La Fiscalía General de la República investiga, desde el jueves anterior, si el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, allanó el camino para que la fiscala Berenice Smith pueda pensionarse como funcionaria judicial, en momentos en que está suspendida y acusada penalmente por un presunto tráfico de influencias.

Así lo confirmó este lunes la oficina de prensa del Ministerio Público, ante una consulta de La Nación.

El expediente busca determinar si el magistrado presidente cometió prevaricato con una gestión que desarrolló como presidente del Consejo Superior Administrativo del Poder Judicial.

La Fiscalía activó la investigación luego de recibir una petición de la exfiscala Guiselle Rivera, quien el jueves envió una nota solicitando que se investigaran la decisión del Consejo Superior, así como las gestiones de la Dirección Jurídica y del Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial.

La investigación se centra en la decisión del Consejo Superior, tomada el 26 de setiembre pasado, cuando se acogió la solicitud de Smith para que le reconocieran seis años que laboró en Guatemala, como parte de los años requeridos para acogerse a la jubilación.

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Aunque ya en dos ocasiones el máximo órgano administrativo de la Corte había rechazado tal petición, en el 2015 y en el 2017, el Consejo Superior revisó la decisión por tercera vez y aprobó el beneficio para Smith con base en nuevos criterios de la Dirección Jurídica y de la Dirección de Gestión Humana.

Para ello, fue clave el voto de Fernando Cruz pues, como la decisión estaba empatada entre los miembros del Consejo Superior, él ejerció su doble voto como presidente en favor de la fiscala.

El reclamo de la fiscala cuestionada buscaba que se le reconocieran seis años y cuatro meses en los que laboró fuera del Poder Judicial gracias a un permiso sin goce de salario. Alegó que se trataba de organizaciones internacionales de interés público.

Entre el 2007 y el 2014, trabajó primero en el Proyecto Estado de Derecho y, luego, en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Ese reconocimiento le allanaría el camino a la jubilación a la fiscala Smith, cuestionada por haber firmado el sobreseimiento de una investigación contra los exdiputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, relacionada con el caso del cemento chino.

Smith también figura como imputada en un proceso judicial contra el alcalde josefino Johnny Araya y el exmagistrado penal Celso Gamboa, por un supuesto tráfico de influencias, que está pendiente del señalamiento de fecha para iniciar el juicio.

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En conversación telefónica con La Nación, la exfiscala Guiselle Rivera enfatizó que su gestión no busca denunciar ni afectar directamente al magistrado Fernando Cruz, sino que ella solicitó que se investigaran las acciones del Consejo Superior Administrativo como un todo.

No obstante, por tratarse de un miembro de un supremo poder, la investigación en lo que concierne a Fernando Cruz está a cargo de la fiscala general, Emilia Navas.

“Mi cuestionamiento, mi petición es que se examine si se ha incurrido en alguna conducta que constituya delito”, manifestó Rivera. Ella alegó que los miembros del Consejo Superior están, precisamente, para velar por la probidad y el bien de los recursos públicos.

En criterio de Rivera, a la fiscala Smith solo se le podían reconocer los años laborados en Guatemala entre setiembre del 2007 y marzo del 2011 pues, en esta última fecha, el Poder Judicial emitió un nuevo reglamento según el cual solo se debía reconocer el tiempo laborado en órganos estatales diferentes al Poder Judicial, y no internacionales.

Precisamente, por esas nuevas reglas es que se había rechazado en dos ocasiones la gestión de Smith.

La principal responsabilidad que le ha señalado a Fernando Cruz el diputado Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), es la de haber utilizado su doble voto para beneficiar a Smith.

Cruz alegó que utilizó el mecanismo del doble voto porque la votación sobre la solicitud de Berenice Smith estaba empatada y debía resolverse. Añadió que el departamento de Gestión Humana emitió un cambio de criterio que favorecía a la fiscala.

Una parte del Consejo Superior alegó que el asunto ya estaba definitivamente resuelto en desde administrativa desde 2017 y que, por tanto, la nueva petición no se debía atender. Así lo determinó el magistrado Gary Amador

No obstante, el magistrado presidente aseguró, en sesión del Consejo Superior, que los nuevos criterios de la Dirección Jurídica y del Departamento de Gestión Humana permitían abrir de nuevo la discusión y resolución del caso de la fiscala.

A favor de la posición de Cruz se pronunció Sara Castillo Vargas, representantes de los abogados funcionarios del Poder Judicial no administradores de justicia.

Dinorah Álvarez Acosta, suplente de la representantes de los abogados litigantes, estuvo de acuerdo parcialmente, pues insistió en que solo se le podía reconocer a Smith los años laborados en Guatemala hasta el 2011.

En cambio, Gary Amador, representante de los jueces y juezas, se declaró en contra de la decisión.

Hugo Hernández Alfaro, suplente del representantes de los trabajadores judiciales, votó por no conocer el asunto, porque dijo que el Consejo Superior no tenía potestad de tomar decisiones para administrar el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

Ante la disyuntiva, Fernando Cruz usó el voto doble para hacer valer su criterio.

Exfiscal: ‘Interpretan ley para poder jubilarla’

De acuerdo con Guiselle Rivera, la decisión que tomó el Consejo Superior del Poder Judicial es una “interpretación de la ley que va a tener todos esos años para poder jubilar a Smith”, pese a que la funcionaria pronto irá a juicio.

Además, Rivera enfatizó que existe, desde agosto del 2018, una petición del Tribunal de la Inspección Judicial para revocar el nombramiento de Berenice Smith como fiscala adjunta, actualmente asignada en Cartago.

Esa revocatoria la tiene que resolver la fiscala general.

Rivera alegó que existen criterios de la Sala Constitucional donde se determina que a un funcionario no se le pueden cercenar derechos como el de esos años laborados fuera, pero no los años posteriores a que dejara de tener vigencia el reglamento anterior.

Actualmente, Berenice Smith se encuentra suspendida por un segundo periodo de tres meses, por ser imputada en el caso contra Araya y Gamboa.