Diputados de cuatro partidos rechazaron una reforma constitucional propuesta por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, sobre la aprobación del endeudamiento externo.
La mayoría de legisladores considera peligroso que el gobierno tenga vía libre para adquirir deudas en el exterior sin una autorización expresa del Congreso, pero el ministro califica de “aberración” el sistema actual para obtener financiamiento de organismos o inversionistas internacionales.
El inciso 15 del artículo 121 de la Constitución Política confiere a la Asamblea Legislativa la facultad de aprobar o rechazar el endeudamiento externo. Para que un crédito externo sea aprobado, se requieren el voto positivo de 38 de los 57 diputados.
Durante la presentación del plan de endeudamiento público del gobierno y el Banco Central de Costa Rica (BCCR), Nogui Acosta propuso un cambio.
“En las economías avanzadas, no sucede esto. El límite de endeudamiento se define en el presupuesto de la República, pero nosotros, además de este proceso, requerimos una segunda autorización adicional para ir al mercado internacional.
“Por eso, vamos a plantear una reforma para que esa autorización se dé en la discusión del presupuesto y no luego, porque los diputados, después, se ponen creativos en el manejo de la caja del gobierno”, expresó el ministro, de acuerdo con el semanario Universidad.
En la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, Acosta expresó su descontento porque, en noviembre de 2022, cuando la Asamblea aprobó la colocación de $5.000 millones en eurobonos, no otorgó la flexibilidad de realizar colocaciones según las necesidades del momento.
Además, el ministro ha tenido choques con los diputados porque aprobaron una moción para destinar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el 40% de tres créditos negociados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Argumentos de diputados
Diputados de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR), Liberal Progresista (PLN) y Frente Amplio (FA) coincidieron en que el sistema actual garantiza pesos y contrapesos.
Paulina Ramírez, diputada del PLN y presidenta de la Comisión de Hacendarios, encargada de discutir presupuestos y créditos externos, expresó que la ausencia de la autorización significaría apartarse de los principios establecidos en la Constitución y legislación, destinados a promover la transparencia en la gestión de los recursos.
Ramírez anticipó que su partido difícilmente respaldaría este tipo de reformas.
Carlos Felipe García, legislador del PUSC y miembro de la Comisión de Hacendarios, coincide en que el diseño constitucional actual permite a los diputados ejercer control político sobre Hacienda y las finanzas públicas.
“Considero poco probable que la Asamblea apruebe esta reforma constitucional”, sentenció García.
Reforma provocaría más endeudamiento
José Pablo Sibaja, diputado del PNR, advirtió de que permitir al Poder Ejecutivo endeudarse sin supervisión del Congreso aumentaría la deuda del país. Por ello, considera necesario someter, a aprobación legislativa, todos los préstamos externos y colocación de bonos en el mercado internacional.
“No se trata simplemente de solicitar fondos por capricho, sino de garantizar a los costarricenses que aquellos que aprueban los nuevos impuestos, es decir, la Asamblea Legislativa, también tengan influencia sobre los préstamos que estamos solicitando”, añadió Sibaja.
Jonathan Acuña, congresista del FA, criticó la propuesta del ministro Acosta, señalando que los contrapesos legislativos son fundamentales para evitar un endeudamiento externo indiscriminado por parte del Gobierno, y sin una adecuada discusión nacional.
Acuña explicó que, aunque los procesos democráticos pueden ser más largos, ofrecen seguridad a la ciudadanía al proporcionar un contrapeso al presidente en caso de que quiera actuar sin restricciones.
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Unificar normas de endeudamiento
La Contraloría General de la República (CGR) y la Superintendencia General de Valores (Sugeval) han abogado por una ley general de deuda pública para el Estado, que unifique los diferentes cuerpos normativos dispersos y gestione de manera eficiente el endeudamiento público, garantizando transparencia y reducción de costos.
Según la CGR, en el 2021 se identificaron al menos 23 cuerpos normativos, entre la Constitución Política y leyes, que regulan de manera variable la gestión del endeudamiento público.
Además, se contabilizan alrededor de 53 normativas entre reglamentos, directrices, políticas y guías, que complementan la legislación primaria.
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En la actualidad, la Comisión de Hacendarios discute un proyecto del Ejecutivo que busca crear una nueva dirección dentro del Ministerio de Hacienda para administrar la deuda pública, tarea que actualmente está a cargo de la Tesorería Nacional.
Esta reforma otorgaría a la nueva entidad la autoridad para definir los procedimientos relacionados con la negociación, contratación, renegociación y amortización de la deuda, tanto interna como externa, del Gobierno.