Retrasos, sobrecostos y gastos financieros para la Hacienda pública son el resultado de calentar los fondos y nunca concretar los proyectos.

La apertura de investigación obedece a que las instituciones públicas han tenido que pagar, en los últimos nueve años, $35 millones en multas por la baja ejecución de obras y programas.

Instituciones públicas pagan millonarias comisiones por atrasos en el desembolso de empréstitos internacionales, los cuales son provocados por la baja ejecución de los proyectos.