En una sesión que se extendió por más de cuatro horas, diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios cuestionaron la propuesta de recorte al Presupuesto Nacional 2020 a los ministros de Hacienda y Planificación, Elian Villegas y Pilar Garrido.
En ese plan, el Poder Ejecutivo plantea un recorte de gastos por unos ¢328.000 millones al gasto público, así una ampliación en el límite de endeudamiento por ¢664.000 millones para tapar el hueco presupuestario de casi ¢1,2 billones generado por la caída en los ingresos corrientes.
Los legisladores cuestionaron la disminución en transferencias a las Juntas de Educación y la calificación como recorte a la reducción de ¢50.000 millones en el pago de intereses por el canje de deuda externa por interna.
Los congresistas también criticaron que la propuesta destine ¢1.000 millones para la operación del tren operado por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
La diputada Ana Lucía Delgado, del PLN, consideró que el recorte neto no es de ¢328.000 millones, como lo anunció el Gobierno, sino de ¢195.500 millones que resulta al desincorporar gastos asociados a la rebaja de ingresos, así como la inclusión de otros gastos provenientes de nuevos recursos.
Sobre esos cuestionamientos, Villegas, respondió: “Es evidente que la pandemia va a provocar un gasto extraordinario, por eso estamos incurriendo en un recorte extraordinario. La reducción es de ¢275.505 millones que estamos señalando y hay ¢50.000 millones adicionales que tienen que ver con la reducción del pago de intereses”.
Por su parte, Pilar Garrido recordó que parte de los egresos en este contemplados en este presupuesto extraordinario, son recursos que los diputados aprobaron para atender a la pandemia.
Entre ellos, añadió la jerarca, figuran ¢75.000 millones cedidos por el Instituto Nacional de Seguros (INS) para el bono Proteger, a los que se sumarían casi ¢15.000 millones del diferencial del impuesto a los combustibles.
Además, mencionó que se incluyeron ¢45.800 que irían a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de ellos ¢3.000 millones para pensiones a familias pobres dentro del Régimen No Contributivo.
En su misma intervención, Delgado reprochó que en el primer presupuesto extraordinario se aprobó la eliminación de recursos por varios meses de casi 5.000 vacantes en el Ministerio de Educación Pública (MEP) y, solo a cinco, se les eliminó el presupuesto hasta diciembre de 2020.
En este segundo presupuesto extraordinario, continuó la legisladora, aparece otra disminución de casi 5.000 plazas vacantes del MEP que se quitan de un programa y que, a la vez, son retomadas dentro del proyecto de Tercer ciclo de educación diversificada técnica.
“Es decir, no hay un recorte ni un ahorro en materia de plazas vacantes. Lo anterior no solo contradice la norma presupuestaria número 12, que es Ley de la República, sino que, además, establece que el contenido presupuestario de toda plaza vacante no utilizada durante el primer semestre del 2020, se debe rebajar en el presupuesto extraordinario y reducir los recursos presupuestarios del servicio de la deuda”, afirmó Delgado.
Villegas respondió que le trasladaría la consulta a Giselle Cruz, ministra del MEP, pero que, de acuerdo con lo justificado por la jerarca de Educación sobre vacantes del primer presupuesto extraordinario, 525 de esas plazas no se incluyen en la cantidad de puestos nuevos autorizados, porque no están aprobados por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.
En ese sentido, según dijo Villegas, la ministra indicó que ese dinero se devolvió a Hacienda durante el primer semestre del 2020.
Los diputados Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional (PRN); Harllan Hopelman, del bloque Nueva República; y Gustavo Viales, del PLN, mostraron su inconformidad por el recorte de algunas partidas.
Avendaño y Hopelman mencionaron que la reducción abarca a juntas de educación, fundaciones, asociaciones de desarrollo y contribuciones sociales. En asociaciones de desarrollo, por ejemplo, se propone un recorte ¢5.600 millones.
“¿Han previsto el impacto de esto, precisamente, siendo las asociaciones de desarrollo las que están en las comunidades y en este momento ayudan a paliar necesidades de los barrios comprando y distribuyendo alimentos?”, preguntó el restauracionista.
El ministro de Hacienda respondió que entiende lo que se plantea sobre las asociaciones de desarrollo.
No obstante, citó que el artículo 15 del capítulo sobre responsabilidad fiscal de la reforma tributaria, establece que si la deuda del Gobierno Central asciende al 50% del PIB nominal, Hacienda podrá presupuestar y girar los destinos específicos contemplando los niveles de ingresos corrientes, el porcentaje de ejecución presupuestaria y de superávits libre de las entidades beneficiarias.
“Nosotros hemos tenido que revisar mucho la disponibilidad de ingresos y, por eso, se termina afectando a instituciones que como las asociaciones de desarrollo, estoy seguro, terminan dando un buen uso a los fondos”.
“El problema para nosotros, en el Ministerio de Hacienda, es que no tenemos todo ese dinero para distribuir. Sin entregamos todos los dineros, no estaríamos realizando, prácticamente, ningún recorte. Se hace desde la perspectiva de que los ingresos corrientes no son suficientes para seguir cubriendo la misma cantidad de gastos”, respondió el ministro.
El diputado Gustavo Viales manifestó su inconformidad en el sentido de que Hacienda justifica alguna reducción en los recortes en las transferencias por destinos específicos, bajo el argumento de que se debe a una caída en los impuestos que la generan.
No obstante, según el liberacionista, en este presupuesto se rebaja un giro por ¢930 millones a las municipalidades pero la recaudación del impuesto a la caja de banano exportado, que es de donde se origina el fondo, no ha caído.
En tanto, Maria Inés Solís y Óscar Cascante, legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), criticaron que la propuesta plantee destinar ¢1.000 millones al gasto corriente de Incofer, mientras se recortan otras partidas sociales.
Al respecto, Villegas afirmó que este cambio se hace porque el Incofer ha reportado una disminución de ingresos debido al confinamiento de las personas. “La institución indica que lo que recaudaba en un día, antes de la pandemia, ahora lo recauda en una semana por la venta de tiquetes”, afirmó el ministro.
Cascante, también, cuestionó que el gobierno no le dé mayor impulso al proyecto de Hacienda Digital, el cual permitiría renovar los sistemas de recaudación de impuestos de esa cartera y combatir la elusión y evasión.
El socialcristiano dijo que la evasión en el país es “muy grande”. El presidente del Congreso, el restauracionista Eduardo Cruckshank, también urgió al gobierno combatir la evasión e impulsar esa iniciativa que se financiaría con un crédito internacional.
Garrido respondió que Hacienda Digital es uno de los proyectos de importancia para el gobierno, al cual se le ha dado el debido impulso.
Silvia Hernández, legisladora del PLN y presidenta de la comisión de Hacendarios, afirmó que las medidas de reducción son temporales y no estructurales. Señaló la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES), que permite a las universidades públicas ceder al gobierno ¢35.000 millones.
Empero, el Ejecutivo deberá devolver esos fondos entre los años 2021 y 2025. “Ese no es recorte”, cuestionó.
Finalmente, Nielsen Pérez, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), destacó la inclusión de recursos en este presupuesto para atender la pandemia, entre ellos el bono Proteger.
“No es un presupuesto que a uno le alegre. De ninguna manera. Es el resultado de una circunstancia excepcional, retadora y que requiere de esfuerzos de alguna magnitud. No se trata de que las instituciones reciban menos, sino es el resultado de circunstancias nada deseables y nos pone de frente a desafíos que se deben de tomar frente a esas circunstancias”, añadió por su parte, Laura Guido, también del PAC.
‘El mayor de los éxitos’
Por su parte, el ministro Villegas, destacó el esfuerzo hecho por su cartera en el apartado de las reducción, que incluyen partidas de los ministerios, disminución de transferencias y rebaja en gastos de viajes, así como en rubros como publicidad.
También, resaltó la inclusión de gasto social, sobre de recursos para afrontar los efectos económicos de la pandemia.
Sobre los ¢664.000 millones de endeudamiento que se solicita, dijo que no es deuda nueva, sino que forma parte del plan de financiamiento del año 2020, que consiste en acudir a deuda interna, la cual es más cara, para luego sustituirla por deuda externa, que generalmente es más barata.
“A título personal lo considero el mayor de los éxitos, más allá del recorte, es el mayor de los éxitos. En vez de pedir (prestado) casi 1,2 billones, pedimos ¢664.000 millones. Prácticamente estamos casi ¢500.000 millones por debajo de lo previsto”, expuso.
Asimismo, aseveró que si se aprueba este segundo presupuesto extraordinario, la expectativa del incremento del déficit fiscal volvería a situarse en 8,6% con relación al producto interno bruto(PIB), en vez de los 9,7% calculado por su cartera la semana pasada.