Sofía Chinchilla Cerdas, Aarón Sequeira. 30 noviembre, 2019
Berenice Smith figura como imputada en un proceso judicial contra el alcalde josefino Johnny Araya y el exmagistrado penal Celso Gamboa, por un supuesto tráfico de influencias, que está pendiente del señalamiento de fecha para iniciar el juicio. Foto: Rafael Pacheco.
Berenice Smith figura como imputada en un proceso judicial contra el alcalde josefino Johnny Araya y el exmagistrado penal Celso Gamboa, por un supuesto tráfico de influencias, que está pendiente del señalamiento de fecha para iniciar el juicio. Foto: Rafael Pacheco.

La Fiscalía General de la República solicitó a la Sala III suspender el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial que reconoció tiempo servido fuera del país en favor de la fiscala Berenice Smith, como parte de las gestiones que la funcionaria emprendió para jubilarse, mientras se enfrenta a una acusación por tráfico de influencias.

Emilia Navas, fiscala general, pidió la medida cautelar mientras investiga si el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, cometió prevaricato y allanó el camino para que Smith pudiera pensionarse, pese a que dicha pretensión ya había sido rechazada en dos ocasiones.

La solicitud de la Fiscalía llegó este viernes a la Sala de Casación Penal, según confirmó Sandra Castro, vocera del Poder Judicial.

El acuerdo que Navas pidió suspender se tomó el 26 de setiembre pasado. Ese día, Cruz y Sara Castillo, representante de los abogados funcionarios del Poder Judicial no administradores de justicia, votaron a favor de la solicitud que hizo Smith para que le reconocieran seis años laborados en Guatemala, como parte de los años requeridos para acogerse a la jubilación.

El máximo órgano administrativo de la Corte ya había rechazado tal petición en el 2015 y el 2017, por considerar que la solicitud no se ajustaba a las reglas vigentes, pero el Consejo Superior revisó la decisión por tercera vez y aprobó el beneficio, con base en nuevos criterios de la Dirección Jurídica y de la Dirección de Gestión Humana.

El día que se discutió el tema, como la decisión estaba empatada entre los miembros del Consejo Superior, Cruz ejerció su doble voto como presidente del Consejo, en favor de la fiscala. Esa facultad para emitir un voto doble la establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Según el medio electrónico crhoy.com, el informe que entregó Navas a la Sala III señala que Cruz y Castillo tomaron su decisión “de manera dolosa” y “en clara infracción” al Reglamento para el reconocimiento del tiempo servido en la Corte y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

De acuerdo con esa publicación, Navas encontró que no existían motivos válidos para que ese órgano de la cúpula judicial se pronunciara sobre una gestión que ya se había resuelto años atrás.

Para la exfiscala Guiselle Rivera, quien pidió que se investigara la votación del Consejo Superior, a Smith solo se le podían reconocer los años laborados en Guatemala, entre setiembre del 2007 y marzo del 2011.

En esta última fecha, el Poder Judicial emitió un nuevo reglamento, según el cual solo se debía reconocer el tiempo laborado en órganos estatales diferentes al Poder Judicial, y no internacionales. Durante los seis años en revisión, Smith trabajó en tierra guatemalteca, primero en el Proyecto Estado de Derecho, y luego en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Berenice Smith figura como imputada en un proceso judicial contra el alcalde josefino Johnny Araya y el exmagistrado penal Celso Gamboa, por un supuesto tráfico de influencias, que está pendiente del señalamiento de fecha para iniciar el juicio.

La fiscala, además, es investigada por haber firmado el sobreseimiento de una investigación contra los exdiputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, relacionada con el caso del cemento chino.

Según informó el Poder Judicial, hasta el momento, la Fiscalía General no ha presentado ninguna acusación por el caso del reconocimiento a Smith del tiempo laborado fuera del país.

Fernando Cruz: ‘No se formulan cargos, solo es un informe’

Consultado sobre la petición de la fiscala general, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, enfatizó que si bien él no tiene acceso a las gestiones de Emilia Navas, entiende que no se trata de una acusación ni de ninguna formulación de cargos en su contra.

El magistrado agregó que, por el momento, se trata de un informe en que se solicita que un acto no se ejecute, “en virtud de la objeción que hay sobre su naturaleza jurídico penal”. De acuerdo con Cruz, por alguna razón, “en medio de los teléfonos desinformados, se filtró (el informe) de manera que un periódico electrónico dijo que era una acusación en mi contra”.

Para el magistrado presidente, lo que se hizo en ese medio electrónico al informar sobre la petición de la fiscala Navas, es consignar la denuncia que hizo la persona para que se investigara la decisión del Consejo Superior del Poder Judicial sobre la jubilación de Berenice Smith.

Además, matizó que la denuncia tampoco señala posibles autores del supuesto favorecimiento, sino que solamente se plantea una solicitud de investigación de la decisión de la cúpula judicial.

“No conozco del contenido del informe, pero cuando toma párrafos de la denuncia de la persona, lógicamente se refiere a la hipótesis que ella tiene sobre los hechos”, enfatizó Fernando Cruz.

El magistrado presidente dijo que, por el momento, no tiene mayores datos sobre el expediente, porque en esta etapa “se maneja con la más absoluta exclusión de las personas que puedan ser sospechosas o posibles autores de los hechos”.

Así mismo, Cruz reiteró que la acusación o la formulación de cargos en contra de un sospechoso es un acto formal que plantea el Ministerio Público o, en el caso de los miembros de los supremos poderes, la Fiscalía General de la República. Por ahora, el presidente de la Corte entiende que Emilia Navas no ha hecho ninguna acusación.