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El Gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa el contrato de préstamo por $700 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para construir y reparar obra pública “bajo riesgo inminente”.
Se trata de un paquete de carreteras, puentes, vías férreas, centros educativos y viviendas que, según el Poder Ejecutivo, fueron dañados por desastres naturales en el pasado, o bien presentan condiciones de peligro frente a un evento futuro.
El crédito internacional se fundamenta en la declaratoria de riesgo inminente acordada por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y respaldada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien había pedido a los diputados dispensar de trámite la discusión del préstamo.
La dispensa de trámite permite que un proyecto de ley, en este caso el préstamo, no pase por estudio de una comisión dictaminadora ni vaya a consultas obligatorias a instituciones como la Contraloría General de la República (CGR), sino que se tramita directamente en el plenario de la Asamblea Legislativa.
Este es el préstamo con el monto más alto que el BCIE ha aprobado al Gobierno de Costa Rica, incluso, por delante del crédito para la construcción del tren eléctrico metropolitano, de $550 millones.
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La discusión en torno al dictamen del empréstito fue asignada a la Comisión de Asuntos Hacendarios bajo el expediente legislativo 23.635.
El plazo del crédito para atender infraestructura es hasta por 30 años, con cinco años de gracia y con una tasa de interés estimada en 7,71%. De aprobarse, el Estado comenzará a hacer los desembolsos a partir del año 2030.
Según las estimaciones aportadas por el Gobierno en el proyecto de ley, la aprobación del préstamo representaría un aumento en la deuda pública de un 0,76% en relación con el producto interno bruto.
Alega que “el impacto puede ser mitigado por los beneficios que genera el programa en cuanto a contar con infraestructura pública resiliente y sostenible”.
Del monto total del empréstito internacional, $566.000 se destinarían para la construcción de las obras de infraestructura detalladas en la declaratoria de riesgo inminente.
En tanto, se asignarían $26.000 para la etapa de preinversión, $40.000 en supervisión, $45.000 en imprevistos y escalamiento, $20.000 en administración y $2.000 en la auditoría externa.
La presidenta de la comisión, la diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó que para tomar una decisión primero es necesario conocer a detalle todos los aspectos de las inversiones.
Por ese motivo, afirmó, tienen planteado convocar a audiencia a las autoridades respectivas para que rindan criterio, es decir, seguir el trámite ordinario.
“Una vez que tengamos la discusión en la comisión procederemos a hacer el análisis, la evaluación, llamar a audiencia a la Contraloría y al Ministerio de Hacienda, y hacer un análisis detallado con el fin de detallar y dictaminar una vez que todos los diputados tengamos todos los detalles y conozcamos cuáles son los fines por los cuales se emite este crédito”, manifestó Ramírez.
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) había detallado que el plan de intervención incluye 150 carreteras, 82 puentes, 75 vías férreas, 38 centros educativos y 2.152 viviendas que deben ser readecuadas o construidas en otro sitio.
