Tres directivos del Banco Central (BCCR) advirtieron de posibles riesgos financieros y de control en el crédito internacional del BCIE, por $700 millones, que el gobierno impulsa para la restauración de infraestructura pública.
En la sesión del 9 de marzo, hubo expresiones como “tengo dudas”, “constituye un endeudamiento caro a muy largo plazo”, “no es conveniente la operación” y hasta que provoca “angustia”. También se mencionó que las condiciones financieras eran “duras” y hasta superiores a las del mercado local; igualmente, señalaron problemas de control.
Les angustió la gran cantidad de actores que ejecutarían el dinero, pues consideran que el modelo seleccionado podría derivar en problemas de cumplimiento y sobrecostos.
Además, les preocupó que obras por $700 millones fuesen excluidas del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) del Ministerio de Planificación (Mideplán), el cual debe velar por la viabilidad de cada obra.
Debido a estos cuestionamientos, estos tres representantes votaron en contra de avalar la suscripción del empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Se trata de la actual vicepresidenta de la Junta Directiva, Silvia Charpentier Brenes, así como de Max Soto Jiménez y el entonces directivo José Pacheco Jiménez.
Previo a suscribir un crédito, el Gobierno de la República está obligado por ley a solicitar un dictamen al Banco Central, el cual debe emitir una resolución mediante acuerdo de su Junta Directiva.
El 9 de marzo, la votación quedó con tres votos a favor y tres en contra. No obstante, el presidente del BCCR, Róger Madrigal López, recurrió a su voto de calidad para desempatar el resultado y emitir un dictamen positivo. También, votaron a favor Miguel Cantillo Simón y Marta Eugenia Soto Bolaños.
Pacheco es el único directivo que ya no se mantiene en el cargo. Cuando venció su nombramiento, fue sustituido en junio por el economista Jorge Guardia.
En el momento de la decisión, Pacheco Jiménez ejercía la vicepresidencia de la Junta Directiva.
El plan del gobierno incluye 502 proyectos de reconstrucción de obras como vías, puentes y escuelas. 299 están bajo la categoría de riesgo inminente y 203 corresponden a decretos de emergencia.
Critican elevada tasa de interés
Los representantes criticaron los 30 años de plazo del crédito y las “elevadas tasas” de interés que fueron pactadas originalmente por el Poder Ejecutivo, entre el 8% y el 9%. Así consta en el acta de la sesión 6110-2023, del 9 de marzo.
El directivo Max Soto calificó de “duras” las condiciones financieras, “incluso superiores a las que podrían conseguirse en el mercado local y que constituye un endeudamiento caro a muy largo plazo”.
Argumentó que, al tratarse de proyectos que aún no están listos para ejecutarse, no se requería de los recursos de inmediato. Soto dijo que, al momento de iniciar las obras, podría ocurrir que el costo financiero, incluso en colones, sería más favorable al que se estaba amarrando con el BCIE con un crédito de 30 años.
“Tengo dudas y me parece que, a menos que se presente otro tipo de información más concluyente, a mí me parece que no es conveniente la operación”, concluyó.
Pacheco cuestionó si, desde el punto de vista fiscal, este es un buen momento para avanzar con el crédito.
De acuerdo con el directivo, el país ha mostrado avances en la calificación de riesgo que emiten diversas agencias calificadoras, por lo que estimó que estas valoraciones podrían permitir acceso a una tasa más favorable más adelante.
Silvia Charpentier llamó la atención de que “ni Crédito Público ni el Banco hicieron los cálculos a valor presente de lo que costaría el crédito de fuentes multilaterales que nos pueden prestar para este propósito”.
El alto costo del crédito es uno de los elementos que más han objetado los diputados de la Comisión de Hacendarios del Congreso, que analiza la propuesta.
Tras los señalamientos de los parlamentarios, el BCIE redujo la tasa de interés del 8,87% al 8,64% para la mayor parte del crédito. Para un segmento de $67 millones, también bajó la tasa a un 7,62% y, para otra parte de $43 millones, a 1,5%.
Modelo de gobernanza no convence
Los directivos también expresaron dudas sobre el gran número de actores que se encargarían de la ejecución del crédito y el efecto que esto podría tener para la conclusión de las obras.
El entonces directivo Pacheco aseguró que el país ya ha tenido experiencias previas “donde hay multiplicidad de instituciones públicas que no están necesariamente interconectadas entre sí”, lo que podría traer serios problemas de ejecución que terminan afectando no solamente el fin último, que es la creación de la infraestructura, sino que también cargan sobre el Estado costos adicionales.
El directivo expresó “angustia” por el modelo seleccionado, ya que, en su opinión, “suele conllevar problemas de coordinación tan grandes, que pasan los años y el país termina por no ejecutar”.
La CNE fungiría como el organismo ejecutor coordinador de los proyectos, con el apoyo de una empresa o Firma de Implementación General (FIG), la cual será contratada con recursos del crédito.
Esta empresa tendría otras cinco compañías bajo su cargo, una para cada institución involucrada: Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah); Ministerio de Educación Pública (MEP); Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y también para la CNE.
Las firmas ejecutoras servirían como unidades ejecutoras y tendrían la responsabilidad de coordinar, planificar, ejecutar, supervisar y controlar los proyectos.
Ante los riesgos señalados, la Junta Directiva acordó recomendar al gobierno “tomar medidas adicionales” para fortalecer el mecanismo de seguimiento de la FIG, para “asegurar una adecuada coordinación con el resto de firmas de implementación y órganos ejecutores; todo ello en procura de mejorar la ejecución del Programa según los tiempos previstos”.
Exclusión del banco de proyectos de Mideplán
Los directivos también manifestaron preocupación porque el gobierno excluyó los proyectos que se pretenden financiar con el crédito del BCIE, de ser inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Mideplán, el cual tiene por ley la rectoría sobre las inversiones públicas.
El Mideplán tiene la responsabilidad de revisar los planes de inversión pública y declarar la viabilidad de cada proyecto.
No obstante, el gobierno creó una cláusula de excepción en el Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), por medio del decreto ejecutivo N° 43944-PLAN, del 28 de febrero del presente año.
La cláusula cubre a los proyectos contenidos en las resoluciones vinculantes que emite la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), ya sean por riesgo inminente o que se encuentren contenidos en declaratorias de emergencia nacional.
Según la reforma, la excepción se aplicará “cuando la nueva infraestructura a construir esté destinada a reponer el funcionamiento normal de los servicios públicos afectados”.
Juan Carlos Quirós Solano, funcionario del departamento de Análisis y Asesoría Económica del Banco Central, advirtió a los directivos de que la nueva disposición del gobierno “introduce el riesgo de debilitar la planificación en la inversión pública”.
La vicepresidenta de la Junta, Silvia Charpentier, abogó por no excluir “de los sitios de control” los proyectos, postura que fue acogida por el resto de sus compañeros.
Los directivos aprobaron incluir una recomendación al dictamen favorable, para que se procure la inclusión de la información de los proyectos en el Banco de Mideplán, “una vez que dispongan de los estudios preparatorios para ejecutar la obra y, mantener la información actualizada hasta la conclusión”.