La fiscala general Emilia Navas calificó como una “falta de seriedad” la audiencia judicial celebrada el martes, en la Sala III, para discutir dos acciones presentadas por los abogados del presidente Carlos Alvarado en la causa penal sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Por su parte, la defensa de Alvarado consideró que se violaron los derechos constitucionales del mandatario, al tiempo que cuestionó si los magistrados de la Sala de Casación Penal tenían una decisión tomada de antemano y esta salió a la luz antes de escuchar los argumentos de todas las partes.
La audiencia tenía por objetivo discutir dos gestiones por actividades procesales defectuosas presentadas por los abogados del mandatario, quienes argumentaron que la Fiscalía se extralimitó en el allanamiento a Casa Presidencial, el 28 de febrero, al secuestrar información relevante para la seguridad nacional, las relaciones internacionales y la salud pública, junto con datos de terceros ajenos al proceso.
Los defensores señalaron que la orden judicial que autorizó el secuestro de los dispositivos electrónicos de Carlos Alvarado, emitida por la Sala III, no se fundamentó adecuadamente “ni era estrictamente necesaria y proporcional”. Por ello, presentaron actividades procesales defectuosas con el objetivo “resguardar el debido proceso”.
Este martes, al empezar la audiencia, el presidente de la Sala de Casación Penal, el magistrado Jesús Ramírez, informó de que se declaraban sin lugar las actividades procesales defectuosas, sin que las partes hubiesen expuesto sus argumentos.
“La actividad procesal para interponer esas..., sobre la prueba tanto pericial como testimonial, no es este el momento procesal. En cuanto a la apertura de la prueba, ustedes van a estar presentes y la señora fiscala y, si ustedes consideran que se está extralimitando la apertura de documentos que no proceden, es ahí donde ustedes hagan valer sus derechos”, dijo Jesús Ramírez.
En el video de la sesión, se escucha que alguien le habla al oído y se suspende la sesión por cinco minutos.
Al reanudarse la audiencia, el presidente de la Sala III dijo: “Se corrige un error material en los términos que indiqué, no es que se declaran sin lugar, sino que se declaran inadmisibles y también se declara inadmisible la prueba ofrecida por la señora fiscala”.
Rodolfo Brenes, codefensor del presidente Alvarado, dijo que la resolución le sorprendía y le parecía incomprensible, por lo que debía formular un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia al “existir un gravamen irreparable”.
Argumentó que la Sala III incurrió en “defectos procesales de carácter absoluto que lesionan los derechos constitucionales del señor presidente de la República”.
“Hemos visto todos cómo el señor presidente de la Sala III vino y rechazó ad portas la actividad procesal sin que existiera ningún tipo de motivación”, afirmó.
Brenes argumentó que no se pudo discutir la violación que, en criterio de la defensa, cometió el Ministerio Público en el allanamiento a la Presidencia, pues la orden de allanamiento establecía “claramente cuál es la información que se puede secuestrar, cuál es el soporte de esa información, cuáles son las personas investigadas; y esa información es toda relacionada con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos”.
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En esta causa judicial, se investiga si la UPAD accedió a datos confidenciales de los habitantes.
“Siento que nos han hecho una tomadura de pelo cuando citan a una vista oral para escuchar los argumentos de esta defensa, que respetuosamente hemos planteado, en un proceso inédito donde se está investigando al señor presidente de la República; y viene a dictarse una resolución que primero ad portas se rechaza los recursos, que luego sin motivación se declara inadmisible y donde nos dejan en un estado de total y absoluta indefensión”, dijo Brenes, quien insistió en que lo resuelto fue una violación al debido proceso.
“Duele que una resolución de este tipo se dicte por el más alto tribunal de este país, que está cumpliendo funciones de juez de garantía. Tiene el derecho mi cliente de que se escuchen mis alegatos”, agregó.
Fiscala: La Sala III perdió competencia
Por la parte acusadora, la fiscala Navas también criticó que las gestiones fueron declaradas inadmisibles sin conocer el fondo del asunto.
“Al Ministerio Público le interesa que esta investigación se realice en todas sus etapas del proceso y en todos sus detalles con claridad (...). Para el Ministerio Público, la Sala III perdió competencia para continuar con esta audiencia”.
“No voy a asumir ningún riesgo en el sentido de que la Sala III corrija lo que hizo al principio, explique que se trató de un error, que desde el principio no fue fundamentado, para luego retomar las actividades procesales defectuosas y que, en un futuro, en próximas etapas del proceso de investigación, se aproveche esta situación para traerse abajo el caso.
“Mi intención como Ministerio Público es comprobar que ya la Sala III perdió competencia; se estaba presentando un recurso de apelación, se estaba fundamentando y enmendar constituye un terreno fértil en este proceso de investigación para alegatos en el futuro y que vengan las nulidades”, dijo Navas.
Señala corresponsabilidad
La fiscala general señaló que la responsabilidad no es solo del magistrado presidente de la Sala de Casación Penal, sino de todos los jueces.
“A lo largo de 33 años, he leído resoluciones donde, por nimiedades, se han anulado juicios (...). Ustedes han sido sumamente estrictos con el comportamiento de los jueces en un juicio, si ven al celular, si se duermen, si estaban escribiendo, si estaban poniendo atención, si se reían. Yo pretendo que la Sala en pleno sea igual de rigurosa e igual de estricta”.
“Independientemente de que usted señor presidente de la Sala III fuera el que ha originado la situación, hay una corresponsabilidad y lo digo con el mayor de los respetos.
“Tengo que dejar de lado el cariño, pero hay una corresponsabilidad de los otros cuatro señores magistrados y magistrada que intentaron enmendar de una forma muy informal la decisión que usted comunicó a todos los que estamos presentes.
“Usted (Jesús Ramírez) habló en nombre de la Sala de Casación Penal en pleno.
“Vea lo importante que dijo el señor Róger Guevara (abogado de Carlos Alvarado), con toda la razón, ¿no será que ya tenía la Sala III la decisión tomada y se le adelantó y se le salió que iban a rechazar las actividades procesales defectuosas?
“Fue don Jesús la voz de la Sala de Casación Penal en pleno. Quienes la conforman tienen que separarse del caso.
“¿Cuando la Sala III, por lo menos en mis 33 años de trabajar en el Ministerio Público, ha permitido que un tribunal de la República diga ‘no, lo que yo quise decir fue...‘, ‘no, lo que tienen que entender por haber rechazado la actividad procesal defectuosa ad portas, es esto'. ¡Esto es una falta de seriedad! y, en este caso, aunque para el Ministerio Público todos las casos y víctimas son importantes, en este caso no lo voy a permitir”, insistió Navas.
“Mi obligación es asegurarme de que el caso y este proceso se lleva adecuadamente, sin fallas, sin errores, sin equivocaciones”.
“Tan responsable es el que comunicó la decisión de la Sala III como los que estaban a la par suya. Si yo soy responsable como miembro de la Sala de Casa de Casación Penal y si sé que un compañero no estaba en condiciones ni de dirigir esta audiencia, mi responsabilidad es decir ‘don Jesús sepárese, inhíbase, que venga otra persona”.
Por tanto, la fiscala general recusó todos los miembros de la Sala III, al considerar que “no tienen ya competencia o capacidad de seguir al frente de este caso o de esta audiencia”.
Los otros magistrados eran Álvaro Burgos, Sandra Zúñiga, Gerardo Alfaro y Jorge Desanti Henderson
Por su parte, el abogado John Brenes, defensor de la exjefa de despacho del presidente Alvarado, Felly Salas, recusó a Jesús Ramírez y citó: “Se vio claramente que por lo menos tres de los restantes cuatro magistrados tuvieron que decirle al señor presidente cuál era la forma de resolver”.
En cierto momento de la audiencia, el presidente de la Sala llamó a declarar a Carlos Alvarado, aunque no estaba presente.
La abogada Gloria Navas, querellante en contra del presidente Alvarado, agregó: “Hay tiempo para trabajar, tiempo para descansar, me parece que don Jesús está con problemas de salud, con problemas para efectos de dirigir la presidencia de esta respetable Sala; solicito que se le separe, se llame un suplente, se anule todo lo actuado y lo resuelto”.
La Procuraduría General de la República coincidió en que había un problema “en cuanto a la capacidad de concentración y capacidad de resolver”.
La defensa de Alvarado reiteró que el lenguaje del resto de los magistrados mostraba que estaban desconcertados y reclamaron el derecho a tener un tribunal idóneo.