Costa Rica parece necesitar de una crisis financiera más profunda para que la dinámica política cambie y el país alcance un acuerdo con el FMI, lo que incluye tomar “decisiones difíciles” como reducir el gasto público o aumentar impuestos.

Esa es una de las conclusiones de BofA Securities, división de banca de inversión multinacional auspiciada por el Bank of America.

La entidad enciende alarmas ante la estrujada situación de las finanzas costarricenses. Recuerda que los intereses de la deuda demandan más del 5% del producto interno bruto (PIB), “casi una cuarta parte del total los gastos”, y remata advirtiendo que “subirá al 6% del PIB en 2021”, uno de los indicadores “más altos del mundo”.

Así lo enfatiza la firma en un informe elaborado sobre la situación en seis países de Centroamérica y el Caribe: Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana.

El documento, con fecha del 24 de noviembre, recoge las impresiones de representantes políticos, líderes del sector privado y analistas de las distintas naciones, quienes se reunieron virtualmente, durante seis días, para debatir sobre los desafíos que enfrentará la región en el 2021 en materia de política económica.

Sobre el caso de Costa Rica, el informe cita: “Los políticos tendrían que experimentar una verdadera crisis antes de estar dispuestos a tomar las decisiones difíciles, argumentan algunos. Por decisiones difíciles, nos referimos a llegar a un consenso para aumentar los impuestos y/o reducir los gastos, en una nueva reforma fiscal suficientemente convincente como para obtener un programa del FMI y/o reestructurar la deuda pública, a fin de obtener alivio”.

En criterio de BofA Securities, el consenso político para un ajuste fiscal en Costa Rica será difícil de alcanzar y “podría necesitarse una mayor presión en el mercado para cambiar la dinámica política”.

De hecho, apunta el reporte, “sin una crisis financiera más profunda, que obligue a un cambio en la dinámica política”, “es poco probable” la materialización del préstamo por $1.750 millones que pediría Costa Rica al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este 3 de diciembre, en una entrevista publicada en La Nación, el presidente Carlos Alvarado confirmó que Costa Rica sí acudirá al FMI y que presentará una nueva propuesta en el mes de diciembre.

La banca de inversión advierte, además, que “hay toros y osos para cada país, aunque menos para Costa Rica y El Salvador, donde el consenso está más inclinado hacia el lado negativo”.

En el mercado de valores, se les llama “toros” a los inversionistas que creen que la bolsa va a subir, y “osos” a quienes consideran que esta irá a la baja.

‘Al borde de un acantilado’

Los participantes del informe expresaron que ven el país “al borde de un acantilado”.

“¿Cómo llegó a esto la democracia más antigua de Latinoamérica, un país donde los estándares de vida están por encima de sus pares, un referente de la política ambiental, una economía y el faro (regional) de desarrollo en educación, seguridad e instituciones?”, reflexiona BofA Securities.

La pregunta se contesta con la inacción de las autoridades para tomar esas “decisiones difíciles”.

Ante el alto costo de los intereses de la deuda, añade la firma, quizá “la reestructuración no esté tan lejos”, pues es muy poco probable que el país salga a flote en las actuales condiciones.

“No es fácil imaginar que un país siga adelante con una pesada carga. Tampoco es fácil de prever un punto de inflexión, pues un aumento de las acciones de deuda, la calificación crediticia 2020, y el muro de vencimientos al menos hasta 2023, sugieren que habrá presión al alza sobre los gastos de intereses”, previene el informe.

¿Qué pasaría si Costa Rica pospone el pago de intereses de la deuda externa, como lo hizo Ecuador en el 2019?

Sufrirían los más pobres. “En Costa Rica, la compensación es más complicada porque el 80% de la deuda es interna. Directa o indirectamente, la reestructuración podría tener consecuencias redistributivas, (de facto) desplazando a algunos grupos sociales”, alerta BofA Securities.

Pese a todo lo indicado anteriormente, “los responsables de formular las políticas siguen confiando en que pueden hacer lo necesario contra el déficit fiscal y estabilizar la deuda con el tiempo”, destaca la publicación.

El informe retoma que, a pesar de un proceso de diálogo multisectorial desacreditado por los diputados, “el plan del Gobierno es continuar en la búsqueda del programa del FMI y sellarlo presentando un plan fiscal creíble”.

La opción del Banco Central

Según los analistas participantes en el reporte, Costa Rica podía acudir a maneras menos convencionales de “tener éxito sin mucho esfuerzo”. Por ejemplo, una posible intervención del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

“En nuestro criterio, el BCCR probablemente dará al gobierno el mismo préstamo de tres meses que proporcionó en septiembre de 2018, alrededor del 1,5% del PIB (con un límite del 5% del presupuesto de gastos), y también facilitaría las condiciones de financiamiento a través de QE”, dicta el análisis.

“QE” es el acrónimo del término en inglés quantitative easing (flexibilización cuantitativa), el cual es una herramienta no convencional de política monetaria utilizada por algunos bancos centrales para aumentar la oferta de dinero.

Para ponerla en práctica, los bancos aumentan el exceso de reservas del sistema bancario, por lo general, mediante la compra de activos financieros en el mercado, ya sean acciones, bonos privados o bonos del Estado.

Aun así, valora la banca de inversión, eso “no rescatará al gobierno”, mucho menos si eso implica “poner en riesgo” el mandato de credibilidad del Banco.

“Estamos hablando de, podría decirse, uno de los bancos centrales más profesionales, transparentes y ortodoxos de toda Latinoamérica”, expresa el reporte.

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