización de deuda pública, sustituyendo la colocación de nueva deuda interna, que es más cara.
Lo mismo ocurriría con la totalidad de los recursos del crédito de la AFD.