La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, carecía de un criterio jurídico específico sobre inconvenientes legales en el convenio de cooperación con la organización Hivos, en la lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Crespo decidió romper el acuerdo de cooperación el 23 de febrero y, en la nota de comunicación de la ruptura, adujo que criterios de la dirección Jurídica señalaban que la Defensoría no debía ejercer actividades “en lo que respecta” a Hivos.
No obstante, la dirección Jurídica indicó a La Nación que “no ha elaborado un criterio jurídico que dictamine la participación de la Defensoría en el proyecto de Hivos”.
Para romper el acuerdo, Crespo emitió dos justificaciones: la carencia de recursos, y un criterio legal.
“La dirección Jurídica de la Defensoría de los Habitantes ha sido conteste con el rol de fiscalización y control que por mandato legal debe asumir la Defensoría en todos sus campos de trabajo, lo cual implica, el no ejercicio de actividades propias de la administración activa en el desempeño de nuestras labores ordinarias, así como en lo que respecta al proyecto Hivos”.
“En tal sentido, la participación de la DHR en el convenio Hivos encuadra dentro de las que típicamente se definen como funciones de la administración activa; dicho en otras palabras, una participación que podría significar que la institución funja como “juez y parte”, explicó Crespo en ese momento.
Consultada por este medio, la defensora de los Habitantes no adjuntó ningún criterio sobre Hivos; únicamente se refirió una serie de pronunciamientos antiguos solicitados por la anterior defensora, Montserrat Solano.
Estos documentos tratan sobre el rol de función activa en comisiones interinstitucionales y la inconveniencia de que la Defensoría participe, mas no se menciona en ellos las limitantes sobre los convenios de cooperación.
Tal es el caso, por ejemplo, de la objeción de la Defensoría a participar, en el 2015, en comisiones interinstitucionales creadas por el Gobierno para la gestión de la cuenca del río Tárcoles, y para impulsar un sistema de calidad y acreditación de la Justicia.
En esos casos, la Defensoría argumentó que su independencia legal procura mantenerla ajena a toda intromisión por parte de cualquier otro órgano o ente del Estado, a fin de que pueda ejercer a plenitud sus competencias de contralor de legalidad y justicia sobre las actuaciones de la Administración Pública, “por lo que no podía ejercer esas funciones si integra un órgano colegiado con funciones propias de la administración activa”.
Así lo expuso un oficio de Montserrat Solano enviado el 6 de enero del 2015 al entonces ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez.
Ahora, Crespo expresó que, salvo casos concretos, los criterios son “de carácter facultativo y no obligatorio”.
“Ante la posición reiterada de la dirección asesora –legal–, los antecedentes jurídicos administrativos dictados en casos similares, la Defensoría de los Habitantes no puede asumir funciones de administración activa, menos aún coordinar procesos”, expresó la jerarca.
Catalina Delgado, directora jurídica de la Defensoría explicó que, desde esta oficina, únicamente se han realizado pronunciamientos sobre qué significa la función activa en las comisiones interinstitucionales.
“La Defensoría se ha pronunciado sobre estos supuestos (comisión interinstitucional), nada más”, precisó Delgado.
El pasado 23 de febrero, el diputado Enrique Sánchez, jefe de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como las legisladoras Laura Guido, Carolina Hidalgo y Paola Vega, todas de la misma bancada, enviaron una carta con una serie de preguntas sobre la disolución del acuerdo.
En ella, le solicitaron a la jerarca sobre los “reiterados” criterios jurídicos con los que justificó su salida del convenio, sin embargo, la Defensora no mencionó ninguno.
El acuerdo con la organización Hivos, procuraba luchar contra el VIH entre las trabajadoras sexuales, mujeres trans y poblaciones LGTBI.
Dentro de las acciones que ambas organizaciones ejecutaban en conjunto, estaban capacitaciones sobre los derechos de las personas con VIH y personas LGTBI, las cuales eran impartidas tanto a funcionarios públicos como a la sociedad civil.
Dicho convenio data del año 2016, firmado en el marco del proyecto “Costa Rica: transitando hacia la sostenibilidad de la respuesta al VIH con financiamiento doméstico”.
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