Un grupo de 20 mujeres estudiantes de las universidades de Costa Rica (UCR), Nacional (UNA) e Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) se declararon en estado de emergencia ante los casos de agresión sexual que, aseguran, ocurren en esos centros de enseñanza.
Las alumnas, quienes pertenecen a distintos colectivos feministas de esas casas de estudios superiores, conformaron una coalición que, al unísono, alzó la voz contra los casos de violencia de género de los cuales, afirman, son víctimas las mujeres en las aulas.
Fabiola Bermúdez, dirigente del grupo Me pasó en la UCR, afirmó que el acoso sexual es cosa de todos los días en estas casas de enseñanza.
“Las universidades públicas no son esas burbujas perfectas que tanto nos han hecho creer. La violencia contra las mujeres está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas y la universidad no es la excepción”.
"Dentro de ellas, nos encontramos todos los días con hijos sanos del patriarcado que nos siguen negando nuestro valor. No nos ven como estudiantes ni como mujeres, nos ven como sus objetos que pueden manipular, tocar, ver, violar, en fin, hacer lo que les da la gana pues creen que su autoridad se los permite”, afirmó.
Los grupos de alumnas exigen la aplicación del decreto N° 41240-MP-MCM y de la directriz N° 018-MP-MCP sobre la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres, publicados en setiembre del 2018 por el Gobierno.
Con dichos documentos, el Poder Ejecutivo declaró de interés prioritario la atención de la violencia contra las mujeres en el país, debido al aumento en las agresiones y los feminicidios.
“Informamos a la comunidad nacional universitaria de manera urgente que, a partir de este momento, estamos en estado de emergencia, pues la violencia contra las mujeres en los diferentes campus del país ha sido persistente e histórica, así como la negligencia con la que las autoridades universitarias han manejado estos casos de denuncia por acoso y hostigamiento sexual contra las estudiantes”, reza parte del pronunciamiento suscrito por las estudiantes.
El pronunciamiento de las jóvenes tuvo lugar al mediodía de este lunes, en el edificio de Ciencias Sociales de la UCR.
Ahí denunciaron que le declararán la guerra al encubrimiento dentro de las mismas universidades a las agresiones sexuales, así como al machismo, al sexismo y a las relaciones de poder que viven en las instituciones educativas.
Dicha reunión se gesta una semana después de que el Semanario Universidad publicara un reportaje con los relatos de diez estudiantes, exestudiantes y egresadas de la UCR, quienes aseguran haber sufrido acoso sexual e insultos por parte de Mainor Salas, profesor catedrático de la Facultad de Derecho de la UCR.
Al panorama se suma una denuncia, realizada este mismo lunes, por parte de una docena de alumnas de esa misma universidad, quienes señalan que un docente de Estudios Generales de esa institución, quien imparte un curso artístico, las obliga a ver pornografía en clases.
Ellas forman parte de un colectivo llamado Me Pasó en la UCR, el cual fue creado por las alumnas de esa casa de enseñanza, en octubre de 2018, para que las estudiantes pudieran denunciar los casos de agresiones sexuales que sufren en la universidad.
Las peticiones
En la declaratoria de emergencia de este lunes, las representantes de los movimientos feministas y de género, así como mujeres miembros de las federaciones estudiantiles de la UCR, la UNA y el Tec, comunicaron sus exigencias a las rectorías de esos tres centros educativos para que resguarden su derecho de sentirse respetadas y seguras dentro de las aulas.
Por ejemplo, las jóvenes de la UCR reclaman que las faltas graves por parte de los profesores, que hoy son penalizadas con ocho días de suspensión, sean iguales a las que se aplican a los estudiantes por esas mismas infracciones.
“Nosotras estamos pidiendo una reforma al reglamento contra el hostigamiento sexual, para que se sancione de una manera más fuerte la falta grave; que no sea de ocho días, sino que se equipare a la sanción estudiantil, que es de 15 a 30 días de suspensión”, comentó Andrea Chacón, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR).
Camila Flores, miembro de la colectiva feminista de la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Costa Rica (Feitec), expresó la necesidad de acabar con el encubrimiento dentro de las mismas universidades.
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“Estamos aquí porque no existe una estructura en el sistema que nos acuerpe. Estamos aquí porque queremos decir basta; basta a la desvalorización, a la violencia, al acoso, a la violación. Alto al abuso de poder y a la cultura de la complicidad. Necesitamos sacar el patriarcado de los reglamentos institucionales”, exhortó la joven.
Por su parte, Génesis López, de la colectiva Me pasó en la UNA, solicitó a las autoridades de ese centro educativo que se comprometan con la no violencia contra la mujer que proclama esta entidad educativa.
“Pedimos que la Universidad Nacional respete la responsabilidad que asumió para este año cuando seleccionó su lema: UNA por la igualdad, la equidad y la no violencia de género y que se reformen los reglamentos de hostigamiento sexual”, afirmó la estudiante.
Además de reformar los reglamentos de hostigamiento sexual, las estudiantes piden a las rectorías que se asigne más presupuesto a las unidades encargadas de atender las denuncias de agresiones de género en las oficinas centrales de las universidades y en las sedes.
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Fabiola Bermúdez, del colectivo Me Pasó en la UCR, expresó que los casos de acoso sexual se manejan “como les da la gana” por parte de las autoridades en sedes y recintos universitarios.
A la actividad asistió la ministra de la Condición de la Mujer y presidenta del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Patricia Mora, quien externó su solidaridad a las muchachas.
“En absoluto respeto a la autonomía universitaria, mi presencia aquí es para reiterarles a cada una de las mujeres, en este caso de las comunidades universitarias, que no están solas. Que el Inamu está a su lado y las va a acompañar”, aseguró la ministra.
En tanto, Silvia Meza, coordinadora del equipo interdisciplinario que atiende casos de hostigamiento sexual en la UCR, dijo que, al margen de la autonomía universitaria, es importante la asignación de más recursos para los órganos dedicados a resolver casos de violencia sexual en los centros educativos.
“Trabajamos, prácticamente, sin recursos, en una universidad muy grande”, enfatizó.
Las 20 universitarias que comunicaron la declaratoria de emergencia, asistidas por un salón repleto de mujeres con el mismo deseo de respeto a los derechos humanos, cerraron la actividad con un grito conjunto: “La educación universitaria será feminista o no será”.