La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, cerró el consultorio jurídico que brindaba asesoría legal gratuita a personas de escasos recursos en la Defensoría de los Habitantes.
Este consultorio jurídico estaba compuesto por una abogada y 20 estudiantes de último grado de Derecho que daban sus servicios, de forma gratuita, como parte de un convenio entre la Defensoría de los Habitantes y la Universidad de Costa Rica (UCR).
Según datos de esta oficina, el consultorio brindaba asesoría jurídica a unas 600 personas por mes y cuenta con alrededor de 200 procesos penales abiertos, los cuales quedaron en riesgo tras la decisión de Crespo.
La justificación de la jerarca, para cerrar la oficina, es la escasez de dinero; asegura que los recortes presupuestarios de este año impiden mantener el convenio.
En un comunicado de prensa difundido este lunes, Crespo dijo que la Defensoría no puede disponer de los ¢15 millones previstos en el Presupuesto Nacional del 2021 para mantener la ayuda.
“Ante los fuertes recortes presupuestarios aplicados a la Defensoría de los Habitantes para este año, de ¢259 millones de colones; la institución se ha visto en la urgencia de continuar prestando sus servicios con menos fondos; razón por la cual ha tenido que implementar acciones de bajos costos pero con alto impacto”.
“En esa necesidad de hacer una gestión más eficiente de los recursos, la Defensoría ha tenido que tomar decisiones como suspender el convenio que mantenía con la Universidad de Costa Rica (UCR) con un costo para la institución de ¢15.059.156 por el funcionamiento de los consultorios jurídicos”, dice el escrito.
Pese a los recortes aprobados por la Asamblea para el presupuesto de la Defensoría, los diputados sí aprobaron una partida específica, con los fondos requeridos, para mantener el consultorio jurídico.
En la página oficial del Ministerio de Hacienda, se encuentra el presupuesto de la Defensoría, el cual contiene la partida N°60103 de ¢15 millones para la asesoría legal de personas en vulnerabilidad.
Este órgano, sin fines de lucro, ayudaba a los costarricenses que no contaban con fondos para sus procesos legales desde la década de 1990.
La oficina se encontraba dentro de las instalaciones de la Defensoría de los Habitantes, ubicada en Barrio México, San José.
Preocupación por beneficiarios
Mónica Sancho, abogada encargada del consultorio jurídico, dijo lamentar la noticia, pues esta significaba ayudaba a la ciudadanía en casos de familia, violencia, pensiones alimentarias y hasta trata de personas.
Según detalló esta funcionaria designada por la UCR, la universidad está redactando el finiquito y viendo los parámetros en los que se va a concretar el cierre, pues no piensan darle la espalda a las personas que están ayudando.
“La Universidad de Costa Rica está tomando la decisión de proteger a la población que estamos atendiendo y mantener los procesos bajo nuestra custodia, a pesar de que no contábamos presupuestariamente para poder sostener otro consultorio” , agregó.
Sancho también explicó que este consultorio mantenía sus procesos de forma virtual desde hace varios años, lo que propiciaba un ahorro en materiales y les permitió continuar ayudado a las poblaciones durante la pandemia.
“El soporte de personal de la Defensoría de los Habitantes trabajó muy bien durante todos estos años con el consultorio jurídico, trabajamos en equipo en la defensa de los derechos humanos (...), es un lazo que ahorita duele romperlo”, expresó.
Nuevo consultorio solo abrirá una vez al mes
Según informó Crespo, este servicio de consultorio jurídico será sustituido mediante un acuerdo con el Colegio de Abogados. Sin embargo, este órgano explicó que solamente dará los servicios una vez al mes.
Álvaro Sánchez, presidente de Colegio de Abogados, explicó a La Nación que, en los próximos días, se firmará el convenio con la Defensoría, con el cual se dará ayuda a personas en pobreza y pobreza extrema.
No obstante, el nuevo servicio únicamente dará asesoría legal y no llevará procesos penales, tal como lo hacía el directorio jurídico disuelto por Crespo.
“Es temas de consulta básicamente, sería una asesoría jurídica, son una defensa social y son abogados, pero llevar casos no es el fin del convenio, pero la consulta sí”, explicó el presidente del Colegio de Abogados.
“No es todo el tiempo que vamos a participar ahí, solo días determinados, es una vez al mes (...), no es que vamos a estar todo el día, es ocasionalmente”, agregó.
Álvaro Sánchez también comentó que este convenio junto a la Defensoría se empezó a gestar hace dos meses y es parte de sus programas sociales para ayudar a las personas más desfavorecidas a contra con acceso a la justicia.