Diputados preocupados por tasa de interés aceptada por Gobierno en crédito del BCIE

Otra preocupación es si la entrada y el uso de estos recursos implicarían romper la regla fiscal que establece límites al crecimiento del gasto público.

Estas objeciones las expresaron diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Nueva República (PNR) y Liberal Progresista (PLP). Incluso, la diputada oficialista Ada Acuña se sumó a la duda sobre la capacidad de ejecución gubernamental que podría derivar en multas o sanciones económicas por la demora.

La Nación envió consultas al BCIE sobre las dudas de los diputados.

La viceministra de Ingresos de Hacienda, Priscilla Zamora, señaló que el crédito financiará un total de 503 proyectos de rehabilitación y reconstrucción de puentes, vías y túneles, así como la reconstrucción de espacios educativos y obras de infraestructura vial.

El desglose de los fondos establece que $26,6 millones se destinarán a preinversión, $566,3 millones a infraestructura resiliente, $40 millones a supervisión, $45 millones a contingencias y escalonamiento, $20 millones a administración y $2 millones a una auditoría externa.

Dudas de los diputados

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José Joaquín Hernández, diputado del PLN, calificó la tasa de “extremadamente alta” y dijo que el BCIE no es conocido por otorgar préstamos a bajo costo. Además, subrayó que las instituciones del país tienen antecedentes de ejecución deficiente, lo que plantea dudas sobre la viabilidad de un crédito de esta magnitud.

Por su parte, Gilbert Jiménez, también del PLN, preguntó por qué no se buscaron condiciones de crédito más favorables y propuso la exploración de préstamos individuales, condicionados con el avance de las obras. Jiménez resaltó que casi el 20% del préstamo se destinará a gastos administrativos y de supervisión, lo cual reduce el enfoque en la infraestructura a un 80%.

En medio de las discusiones, tanto Hernández como Jonathan Acuña, legislador del FA, coincidieron en que la ejecución de estas obras es crucial para el desarrollo del país. No obstante, de igual forma cuestionaron lo que consideran un alto costo financiero. “Genera dudas este crédito desde esa perspectiva”, indicó el frenteamplista

José Pablo Sibaja, del PNR, preguntó si el país tiene la capacidad de asumir un crédito de tal magnitud, tomando en cuenta que aún tiene problemas de déficit fiscal y sobreendeudamiento. Además, cuestionó de dónde saldría el pago de esa deuda.

Eliécer Feinzaig, líder de la bancada del PLP, señaló que la CNE carece de autoridad legal sobre las instituciones responsables de los proyectos, como el Ministerio de Vivienda (Mivah), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

Feinzaig también criticó el hecho de que el crédito se aparte de la regla fiscal, una norma de control de gasto.

Paulina Ramírez, del PLN, teme que los trámites se conviertan en un enmarañado proceso difícil de cumplir, porque abarca a muchas entidades. Ramírez preguntó cómo se podría garantizar que las instituciones concluyan los proyectos con presupuestos propios tan limitados, en caso de que se eleven los costos.

Asimismo, señaló la influencia de los componentes variables del crédito en su coste final. Esta variabilidad podría representar un riesgo, advirtió, ya que el Gobierno tendría que asumir los costos en caso de incremento.

Ariel Barrantes, director de Crédito Público de Hacienda, expuso una perspectiva diferente. Dado que la tasa de interés del crédito es variable, proyectó que tienda a disminuir con el tiempo, lo cual podría mitigar los riesgos asociados.

Priscilla Zamora, viceministra de Ingresos, subrayó la necesidad de que el crédito quede fuera de la regla fiscal para asegurar su ejecución. Reconoció que el plan es complejo, por lo que se optó por establecer una unidad ejecutora bajo el liderazgo de la CNE, la cual será respaldada por empresas implementadoras que colaborarán con la Comisión.