El diputado Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), denunció públicamente en el plenario que Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, tomó una decisión que facilitaría la jubilación de la fiscal Berenice Smith Bonilla, quien está acusada de un supuesto tráfico de influencias.
Durante la sesión del plenario de la Asamblea Legislativa, este miércoles, el legislador le respondió a Cruz la solicitud que el magistrado le hizo el martes, para que precisara sus acusaciones e hiciera las denuncias correspondientes sobre la supuesta injerencia de los altos jueces de la Corte Suprema de Justicia en los casos que tramitan.
Muñoz primero atacó a los magistrados por haber aprobado en el 2008 un aumento salarial para los 46 altos cargos del Poder Judicial, ellos incluidos.
Además, el legislador aseguró que Cruz hizo uso de una facultad como presidente del Consejo Superior Administrativo del Poder Judicial, para aprobarle un beneficio a la exfiscala subrogante Berenice Smith. Esa facultad la establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el párrafo segundo del artículo 76.
Allí dice que los asuntos que discuta el Consejo Superior se aprueban con mayoría simple de sus miembros, pero que cuando haya empate entre ellos, el presidente tendrá voto doble.
Petición reiterada
En setiembre pasado, ese órgano conoció una solicitud de Smith para que se le reconociera un periodo de seis años que estuvo fuera del Poder Judicial, con un permiso sin goce de salario, dentro del cálculo de la pensión del Poder Judicial y de las anualidades.
La petición de la funcionaria judicial, actualmente suspendida del cargo de fiscala adjunta de Cartago, era que le reconocieran los años en que trabajó en Guatemala, en el Proyecto Estado de Derecho y en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por ser organizaciones internacionales de interés público
Si bien esa petición ya se le había rechazado en dos ocasiones, primero en el 2015 y luego en el 2017, Smith reiteró su petición este año, luego de haber sido vinculada con el escándalo del cemento chino y, luego, con una acusación por posible delito de tráfico de influencias en beneficio del alcalde josefino, Johnny Araya.
Mientras que el caso del cemento chino aún se encuentra bajo investigación de la Fiscalía, el segundo ya fue elevado a juicio.
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Actualmente suspendida de sus funciones, con goce salarial, figura como imputada en un juicio junto con el exmagistrado Celso Gamboa y el alcalde Araya.
En mayo, Smith fue suspendida inicialmente por tres meses. En agosto, el Consejo Superior prorrogó por tres meses esa suspensión, pues el caso aún se encuentra en el Tribunal de Heredia, a la espera de que se fije una fecha para el juicio.
Originalmente, el acuerdo del Consejo Superior de la Corte rechazó su petición y solo permitió que se le reconociera ese tiempo de permiso para efectos de pagarle las anualidades. Sin embargo, en la decisión adoptada en setiembre, se revirtió la decisión original.
Varios miembros del Consejo Superior alegaron que ya se había tomado un acuerdo dos años antes, que agotaba la vía administrativa de la solicitud de Smith.
Sin embargo, en el criterio de Fernando Cruz sobre dicha petición, argumentó que se hizo con base en un cambio de criterio del departamento de Gestión Humana de la Corte con respecto al reconocimiento del tiempo servido. Añadió que ese cambio de criterio es favorable para ella.
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“Ha existido un cambio de criterio favorable al administrado y, bajo este supuesto, procede conocer una nueva solicitud. A la luz de principios constitucionales, no creo admisible que si cambian criterios que sustentaron una decisión desfavorable en sede administrativa, se obligue al administrado a plantear una acción judicial”, dijo Cruz en la sesión donde se tomó el acuerdo.
También, alegó que su criterio se basa en un criterio de la Dirección Jurídica de la Corte, donde alega que para la época en que Smith tuvo los permisos, había excepciones que no suspendían la continuidad del servicio del funcionario respectivo.
Esas excepciones, alega dicho informe, se dan cuando se trataba de permisos de interés institucional otorgados para realizar trabajos en organizaciones internacionales de interés público.
Al final, precisamente por el voto doble de Cruz, se aprobó el beneficio de reconocerle a Smith dicho periodo de permiso para el cálculo de su jubilación y las anualidades, y se ordena un reintegro de casi ¢47 millones al Fondo de Pensiones del Poder Judicial tomado del salario de Smith.
Ante esa gestión realizada por Cruz, Pedro Muñoz alegó que el doble voto del magistrado presidente fue un premio a una funcionaria que no debería recibirlo y que fue suspendida y cuestionada.
Cruz se defiende
A las 8:19 p. m. de este martes, el presidente de la Corte respondió las acusaciones de Muñoz a través de un comunicado, donde negó que el Consejo Superior le haya reconocido la jubilación a la funcionaria Smith. Enfatizó que la gestión únicamente se refiere al reconocimiento del tiempo servido en Guatemala.
Cruz insistió en el criterio de la Dirección Jurídica, sobre el reglamento de tiempo servido que le aplicaba al caso de ella, o sea, el que estaba vigente antes del 2014.
Por vía telefónica, el magistrado añadió que ese fue un caso muy particular, porque la decisión no podía quedar empatada y ello lo obligó a aplicar el voto doble. Además, dijo que no es usual que un caso llegue tres veces al seno del Consejo Superior.
Por otra parte, Fernando Cruz aseguró que finalmente la declaración de Pedro Muñoz en el espacio de control político del plenario no precisa sus acusaciones sobre injerencia de los magistrados en la resolución de casos judiciales.
“El legislador no concretó, por lo que se reitera lo indicado por el presidente de la Corte Suprema en la carta pública del 5 de noviembre”, dice la nota de prensa.
Además, Cruz anunció que pedirá a la Inspección Judicial enviar un funcionario a la oficina del diputado, a primera hora de este jueves, para que rinda una declaración que permita establecer si los actos a que se refiere Pedro Muñoz ameritan la apertura de algún régimen disciplinario.