Una investigación del Fondo Mundial no encontró ninguna irregularidad en la ejecución de un convenio firmado entre la Defensoría de los Habitantes y la organización internacional Hivos, luego de que la defensora, Catalina Crespo, denunció un supuesto conflicto de interés.
El acuerdo era una cooperación entre ambas organizaciones para luchar contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) entre las poblaciones de trabajadoras sexuales, mujeres trans y población LGTBI. No obstante, la defensora de los Habitantes decidió romper el convenio en febrero pasado alegando falta de recursos e impedimentos legales.
La investigación del Fondo Mundial surgió ante una denuncia que presentó Catalina Crespo contra la exdirectora del Instituto de Educación en Derechos Humanos de la propia Defensoría, Jeannette Carrillo, por el aparente delito de conflicto de intereses con Hivos.
En el marco del convenio, a Carrillo le correspondía coordinar los programas con el organismo de cooperación internacional.
Hivos es una organización que recibió una donación del Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH, la Tuberculosis y la Malaria, la cual trabajaba de la mano de la Defensoría para combatir el VIH, en temas como capacitación de funcionarios públicos sobre el tema.
El Fondo es una entidad internacional cuyo objetivo es luchar contra el contagio de estas enfermedades a nivel mundial y ayudar a las personas que las sufren.
Ante la denuncia de la defensora, el Fondo inmediatamente abrió una investigación para corroborar la correcta utilización del dinero aportado para el programa.
En una carta enviada este 19 de marzo desde Ginebra, Suiza, donde se localiza la sede del Fondo Mundial, el organismo le comunicó a Tanja Lubbers, directora regional de Hivos América Latina, que no se encontró ningún tipo de irregularidad.
“Concluye que Hivos como RP (Receptor principal) ha preservado y protegido los recursos de las subvenciones del Fondo Mundial y ha garantizado que dicho financiamiento se utilice exclusivamente para los objetivos fijados en la propuesta de subvención aprobada, según lo dispuesto en el Acuerdo de Subvención. Por lo tanto, consideramos que esto no es un caso ni de nepotismo, ni de conflicto de interés, ni de administración activa, ni fallo en el código de conducta del implementador”, indica la misiva.
En la denuncia, de la cual La Nación posee una copia, Catalina Crespo señaló que la exfuncionaria de la Defensoría, Jeannette Carrillo, estaba relacionada con una persona que aparentemente formó parte de una organización no gubernamental subreceptora de la ayuda de Hivos.
No obstante, el Fondo Mundial descartó ese hecho.
Según expuso la investigación, la Defensoría no formó parte del comité encargado de la selección subreceptores de la cooperación de Hivos, sino que se labor se restringe a ser una “contraparte en el tema de incidencia política del proyecto en el contexto de VIH en el país”.
Además, el Fondo Mundial confirmó que la Defensoría costarricense no tiene ninguna vinculación con procesos de aprobación de presupuesto, ni de pagos a los subreceptores del proyecto, pues “esto es una función que le compete a Hivos exclusivamente“.
Dentro de la carta enviada este viernes, el Fondo agregó que no son necesarias acciones adicionales sobre las alegaciones hechas por Crespo.
Asimismo, el organismo internacional aseguró que la investigación permitió corroborar que Hivos “ha cumplido con el mandato del Código de Conducta para Receptores del Fondo Mundial”.
Al conocer el resultado de la investigación, la exfuncionaria Jeannette Carrillo dijo: “Una vez más, se confirma que el equipo de dirección integrado por esta servidora y por la señora Tatiana Mora, hoy defensora adjunta de los Habitantes, nunca tuvo ninguna participación en los procesos e instancias establecidas para seleccionar, contratar, dar seguimiento y aprobar los pagos de los llamados subreceptores (de Hivos)”.
“Las competencias del equipo director se circunscribían al manejo de los recursos técnicos asignados a la institución (la Defensoría), según lo establecido en el convenio marco entre Hivos y la Defensoría”.
El 6 de marzo, Laura Sánchez, directora de Hivos, explicó que, para este proyecto, la Defensoría contaba con un fondo de $143.800 (¢88 millones), los cuales eran administrados por la organización conforme a los requerimientos de la Defensoría.
Dentro de las acciones que ambas organizaciones ejecutaban en conjunto, estaban capacitaciones sobre los derechos de las personas con VIH y personas LGTBI, las cuales eran impartidas tanto a funcionarios públicos como a la sociedad civil.
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