Dos integrantes de la Junta Directiva del Banco Central (BCCR) reiteraron su negativa a avalar la suscripción del crédito de $700 millones negociado por el gobierno con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), debido a la persistencia de dudas sobre los mecanismos de control para la conclusión de los 502 proyectos que serían financiados.
La vicepresidenta del órgano decisorio del BCCR, Silvia Charpentier Brenes, y el directivo Max Soto Jiménez, indicaron a los diputados de la Comisión de Hacendarios que, al no existir “ninguna modificación” en las condiciones del empréstito, más allá de una disminución en la tasa de interés, mantenían la negativa de aprobar el endeudamiento.
Este es el préstamo con el monto más alto que el BCIE ha aprobado al Gobierno de Costa Rica y tiene como objetivo financiar la restauración de infraestructura pública en riesgo.
Ambos directivos votaron en contra de avalar la propuesta, durante una sesión de Junta Directiva celebrada el lunes 11 de diciembre. Otros cuatro sí estuvieron de acuerdo.
La misma postura sostuvieron estos dos integrantes el 9 de marzo del presente año, cuando el Banco Central emitió un dictamen favorable de mayoría, gracias a que Róger Madrigal, presidente de la Junta Directiva, usó su voto doble para desempatar la votación, que en aquella ocasión resultó en tres votos en contra y tres a favor.
Charpentier dijo a los legisladores que “le seguía preocupando” que el gobierno excluyera los proyectos de ser inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) del Ministerio de Planificación (Mideplán), el cual debe velar por la viabilidad de cada obra.
La economista advirtió de que la modificación, vía decreto, también lleva a la exclusión de “ciertos controles administrativos, regulares”, en materia de procesos de contratación y regla fiscal.
Ella expresó la misma inquietud en la sesión del 9 de marzo, por lo que el resto de los integrantes acordó incluir, en el dictamen, una recomendación al gobierno para que se procure la inclusión de la información de los proyectos en el banco de Mideplán, “una vez que dispongan de los estudios preparatorios para ejecutar la obra y, mantener la información actualizada hasta la conclusión”.
El gobierno creó una cláusula de excepción en el Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), por medio del decreto ejecutivo N° 43944-PLAN, del 28 de febrero del presente año.
La cláusula cubre a los proyectos contenidos en las resoluciones vinculantes que emite la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), ya sean por riesgo inminente o que se encuentren contenidos en declaratorias de emergencia nacional.
El plan del gobierno incluye 502 proyectos de reconstrucción de obras como vías, puentes, escuelas y vivienda. 299 están bajo la categoría de riesgo inminente y 203 corresponden a decretos de emergencia.
La votación del 11 de diciembre finalizó con cuatro votos a favor y dos en contra, debido a que José Pacheco Jiménez, quien también se opuso al crédito, ya no forma parte de la Junta Directiva. Fue sustituido en junio por el economista Jorge Guardia.
Gobierno y oficialismo se oponen
Sin embargo, el Poder Ejecutivo y la bancada de gobierno se oponen a la medida.
La diputada Ada Acuña, del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), aseguró que la ministra de Mideplán, Laura Fernández, había expresado que los estudios de preinversión estaban tomando un año y medio, por lo que no se podría cumplir la meta de completar las obras en 18 meses.
Las cifras sobre cuántos proyectos cuentan con los estudios de preinversión tampoco han estados claras. El 5 de diciembre, la Contraloría General de la República informó a la Comisión de Hacendarios que el 70% de los 502 proyectos no tiene estudios de preinversión.
Empero, el diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), indicó que personeros de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) y un funcionario del BCIE, cuyo nombre no mencionó, le “dieron a entender”, que solamente un 40% de las obras carece de los análisis de preinversión.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, alertó que, si se procede a incluir los proyectos sin preinversión en el banco de Mideplán, probablemente estos no podrían ser ejecutados.
“Nosotros estaríamos en una situación bastante complicada, desde el punto de vista de la gestión, porque implica una serie de estudios que deberían ir haciendo en paralelo”, acotó.
Diputados fustigan negativa
El diputado Carlos Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), reaccionó con molestia por lo señalado y solicitó al oficialismo que “no le digamos a este país que las obras se van a ejecutar en 18 meses, cuando hay un 40% de las obras que no tienen los estudios”.
De acuerdo con la Contraloría, se requiere de la aprobación del empréstito para poder iniciar los estudios de preinversión en aquellas obras que no los tengan. Esto significa que, mientras no se termine esta etapa, no se tendría total certeza de su costo.
Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión y diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), también cuestionó la posición del gobierno y aseguró que prescindir de la etapa de preinversión se ha traducido en un fracaso constante de los proyectos de obra pública que emprende el país.
“¿Por qué en Costa Rica fallan todos los proyectos? ¿Por qué al final terminan con plazos diferentes a los que se plantearon, siempre con imprevistos, una serie de obstáculos en el proceso? Porque, precisamente, no tienen ese proceso de preinversión”, explicó la legisladora.