Jeannette Carrillo, exdirectora del Instituto de Educación en Derechos Humanos de la Defensoría de los Habitantes, lamentó los hechos que rodearon la decisión de la defensora, Catalina Crespo, de romper el convenio de cooperación de lucha contra el VIH entre esta institución pública y la organización Hivos.
“Como dijo una estimable compañera de la Defensoría, ́'después de esta gestión, la Defensoría queda herida de muerte, va a ser muy difícil levantar su imagen de nuevo’”, declaró Carrillo.
El 23 de marzo, Catalina Crespo alegó que el convenio le demandaba recursos económicos y que tenía impedimento legal para continuar, aunque carecía de un estudio jurídico específico sobre esta cooperación.
Adicionalmente, la defensora presentó una denuncia contra Jeannette Carrillo por un supuesto conflicto de intereses, al señalar que un pariente suyo formó parte de una organización no gubernamental subreceptora de la ayuda de Hivos.
Hasta finales del año pasado, cuando se pensionó, Carrillo se encargaba de coordinar la labor de la Defensoría en el convenio.
No obstante, este 19 de marzo, el Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH, la Tuberculosis y la Malaria, el cual le otorgó un financiamiento a la organización Hivos para desarrollar su labor en Costa Rica, descartó tal conflicto de interés.
El Fondo concluyó que la Defensoría no formó parte del comité encargado de la selección subreceptores de la cooperación de Hivos, sino que su labor se restringía a ser una “contraparte en el tema de incidencia política del proyecto en el contexto de VIH en el país”.
Básicamente, la Defensoría apoyaba programas de capacitación sobre los derechos de las personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de la población LGTBI, tanto a funcionarios públicos como a la sociedad civil.
Luego de que el Fondo Mundial concluyó en Ginebra, Suiza, que las anomalías denunciadas por la defensora no existen, Jeannette Carrillo afirmó: “Espero que este lamentable episodio no tenga repercusiones negativas en las difíciles condiciones que enfrenta el país para calificar como receptor de cooperación técnica y financiera no reembolsable”.
La exfuncionaria denunciada por Crespo agregó: “No quisiera pensar que estas sean represalias impulsadas desde la Defensoría por el papel responsable y protagónico que jugué, meses atrás, solicitando la investigación de la Asamblea Legislativa para la destitución de la señora Catalina Crespo de su cargo, de lo cual estoy cada vez más convencida”.
Durante el 2020, la entonces directora del Instituto de Educación en Derechos Humanos fue una de las funcionarias que declaró, en el Congreso, en el marco de la investigación para decidir si se ameritaba la destitución de la defensora de los Habitantes.
Al final, diputados de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN) y Nueva República (PNR) descartaron negligencia en las actuaciones de Crespo y decidieron mantenerla en el cargo.
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Tras el anuncio del Fondo Mundial, Carrillo también criticó que la jerarca de la Defensoría involucrara a personas cercanas en este caso “sin justificación alguna”, así como las repercusiones para las poblaciones LGTBI, personas con VIH y mujeres tras.
“Lamento profundamente que los cuestionamientos realizados hayan tenido repercusiones en las relaciones entre las organizaciones LGTBIQ + y las personas líderes de estos colectivos, junto a un indiscutible debilitamiento de la magistratura de influencia de la Defensoría, además de dañar sin justificación algunas honras ajenas y lastimar familias como la mía. Soy una funcionaria pública de carrera con más de 45 años de trabajo a favor de la igualdad y la justicia social”, dijo.
“Una vez más se confirma que el equipo de dirección integrado por esta servidora y por la señora Tatiana Mora, hoy defensora adjunta de los Habitantes, actuando de manera conjunta en el marco del Proyecto de prevención combinada del VIH en Costa Rica, nunca tuvo ninguna participación en los procesos e instancias establecidas para seleccionar, contratar, dar seguimiento y aprobar los pagos de los entes llamados subreceptores, como lo han expuesto por las autoridades institucionales de la DHR”.
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Este 10 de marzo, la Fuerza Pública intervino en una manifestación en las afueras de la Defensoría de los Habitantes, donde personas protestaban contra la decisión de la defensora de romper un convenio con Hivos.
Según Fuerza Pública, no se presentó ningún altercado violento ni se efectuaron detenciones, pues se trataba de un grupo pacifico.
Esa misma tarde, la Defensoría emitió un comunicado denunciando que se produjeron actuaciones violentas que ameritaron que la defensora se retirara por la puerta trasera del edificio.
“Al ingresar al edificio central, ejercieron violencia verbal y violencia física contra un funcionario y contra las instalaciones. Por lo cual, la defensora decidió retirarse del edificio en resguardo de su integridad física”, dijo la Defensoría.
En este mes de marzo la jerarca también intentó eliminar el consultorio jurídico de la Defensoría que brinda ayuda legal a personas de bajos recursos, alegando que no contaba con dinero, pese a que la Asamblea Legislativa le otorgó ¢15 millones para ese fin.
Sin embargo, la Universidad de Costa Rica (UCR), institución encargada de aportar el personal para esa oficinal de ayuda legal gratuita, convenció a Crespo de no romper el servicio.
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